CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE LA NIÑEZ: FEDERALIZAR LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE ESTE DELITO

· Indicó Rosa María Álvarez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; explicó que dicha autoridad resulta ser la idónea, en razón de los recursos y capacidad que evidentemente tiene

· Participó en el Seminario Interinstitucional sobre Violencia realizado en la Coordinación de Humanidades

Para combatir la explotación sexual de la niñez es necesario federalizar la investigación y persecución de los delitos relativos a la prostitución, pornografía, venta de niños y turismo sexual, así como la trata de personas y la pornografía vía internet, señaló Rosa María Álvarez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Sucede, explicó, que la autoridad federal resulta ser la idónea en razón de los recursos y capacidad que evidentemente tiene para investigar y perseguir estos delitos, entre otras cosas porque cuenta con mayores recursos humanos profesionales y materiales, así como mayor presupuesto, del cual carecen en su gran mayoría los estados de la república.

A pesar de la firma de convenios internacionales y las reformas legislativas relativas a la explotación sexual comercial infantil, ésta no está en el imaginario social como un problema grave que aqueja a la sociedad mexicana; de hecho, todavía los delitos que se integran bajo ese rubro, en ocasiones, ni siquiera tienen el rango de “graves”. Así, el mensaje que se envía a la sociedad es que, efectivamente, no son actos que ameriten un tratamiento especial.

Rosa María Álvarez agregó que dada la clandestinidad y el carácter ilegal de estas prácticas no se cuenta con datos que den idea de su dimensión real, si bien los estudios recientes reflejan cifras aproximadas que inducen a reflexionar sobre la gravedad de esas prácticas.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia informó que en el 2005 se atendió a casi seis mil 500 niños víctimas de explotación sexual comercial infantil gracias a la coordinación establecida con 18 entidades federativas, entre los cuales no figura Puebla, y que se lograron rescatar a 185 niñas y 86 niños de estas prácticas.

Las referencias periodísticas, continuó la especialista, dan cuenta que el fenómeno se presenta mayormente en concentraciones urbanas, centros turísticos, puertos y ciudades industriales y fronterizas por lo que se hace necesario llevar a cabo estudios, nacionales y regionales que permitan una aproximación cuantitativa al fenómeno de la explotación sexual comercial infantil. Claro que reconocer la existencia de un problema significa el primer avance para lograr su solución.

De este modo, la explotación sexual comercial infantil no ha sido todavía plenamente reconocida ni evaluada, por tanto no se tienen identificados los mecanismos más eficientes para atacarlo de manera conjunta e integral, tal y como su gravedad lo requiere. Existe la creencia de que sólo los niños de o en situación de calle, corren el riesgo de ser explotados, lo que es falso, ya que en el estudio mencionado se advierte que factores, como contar con una familia no son decisivos para evitar que ocurran estas prácticas.

Concluyó también que aunque existe consenso al reprobar este tipo de ilícitos, la complejidad en su tratamiento deriva del silencio y complicidad de algunos sectores de la sociedad; por otro lado, se debe reconocer que a pesar de los avances logrados en torno al tema, su atención ha sido mínima, ya que se carece de un marco jurídico adecuado para atender el fenómeno, así como de programas de prevención y atención que incidan en la sociedad y la falta de coordinación entre las instituciones e instancias públicas de los tres niveles de gobierno.

México, dijo, firmó todos los instrumentos internacionales de protección de los derechos de niñas y niños, adquirió el compromiso de realizar las reformas legislativas necesarias y armonizar las estructuras legales y administrativas que los protejan contra toda forma de abuso sexual, secuestro, venta o trata de personas, por lo que resulta urgente tomar todas las medidas para atender este problema, antes de que nuestro país se convierta, como mucha naciones del sudeste asiático, en el paraíso ideal para realizar este tipo de actividades.

Y esos compromisos internacionales no se agotan con la creación de instrumentos jurídicos que incorporen las disposiciones internacionales, el compromiso implica también la elaboración de políticas públicas, y la puesta en marcha de programas acordes a esas políticas públicas, así como la realización de acciones que den cumplimiento a cada uno de los temas que aquellos establecen, implica asimismo, establecer medidas dirigidas a informar y modificar actitudes y valores entre todos los estratos de la población mexicana.

La protección eficiente de los niños y niñas, precisó, constituye actualmente uno de los desafíos actuales del derecho, así como la previsión jurídica de todos los tipos penales con que se pueden castigar todas aquellas prácticas delictivas que se realizan en contra de los menores de edad. Entre estas prácticas la explotación sexual comercial, que se refiere a todo tipo de actividad en la que una persona usa el cuerpo de un niño para sacar ventaja o provecho de carácter sexual y/o económico basada en una relación de poder.

Puede decirse que la hay de dos tipos: la comercial, que presupone un intercambio de dinero o favores en especie (forman parte de este tipo de explotación la prostitución y pornografía infantil, el turismo sexual, entre otros) y la no comercial, integral por el acoso y abuso sexuales.

En la Coordinación de Humanidades de esta casa de estudios, Rosa María Álvarez añadió que también el estudio del fenómeno de la explotación sexual comercial de la niñez, al menos en nuestro país es muy reciente. Las pocas investigaciones que se han hecho aunque valiosas no ofrecen una visión integral del problema ni de su incidencia a nivel nacional ni siquiera regional.

Una de las primeras acciones que se llevaron a cabo en nuestro país en reconocimiento de la explotación sexual comercial infantil como un problema que aqueja a la sociedad mexicana, reconoció, fue reformar, en enero de 2000, el Código Penal Federal. Así en el Título Séptimo relativo a los Delitos contra la Salud se tipifican los delitos de corrupción de menores e incapaces, la pornografía infantil y la prostitución sexual de menores, la trata de personas y el turismo sexual.

Sin embargo, destacó, a pesar de las recomendaciones de la Conferencia Internacional de Lucha contra la Pornografía Infantil en la Internet de Viena, y de los dos Congresos Mundiales contra la explotación Sexual Comercial en el sentido de legislar en materia de pornografía vía internet, y pese a que se ha creado en la Policía Federal Preventiva una sección especializada en delitos cibernéticos, ésta carece del marco jurídico apropiado para ejercer eficientemente su actividad, tratándose de delitos de pornografía.

Por tanto, a pesar de esa importante reforma, el marco jurídico nacional resulta deficiente dado que los códigos penales estatales no han sido reformados para adecuarlos a la legislación federal ni en cumplimiento a los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México, así, en la mayoría de ellos no se considera como delitos graves, los de corrupción de menores y lenocinio, ni se contemplan los nuevos tipos penales de prostitución, pornografía infantil, trata de personas y turismo sexual, lo cual limita totalmente las acciones que se puedan emprender, como país, en contra de la explotación sexual comercial infantil.

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Rosa María Álvarez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que para combatir la explotación sexual de la niñez es necesario federalizar la investigación y persecución de los delitos.

FOTO 02.

La investigadora Rosa María Álvarez participó en el Seminario Interinstitucional sobre Violencia, realizado en la Coordinación de Humanidades de la UNAM.