06:00 hrs.  20 de Enero de 2006

 

 

Boletín UNAM-DGCS-048

Ciudad Universitaria

 

SUPONEN FRAUDES ELECTRÓNICOS, PÉRDIDAS  DE HASTA 10 MIL MILLONES DE DÓLARES EN EL MUNDO

 

·        Indicó Jacinto Rodríguez Gaspar, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM

·        Lo que constituye el mayor desfalco contra los clientes de la banca, de ahí la importancia de emplear el cómputo forense para detectarlos, explicó

·        Esta especialidad, dijo, consiste en aplicar técnicas científicas y analíticas para identificar, preservar, analizar y presentar pruebas digitales en causas judiciales

 

Los fraudes electrónicos suponen pérdidas de hasta 10 mil millones de dólares para las compañías en todo el mundo, lo que constituye el mayor desfalco contra los clientes de la banca, de ahí la importancia de emplear el cómputo forense para detectarlos, indicó Jacinto Rodríguez Gaspar, profesor de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM.

 

Esta especialidad, explicó el académico, consiste en aplicar técnicas científicas y analíticas a la infraestructura computacional para identificar, preservar, analizar y presentar pruebas digitales que apoyen o refuercen causas judiciales contra los delitos.

 

Asimismo, analiza la información de los equipos personales, cámaras digitales, discos duros, tarjetas de memoria, impresoras, celulares, entre otros dispositivos en los cuales se puede identificar el origen de un virus, la alteración de un documento o el bloqueo en el envío de datos, afirmó durante la conferencia Los fraudes y el cómputo forense.

Hoy en día, añadió, las infracciones más comunes por este medio son los fraudes electrónicos y el robo de información, si se considera como la pérdida de propiedad intelectual de la que son víctimas 80 por ciento de las empresas.

 

Ante esta situación, destacó Rodríguez Gaspar, el profesional contable tiene un nuevo nicho de desarrollo, ya que se puede abocar a la detección de este tipo de transgresiones mediante el cómputo forense, a fin de registrar la evidencia digital, de dónde y cómo se guarda la información en el dispositivo a tratar, es decir, en qué formato, mediante qué procesos se puede recuperar y qué tecnología necesita para extraerla.

 

Los principios que aseguran su éxito, detalló, radican en minimizar la pérdida de contenido, documentar todo, examinar lo recolectado –fundamento para realizar el rescate, procesamiento e interpretación de datos, así como afinar fecha y número de casos y mantener intacto lo encontrado–, incluir un análisis por un perito especializado, además de indicar los procesos utilizados.

 

Los resultados generados, señaló, deben derivarse de una investigación que cumpla con todos los requisitos que exige la ley, ya que de no hacerlo los resultados serán considerados inadmisibles o dudosos. Siempre, dijo, es importante tener un respaldo para evitar su volatilidad y poseer un archivo de preservación, del cual hay que hacer un análisis minucioso de la información y evitar modificar la evidencia.

 

Aclaró también que el fraude, desde el punto de vista etimológico, significa engaño, acción contraria a la verdad o a la rectitud, mientras que el Código Penal enuncia que comete este delito quien engaña a uno o se aprovecha del error en que éste se ubica, por lo que se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.

 

Es una actividad clandestina que puede cometer un empleado con el propósito de obtener un beneficio directo o indirecto, por lo que le cuesta a la organización ingresos activos o reservas; en promedio dos millones de dólares, agregó.

 

 

 

Precisó que el caso típico consiste en la presentación de datos falsos que ofrece un directivo a acreedores o banqueros sobre la situación financiera de su negocio, es decir, muestra elementos erróneos para lograr préstamos que seguramente no obtendría de otra manera.

 

En este contexto, concluyó, es fundamental crear una cultura para detectar esas situaciones irregulares, la cual debe incluir la obligación de guardar las bitácoras (logs), exigir a los administradores de los sistemas mantenerlas, aplicar tratados, normas y leyes internacionales sobre seguridad, así como dar legalidad a los resultados obtenidos en el cómputo forense.

 

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