Boletín
UNAM-DGCS-972
Ciudad
Universitaria
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DEBE EL JUEZ
CONSTITUCIONAL ACTUAR CON IMPARCIALIDAD, INDEPENDENCIA Y OBJETIVIDAD
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No debe tener nexos con grupos de poder,
coincidieron Mariano Azuela y Diego Valadés
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Durante la inauguración del Congreso
Internacional sobre Justicia Constitucional, en el IIJ de la UNAM
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Su actuación, altamente significativa para la
vida del país, expresó Diego Valadés
·
Participaron también el senador Diego Fernández
de Cevallos, y la académica de la Universidad de Houston, Leslie Griffin
El juez constitucional debe
actuar con imparcialidad, independencia
y objetividad, desvinculado de cualquier poder privado o público, interno o
externo, advirtió en la UNAM el presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón.
El magistrado inauguró, en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), el Congreso Internacional sobre
Justicia Constitucional, donde el director de esta entidad, Diego Valadés,
resaltó la figura del juez, pues el
hecho de que tenga una amplia
atribución interpretativa para poder determinar la constitucionalidad de
actos y disposiciones normativas, le confiere una participación altamente
significativa en la vida institucional del país.
En presencia de reconocidos
juristas nacionales y extranjeros, así como de legisladores como Diego
Fernández de Cevallos, Azuela Güitrón aseveró que el juzgador debe estar
subordinado a la Constitución y no pretender que la Carta Magna se subordine a
él.
Luego de declarar el inicio
del Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional. Culturas y Sistemas
Jurídicos Comparados, destacó los conceptos del Código de Ética del Poder
Judicial de la Federación, donde la independencia implica que el juez esté
desvinculado de cualquier poder privado, público, externo e interno.
La imparcialidad, agregó,
conlleva que esté desligado de los intereses
de las partes, mientras que la objetividad, que esté por encima de sus
propias convicciones y pasiones.
Azuela Güitrón agregó que de
acuerdo con el sistema mexicano, no debe
nunca un Tribunal Constitucional sustituir al Poder Reformador de la
Constitución, pues éste es el que en un momento dado tiene que hacer los
cambios esenciales en la Ley Máxima.
Afirmó que cuando el Tribunal
Constitucional, es decir la SCJN, suplante al Poder reformador de la
Constitución, correrá el riesgo de que éste la aniquile en razón de que se
excedió en sus atribuciones.
Expresó que la labor de los
juzgadores es complicada, no solo porque tiene que decidir una controversia
concreta y a veces de una gran relevancia y motivo de las pasiones, sino porque
un órgano constitucional va a crear precedentes de aplicación obligatoria para casos análogos que se presenten.
Aclaró que vivimos en un mundo
plural donde es fácil identificar el propio pensamiento, pasiones políticas y convicciones
ideológicas, con lo que uno estima pertinente que establece la Constitución.
Sin embargo, expuso que una
jurisprudencia tiene que expresar las razones que argumenten que el fin ordenado
a partir de la norma jurídica aplicable es correcto. “Ese es el meollo de una
sentencia. No hay afirmaciones dogmáticas, deben hacerse las argumentaciones
idóneas que demuestren que la conclusión que se obtiene es correcta”.
Ejemplificó el caso conocido
como el del “aborto”, que era un problema de la constitucionalidad de dos
disposiciones: una del Código Penal y otra del Código de Procedimientos Penales
para el Distrito Federal.
Destacó que hubo debates con
visiones ideológicas, consideraciones filosóficas, hasta que se cayó en la
cuenta de que había que apegarse a lo que establece la Constitución en torno al
respeto a la vida.
“Ahí se estableció un criterio
que finalmente parece que no se reflejó en los puntos resolutivos, porque se
reconoció, con una votación de nueve votos, que la Constitución Mexicana
protege la vida desde el momento de la concepción”, recordó.
Diego Valadés coincidió en que
no concierne a la Corte inventar,
modificar, o rediseñar el orden constitucional mexicano, le corresponde, sólo,
con ese ejercicio responsable que deriva de su imparcialidad, objetividad y de
su independencia, establecer los alcances que tienen los preceptos esenciales
en un momento determinado y para un
caso específico.
Ello, dijo, porque
injustificadamente hay expresiones que acusan a veces, al Tribunal
Constitucional, de tomar decisiones con escasa sensibilidad social y se
considera que la Corte debe decidir conforme a criterios de naturaleza
mayoritaria y recurrir a la consulta a través de encuestas.
Refirió que el Poder Judicial
Federal en México ha sido independiente
siempre, tras señalar que una de sus características ha sido la honorabilidad,
la rectitud y la probidad con que sus integrantes siempre actúan.
En su oportunidad, el senador
Diego Fernández de Cevallos expuso que la justicia constitucional representa la
principal y más eficaz respuesta del Estado democrático, a la exigencia de
asegurar una tutela efectiva de los derechos fundamentales de la persona y la
viabilidad misma del régimen.
Constitucionalmente, la SCJN
es el máximo órgano de autoridad
para interpretar la Constitución, pero
también para hacerla valer y esto en México es fundamental, si queremos trascender
en un mundo globalizado y tener viabilidad como nación, apuntó.
Coincidió en que el juez no debe tener ninguna relación
directa ni indirecta con ningún otro poder institucionalizado, ni con grupos de
poder de otro carácter.
Debe ser escrupuloso en
extremo para fundar sus resoluciones, a través de un riguroso método jurídico.
Así desaparece el fantasma de la
politización de la justicia, puesto que las sentencias del Tribunal
Constitucional no se ajustan a criterios políticos, sino en argumentos
jurídicos, suficientemente respaldados por la norma constitucional, aseveró.
Por su parte, la académica de
la Universidad de Houston, Leslie Griffin, expuso que la Suprema Corte de
Estados Unidos ha redefino el procedimiento para nombrar a los jueces.
Concluyó que en el artículo
segundo de la Constitución estadounidense,
el cual se refiere al Poder Ejecutivo, se establece que el Presidente
debe nombrar a los nuevos jueces del Tribunal Superior de Justicia, con la
asesoría y aprobación del Senado.
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FOTO 1
Diego Valadés y Diego Fernández de
Cevallos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, previo a la
inauguración del Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional.
FOTO 2.
Diego Fernández de Cevallos, Diego
Valadés, Mariano Azuela y Leslie Griffin participaron en el primer día de
trabajos del Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional, celebrado en
la UNAM.
FOTO 3
Leslie Griffin, académica de la Universidad de Houston, participó en el Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional, efectuado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.