06:00  hrs. 01 de Enero de 2007

 

 

Boletín UNAM-DGCS-001

Ciudad Universitaria

 


Salomón Sánchez

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CAÓTICAS Y ERRÁTICAS, LAS POLÍTICAS CONTRA EL CRIMEN EN MÉXICO

 

·        No cuentan con bases sólidas en la investigación, señaló Salomón Sánchez, coordinador de la maestría y doctorado en Derecho de la FES Acatlán de la UNAM

·        En el país hay una impunidad de 97 por ciento, ya que de cada 100 delitos que llegan al ministerio público sólo se juzgan dos o tres

·        Sin embargo, el número real de transgresiones cometidas en nuestro territorio es entre siete y 10 veces más de lo que oficialmente se conoce

 

Las políticas para combatir el crimen han sido caóticas y erráticas en México, sobre todo porque no cuentan con bases sólidas en la investigación, aseguró Salomón Sánchez Sandoval, coordinador de la maestría y doctorado en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM.

 

Afirmó que la “eficacia” de la justicia en nuestro país es de tal magnitud que de cada 100 delitos que llegan al ministerio público, sólo se trabajan de cinco a ocho, de los cuales se juzgan dos o tres; lo que da como resultado una impunidad de 97 por ciento.

 

Resaltó que en ningún Estado es posible reprimir la delincuencia por completo. Se toman modelos y casos que sirven para que el gobierno se haga presente y tome el poder. Pero no ocurre así con todo el fenómeno, porque no pueden detener a los millones de mexicanos que día con día violan las reglas.

 

En Inglaterra, por ejemplo, de cada 100 personas que cometen algún delito, se trabajan 35 y resuelven 25; es decir, hay una impunidad de 75 por ciento. En cambio, en España, de cada cien trabajan 25 y se resuelven 15, lo que da una impunidad de 85 puntos porcentuales, informó.

 

“No se puede esperar que la delincuencia se pueda controlar, es parte de la vida. El delito es un hecho social connatural a toda sociedad sana. Siempre habrá parámetros de tolerancia, sobre los cuales se moverá el hampa”, acotó.

 

No obstante, en México se han registrado momentos excesivos como en la crisis de 1995, cuando la ilegalidad se disparó. Después de 60 años de un crecimiento anual de la criminalidad de 4.2 por ciento entre 1930 y 1994, con el desequilibrio de mediados de los 90 dicho porcentaje llegó a 39 por ciento, advirtió.

 

Esa situación representó una tasa casi diez veces por arriba de lo “normal”, sobre todo porque la recesión afectó a unos 10 millones de mexicanos, quienes quedaron sin empleo, indicó.

 

Sin embargo, como no hay posibilidad de ahorro la gente en paro pierde esperanzas y su única alternativa es ingresar a la delincuencia o a la economía informal, que alcanza 65 por ciento; es decir, “la mayoría de la población está excluida del sistema de producción neoliberal”.

 

Sánchez Sandoval reveló que de acuerdo con la cifra oscura de la criminalidad, en Inglaterra se estima que se denuncian 100 delitos, pero se cometen 150; mientras que en España son 100 declarados contra 200 de hecho.

 

No obstante, argumentó, en México el dato es alarmante, ya que es siete a 10 veces mayor de lo que oficialmente se conoce; es decir, si en el ministerio público se conocen 100 casos se producen entre 700 y mil.

 

Ello eleva la impunidad al 99.93 por ciento, o sea que la eficacia del sistema jurídico y de las políticas criminales en nuestro territorio es de 0.07 por ciento. En lo estadístico, eso no tiene ninguna significación y no le protege la vida a nadie, ni la dignidad ni la seguridad o el patrimonio, detalló.

 

Cuando se quiere atacar un problema y no se tiene un diagnóstico fidedigno se puede tomar cualquier medida, pero no estará acorde con la realidad social. Ello representa una cuestión de fondo, porque “toda política pública es discurso, el mundo social es concreto”, aclaró.

 

Refirió que toda directriz oficial y jurídica es una respuesta simbólica a hechos fácticos, que no se pueden solucionar de manera fácil. Con ella se da tranquilidad en la conciencia colectiva de que si se impulsa una ley contra la delincuencia organizada ésta se calmará, aunque eso nunca ocurra.

 

Sólo le da paz a la gente en el sentido de que se siente protegida con dicha norma, pero ésta no salvaguarda a nadie. El derecho opera después de que un acto delictivo ha ocurrido: un homicidio, la venta de estupefacientes, una violación o asesinato, explicó.

 

A veces el gobierno sólo es simbólico, porque no tiene los medios para actuar en materia de educación, servicios sanitarios, médicos o asistenciales, ni en la seguridad pública, añadió.

 

Recordó que en la actualidad dicha actividad en nuestro país está en manos del sector privado. En el Distrito Federal hay 60 mil policías, 20 mil pertenecen a la ciudad y el resto son particulares. Es decir, hasta en eso el Estado se ha retirado de su función.

 

“Si se estuviera en un medio en donde nos respetamos unos a otros y nos reconocemos como personas, la situación sería diferente. Pero se vive en una sociedad vertical en donde quien manda es la ley y no al revés. No hay una población homogénea, organizada y armónica”, concluyó.

 

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Salomón Sánchez Sandoval, coordinador de la maestría y doctorado en derecho de la FES Acatlán de la UNAM, aseguró que en ningún país es posible reprimir la delincuencia por completo.

 

 

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El delito es un hecho social connatural a toda sociedad sana, refirió Salomón Sánchez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.