06:00 hrs.  25 julio de 2006

 

 

Boletín UNAM-DGCS-554

Ciudad Universitaria

 

 


Monserrat Virginia González

Pie de fotos al final del boletín  

EL AGUA DEBE DISTRIBUIRSE EN FORMA EQUITATIVA Y SIN FINES DE LUCRO

 

·        Sostuvo Monserrat Virginia González Montaño, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM

·        Su problemática es tan compleja que el impacto social es la generación de más pobreza; se requiere vincular con otros derechos, como a la salud, alimentación, vivienda, ambiente sano y participación, argumentó

·        Setenta y cinco millones de mexicanos abastecen 70 por ciento de sus necesidades con veneros subterráneos, informó

·        12 millones de personas carecen de agua potable, dijo

 

El agua es un derecho humano fundamental al ser un bien común de la Tierra, por lo que se debe distribuir en forma equitativa y no utilizarse con fines de lucro, afirmó Monserrat Virginia González Montaño, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, quien aseguró que para ello se requiere que su manejo sea responsable.

 

Resaltó que su problemática es tan compleja que el impacto social es la generación de más pobreza; de manera que se requiere vincular con otras garantías, como a la salud, alimentación, vivienda, ambiente sano y participación.

 

Sin embargo, sostuvo, se necesita estudiar desde distintas dimensiones, pues un tercio de la humanidad padece de escasez de este recurso natural, lo que demuestra que el acceso es inequitativo.

 

A ello, abundó, se suma el reclamo de la mayor parte de las sociedades por la defensa de los bienes comunes, pues para muchas culturas el agua es un componente sagrado y pertenece a todo el ecosistema.

 

La investigadora de problemas ambientales, quien lleva a cabo un trabajo sobre el impacto social por el  abuso del líquido en México, se refirió a su situación en nuestro territorio. Señaló que ocupa el lugar 106, de un total de 122 naciones evaluadas en cuanto a calidad. Por este motivo se habla de un asunto de seguridad nacional, dado que por su demanda se han registrado conflictos en el campo y la ciudad.

 

En nuestra nación, advirtió, 75 millones abastecen 70 por ciento de sus necesidades con veneros subterráneos, lo que propicia que el grado de sobreexplotación aumente. Además, hay distribución sin potabilización o, cuando la hay, en muchos casos es inadecuada y, como consecuencia, se ha provocado la destrucción del ecosistema.

 

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, entre las garantías existentes en el país se encuentra la del agua, pero no se señala como tal en la Constitución. Más bien, dijo, se desprende de los derechos a la vida, salud y alimentación.

 

En México, alertó, una de las grandes contradicciones es que la gente con menos recursos económicos es quien paga más, porque debe comprar agua embotellada o la que se vende mediante pipas y el proceso de “tandeo”: se distribuye una hora al día y a la semana a través de una fuente hidráulica.

 

Otras poblaciones locales, agregó, han denunciado que aunque hay obras de infraestructura hidráulica se abastece más a las empresas y, sobre todo a la agricultura de riego. Las zonas rurales donde se presenta más esta problemática son las del centro y sur del país.

 

En las ciudades –donde se ha concentrado el crecimiento demográfico– y en particular en el área metropolitana, se localizan las mayores instalaciones productivas y sociales, pero también hay menos disponibilidad del líquido, lo que agrava este conflicto, subrayó.

 

La profesora de Práctica comunitaria de la ENTS apuntó que al mismo tiempo se mantiene y desarrolla una tendencia a la privatización por parte de las transnacionales, pues dentro de la globalización hay un constante asedio de los recursos ambientales y naturales, entre los que se encuentra este líquido, lo que se ha convertido en un problema social. Ejemplo de ello es la venta de garrafones y botellas, las cuales implican un costo desmesurado.

 

A este acceso inequitativo, recalcó, se añade su calidad, pues se reparte sin haber pasado por el proceso de potabilización  o, cuando lo hay, en muchas ocasiones es inadecuado. Pero, esta situación no sólo se presenta cuando el uso es intradomiciliario, sino en las instituciones públicas como escuelas, hospitales o centros de salud comunitarios.

 

Por su parte, las comunidades locales, campesinas e indígenas, externó, le dan significados culturales, pues se llega a considerar un bien sagrado. De hecho, muchos movimientos sociales tienen que ver con la necesidad de gestión desde su singularidad. Esto es, la forma en que consideran su territorio, como un espacio donde realizan sus prácticas ancestrales y cotidianas de vida. 

 

González Montaño dio cifras: existen 12 millones de mexicanos que carecen de agua potable y 23 millones que no cuentan con alcantarillado en sus viviendas. En el sector rural, tres de cada 10 habitantes no poseen agua potable entubada. Aunque 94.6  por ciento del suministro en localidades urbanas está desinfectado, las plantas potabilizadoras necesitan tratamiento y sólo se aplica al 29 por ciento de ellas.

 

En México, reveló, no hay una cultura de reuso. Mientras en Francia se recicla hasta 14 veces, aquí sólo se realiza un proceso, pues hay prejuicios al respecto. Sobre el uso, 79 por ciento es agrícola, 11 por ciento industrial y sólo 10 por ciento humano.

 

Ante esta panorámica, la especialista de la ENTS recordó la necesidad de que las disciplinas sociales intervengan más en asuntos estudiados por las ciencias naturales: Biología, Agronomía e Ingeniería, entre otras.

 

En el caso concreto del Trabajo Social, consideró fundamental que desde la perspectiva de la Economía o de lo social se internacionalice la cuestión del medio ambiente y, sobre todo, las dimensiones socioculturales.

 

Propuso como alternativas para reducir los impactos comunitarios del abuso del agua: hacer estudios de impacto ambiental, donde intervengan equipos interdisciplinarios, con una visión holística del problema. También se requiere mayor participación del Estado como proveedor de estos servicios, e inversión y equidad en su distribución. Habría menos derroche si se vincula a todos los sectores, incluidos el empresarial y académico, concluyó.

 

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PIES DE FOTO

 

 

FOTO 01

 

El agua es un derecho humano fundamental que debe distribuirse en forma equitativa y sin fines de lucro, aseguró la profesora de la ENTS de la UNAM, Monserrat Virginia González Montaño.

 

 

FOTO 02.

 

La profesora de la UNAM Monserrat Virginia González Montaño señaló que la problemática del agua es tan compleja, que su impacto social es la generación de más pobreza.