06:00 hrs.  02 de Junio de 2006

 

 

Boletín UNAM-DGCS-412

Ciudad Universitaria


Manuel Maass

 

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REQUIERE MÉXICO UN PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO SUSTENTABLE DE ECOSISTEMAS

 

 

México requiere un Programa Nacional de Manejo Sustentable de Ecosistemas, en donde se tenga clara la complejidad de estos espacios, pues ahí se dan procesos a diferentes escalas, señaló Manuel Maass, integrante del Centro de Investigaciones en Ecosistemas (CIECO) de la UNAM, con sede en Morelia, Michoacán.

 

Al participar en el Seminario Nacional Agenda del Desarrollo 2006-2020 en el Palacio de Minería, añadió que tal iniciativa debe partir del reconocimiento de que la naturaleza es compleja y hay una inseparable conexión entre los componentes biótico y abióticos que integran el sistema del suelo y el resto del entorno.

 

Los ecosistemas ofrecen servicios que no se ven a simple vista, pero son sumamente importantes, como la provisión de bienes tangibles; de regulación de inundaciones o del clima; culturales, y los de soporte, o procesos ecológicos básicos, indicó durante el Módulo “Sustentabilidad y desarrollo ambiental”.

 

Este plan debe partir de un ordenamiento territorial y enmarcarse en un manejo integrado, donde todos los componentes sean tomados en cuenta, así como los aspectos de conservación y restauración. Además, aceptar la incertidumbre implícita en sus procesos, e incorporar esquemas de monitoreo de largo plazo, así como vías administrativas y legales que faciliten la implementación adaptativa, detalló.

 

Precisó que en el caso específico de los suelos se deben encontrar maneras de controlar su pérdida acelerada y degradación, escasez de agua, disminución de materia orgánica y deficiencia de nitrógeno, mediante el uso de técnicas y prácticas sustentables.

 

El uso adecuado de terrenos, abundó, sólo se podrá dar en el contexto de un proceder integral. Debido a que el hombre es parte del entorno, los diferentes sectores sociales involucrados deben ser tomados en cuenta mediante la acción participativa.

 

En ese marco, Enrique Provencio, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional, expuso que en términos macroeconómicos el país sigue enfrentado a una actividad que no desacopla el crecimiento financiero de sus efectos en los ecosistemas, que no busca la recuperación de recursos renovables y la sustitución de los no lo son; y asocia desarrollo con evasión de impacto ambiental.

 

Apuntó que el costo del deterioro del entorno para México es elevado en términos de la medición convencional del Producto Interno Neto Ecológico (PINE), pero no se percibe porque no se registra en las transacciones mercantiles. La degradación y el agotamiento son una estadística testimonial, sin implicaciones operativas ni en autoridades ambientales ni en política económica.

 

Por ello, dijo, deben incrementarse los mecanismos para formular una normatividad en la materia, ya que “nos hemos centrado en la regulación y control directo”. Asimismo, complementarla con la reparación del daño, acceso a la justicia y una mayor prioridad expresada en una diversificación e integración económico-ambiental.

 

 

 A su vez, Alejandro Nadal, integrante de El Colegio de México, reiteró que hay una desconexión de las implicaciones ecológicas con el quehacer macroeconómico. Es decir, las cuestiones monetaria y fiscal no hacen referencia a esas áreas, y eso es grave.

 

Siguen como “un ejercicio académico que lleva a cabo el sector público, pero que aún está desconectado de los criterios de formulación de políticas en la materia”, advirtió.

 

En la economía mexicana se han registrado cambios estructurales profundos en los últimos 25 años y un desempeño mediocre en términos de crecimiento; no obstante, el deterioro ha sido brutal. “Nos acercamos al umbral donde la presión ambiental será máxima; la pregunta es si los ecosistemas y todo lo que incluyen, como la sociedad, serán capaces de soportarla”, sentenció.

 

Los economistas, mencionó, deben encontrar formas de incrementar el bienestar de la población, y eso implica generar empleos bien remunerados con una afectación natural mínima. Ese es el gran reto.

 

En su oportunidad, Gonzalo Chapela, de la Universidad Autónoma Chapingo, refirió que una cuarta parte de la superficie nacional actual es forestal y la mitad de la población rural habita esas zonas. “Es una cuestión importante en términos cuantitativos y cualitativos; se trata de un sector estratégico”.

 

Entre sus fortalezas y oportunidades nombró a la propiedad social, reconocida internacionalmente, que comprueba el hecho de que de las hectáreas bajo un plan de manejo en México, una parte importante está bajo certificación forestal y corresponde a empresas sociales comunitarias. Otra ventaja es el potencial y la diversidad de recursos aprovechables, como productos no maderables.

 

Como parte del “desperdicio de capacidades competitivas” en el área, destacó la falta de expansión de la red ferroviaria, la forma más barata de acceder a estos bienes y de reducir el costo de extraerlos; una planta industrial obsoleta; y la ausencia de una política de integración.

 

En la actualidad, puntualizó, se presenta un retroceso en el ramo maderable, así como en la superficie bajo manejo, y un incremento de volúmenes clandestinos, hecho relacionado con la deforestación, de la cual no hay datos confiables.

 

Ante ello, concluyó, es necesaria la participación social efectiva en la toma de decisiones; el rediseño de los programas de apoyo al sector y orientación del esfuerzo institucional, entre otras medidas.

 

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FOTO 01.

Manuel Maass, Gonzalo Chapela, Enrique Provencio y José Luis Calva previo a su intervención en el Seminario Nacional Agenda del Desarrollo 2006-2020 en el Palacio de Minería de la UNAM.

 

FOTO 02

Participantes en el Módulo “Sustentabilidad y desarrollo ambiental” del Seminario Nacional Agenda del Desarrollo 2006-2020, que se efectúa en la UNAM.