INSUFICIENTE EN SU DESARROLLO EL PROYECTO DE ESTADO SOCIAL

· Señala el documento Hacia una universalización de la Salud, presentado por José Narro, director de la FM de la UNAM

· En el marco del Simposio Hacia la Universalización de la Salud y la Seguridad Social

· Realizado en coautoría con los académicos Rolando Cordera Campos y Leonardo Lomelí Venegas, de la Facultad de Economía

· La salud no debe entenderse bajo ninguna condición como una mercancía, se asienta en el texto

El proyecto de Estado social, diseñado para proteger a los ciudadanos contra peligros y situaciones diversas tanto de la vida personal como del sistema social, ha sido insuficiente en su desarrollo y para muchos está hoy francamente en riesgo, se afirma en un documento presentado por José Narro Robles, director de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM.

El texto Hacia una universalización de la Salud, que realizó en coautoría con los académicos Rolando Cordera Campos y Leonardo Lomelí Venegas, de la Facultad de Economía (FE) de esta casa de estudios, señala que el Estado social debe buscar reducir sistemáticamente las contingencias, disminuir las diferencias entre grupos, sectores y regiones, y atender sus consencuencias.

En el marco del Simposio Hacia la Universalización de la Salud y la Seguridad Social, se subraya que en la actualidad los riesgos de enfermedad, incapacidad, desempleo, accidente de trabajo y muerte se han incrementado por muchas razones. Frente a ello, hay una presión creciente para avanzar en la privatización de los servicios de salud y de la seguridad social, o al menos para disminuir la presencia del Estado en esos dos campos.

La salud es un requisito imprescindible para lograr el desarrollo de las capacidades y potencialidades de personas y colectividades. Es condición ineludible para la consecución de la seguridad, la democracia y el ejercicio pleno de la libertad, indica.

En él se enfatiza que no debe entenderse bajo ninguna condición como una mercancía. Su atención tampoco debe concebirse como una concesión graciosa, ni un acto de caridad benevolente o un servicio disponible sólo para aquellos con capacidad de pago.

En consecuencia, no deben ser las fuerzas del mercado o las negociaciones comerciales las que determinen los niveles de la salud de una población; por el contrario, se deben diseñar políticas públicas que aseguren que toda la sociedad cuenta con el respaldo de los servicios públicos de salud, considera.

Esto no ocurre hoy y es notoria todavía la insuficiencia de recursos públicos destinados al fortalecimiento y expansión del sistema de salud pública, asevera.

Por otra parte, agrega, existen graves problemas relacionados con el financiamiento público de los servicios y con sus formas de organización y funcionamiento, en particular los derivados de la asignación de recursos a las entidades federativas, a las unidades de atención médica y a los programas de salud, así como la heterogeneidad de la calidad y la existencia de coberturas todavía insuficientes, sobre todo en lo que se refiere a la atención hospitalaria especializada.

Frente a estas realidades, se asienta que resulta urgente actuar. Se trata de un compromiso de todos, pero toca a los dirigentes del Estado, los partidos políticos y las organizaciones económicas y sociales encabezar esta tarea, que no puede sino ser una cruzada encaminada a reorganizar el sistema de salud, mejorar el financiamiento y formular una gran convocatoria al conjunto de la sociedad.

Al hablar de la organización de los servicios de salud, se menciona que si bien México es un país con una larga experiencia en esta área, el mayor desarrollo de los servicios se ha dado en el sector público, que cuenta con una extraordinaria infraestructura y cientos de miles de trabajadores responsables de los programas de salud pública y los de atención individual.

Asimismo, existe una gran segmentación de las instituciones prestadoras de servicios y por tanto de la población a la que están dirigidos sus esfuerzos. Esta estructuración segmentada hace ineficiente el sistema, ya que existen distintos niveles de organización, aparatos burocráticos y administrativos duplicados e hipertrofiados, así como una enorme dificultad para establecer la coordinación que se requiere, consigna.

De este panorama emerge el tema crucial de la portabilidad del derecho a la salud, así como la falta de precisión constitucional que esta garantía tiene cuando se busca concretarla para todos los ciudadanos, precisa el documento.

El sistema, tal y como ha evolucionado hasta la fecha, ha impedido que esta circunstancia de universalidad y equidad se vislumbre como una realidad aunque sea progresivamente, y ha confundido la discusión central que debería ser la referente precisamente a los caminos para hacer realidad dicha universalidad, apunta.

En cuanto a las instituciones públicas de salud, se manifiesta que si bien es cierto que la mitad del gasto que se efectúa en salud en el país se origina en el sector privado, esto no corresponde con la fuerza de trabajo, ni con la infraestructura disponible ni con el número de servicios que se prestan.

Al tocar el seguro popular de salud se detalla que éste ha tenido como beneficio más importante el incremento del financiamiento federal a los servicios de salud para la población no derechohabiente de los sistemas de seguridad social, así como la extensión de una conciencia ciudadana de derechos y responsabilidades, cuya profundidad está aún por precisarse y estudiarse.

En la función pública las definiciones son indispensables. Esto viene a cuento porque en materia de salud se necesita saber con claridad a dónde se quiere llevar a los servicios públicos y a la política sanitaria del Estado, subraya.

Es claro que urge avanzar en la revisión jurídica de este derecho para volverlo inequívocamente universal y exigible. De aquí la necesidad de que el Estado y la sociedad se comprometan sin ambages con el objetivo de una salud pública universal, lo cual, a su vez, debe tener su obligada contraparte en un pacto fiscal que permita superar pronto la grave debilidad financiera, organizativa e institucional en la cual ha caído el Estado, puntualiza.

La atención de los problemas derivados de la organización de los servicios de salud requiere de planteamientos novedosos y de fondo. Esto pasa por el establecimiento del Servicio Nacional de Salud, que tendría como propósito garantizar la cobertura universal de los servicios de tipo preventivo, curativo y de rehabilitación, tanto de orden ambulatorio como de hospitalización, aclara.

Para alcanzar este objetivo, abunda, será necesario integrar la totalidad de las instituciones y programas públicos de salud en una sola institución. En esta perspectiva el Seguro Popular debe verse como un vehículo para arribar y converger en este propósito.

Junto a los trabajos de tipo político se deberá incrementar sustancialmente el financiamiento de los servicios con recursos fiscales. El diseño administrativo y de operación deberá asegurar una disminución de la carga burocrática, la existencia de procesos de desconcentración y descentralización, y la puesta en práctica de un mecanismo de distribución equitativo de los recursos que rompa la asignación inercial y combata los enormes rezagos existentes, agrega.

Asimismo, es necesario buscar que la operación de los programas de salud se complemente con la de programas sociales que inciden en la salud de la población, en especial educación, alimentación, dotación de vivienda, agua potable y drenaje, por sólo citar los más importantes, se sugiere.

Los asuntos de salud pública, indica, no pueden prescindir de la puesta en práctica de otros programas de apoyo social. Un adecuado planteamiento puede lograr mejorías en los niveles de vida y salud de una población, aún cuando no exista un crecimiento acelerado de su economía.

Resulta indispensable avanzar en la reforma integral de las instituciones de salud y seguridad social. Esta transformación debe ser profunda y las acciones que se instrumenten deberán ser concertadas y graduales, de tal manera que se aseguren las mayores posibilidades de éxito en la tarea, concluye.

El documento fue comentado en dos mesas de trabajo presididas por Roberto Escalante Semerena, director de la FE, y Joaquín López Bárcena, secretario general de la FM.

Estuvieron presentes Leonardo Vargas de la FE; José Rodríguez Domínguez, profesor de la FM; Raúl Vargas López, vicerrector de la Universidad de Guadalajara; y Juan Antonio Fernández Ortiz, comisionado nacional de Protección Social en Salud, y Eduardo González Pier, titular de la Unidad de Análisis Económico de la Secretaría de Salud, respectivamente.

Asa Cristina Laurel, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, y el senador Carlos Rojas Gutiérrez, de la Comisión de Desarrollo Social de la LIX Legislatura; y Misael Uribe Esquivel, presidente de la Academia Nacional de Medicina.

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FOTO 1

José Narro Robles, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, presentó el texto Hacia una universalización de la Salud, que realizó en coautoría con Rolando Cordera y Leonardo Lomelí.

FOTO 2.

Asistentes al Simposio Hacia la Universalización de la Salud y la Seguridad Social, efectuado en la Facultad de Medicina de la UNAM.