Boletín
UNAM-DGCS-950
Ciudad Universitaria
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MÉXICO, SIN POLÍTICAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DERECHO DE LOS NIÑOS
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Aseguró Diego Valadés, director del IIJ de la UNAM, quien dijo que en el
país se tiene un agudo problema relacionado con los niños de la calle
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A inicios del siglo XXI, el derecho de familia traspasa las fronteras
del privado al público: Rosa María Álvarez de Lara, investigadora del mismo
Instituto
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Intervinieron durante la inauguración del Congreso Internacional de
Derecho de Familia
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También participaron Mónica González Contró, integrante del IIJ; y
Julián Güitrón Fuentevilla, profesor de la Facultad de Derecho
En México, a pesar de los avances
registrados, aún no tenemos políticas públicas que acompañen el fortalecimiento
de los derechos de los niños, reconoció Diego Valadés, director del Instituto
de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Al inaugurar el Congreso Internacional de
Derecho de Familia, subrayó que en todo el país se tiene un pendiente
relacionado con los niños de la calle. Es una situación ante la cual hay
“indiferencia por parte de las entidades públicas que deben prestar atención a
este lacerante problema social”.
El nuestro es un país estructurado como un
sistema federal, por lo que sería posible que en el ámbito de las entidades
federativas se desarrollaran políticas públicas preocupadas por las carencias
de la infancia. Pero no ocurre así, consideró.
“Por ello, ojalá que como resultado de este
Congreso surjan iniciativas y propuestas que permitan dar respuesta, en México
y en otras naciones, a los problemas que compartimos”, aseguró en el auditorio
Héctor Fix-Zamudio del IIJ.
Apuntó que en esta materia se tiene la
posibilidad de aplicar en el país varios preceptos de fuente internacional.
Esto ocurre con frecuencia en un ámbito cada día más amplio de salvaguardas,
pero en México, aunque tenemos vínculos que nos obligan a aplicar disposiciones
en materia de defensa de los derechos de la infancia, adoptadas en el mundo, no
hay lineamientos que acompañen su fortalecimiento.
Se están diluyendo las fronteras entre derecho
privado y público, pero no en el sentido de que a veces se quiere interpretar,
que todo es privado. El debate sobre esto se ha establecido en el país,
relacionado también con otros aspectos de la vida institucional, y hay quienes
se decantan por la prevalencia de lo particular, aseveró.
En este caso, abundó, es un proceso inverso,
porque el interés que representa para una sociedad la tutela de la infancia y
abordar todos los problemas relacionados con la familia es de naturaleza
pública.
Por su parte, Rosa María Álvarez de Lara,
coordinadora del Congreso, dijo que a inicios del presente siglo, el derecho de
familia traspasa las fronteras del privado al público, por la ineficiencia de
las relaciones al interior de ese núcleo, las cuales, en lugar de alentar la
participación democrática e igualitaria de sus miembros, han generado modos y
prácticas autoritarias y discriminatorias.
La filiación, parentesco, paternidad,
maternidad, patria potestad, alimentos y las instituciones protectoras de los
menores de edad: la tutela, acogimiento, guarda de hecho y adopción son temas presentes
en los ángulos de prevención y tutela del Estado, sobre las relaciones y las
formas de protección de vida de los miembros de la familia que lo requiere,
detalló.
Por desgracia, advirtió, las estadísticas
confirman los fenómenos negativos de la violencia familiar o de género, y de
maltrato doméstico e infantil. “A pesar de los avances en este tema, parecería
que la condición humana no siempre lo permite, sino que los mantiene como una
costumbre irregular y reiterada”.
Álvarez de Lara consideró que la familia sigue
siendo una institución ligada a la conformación y base de la sociedad. Sin
embargo, fenómenos como la recuperación de todos los aspectos referidos al
género, los de carácter económico que afectan a esa institución, así como los
demográficos, han presentado variaciones en cuanto al establecimiento y la
terminación de las mismas.
Al hablar de los derechos de los niños, Mónica
González Contró, integrante del IIJ, dijo que en estos convergen tres actores
fundamentales que tienen alguna responsabilidad en su ejercicio: el niño como
titular de derechos, los padres como obligados primarios del ejercicio de los
mismos, pero al mismo tiempo con derechos propios derivados de los deberes de
crianza, y finalmente el Estado.
Explicó que desde la nueva perspectiva de las
salvaguardas fundamentales en la familia, debe entenderse que el paternalismo
está justificado siempre y cuando tenga como fin garantizar el cumplimiento de
los derechos del niño y del adolescente, y promover el ejercicio de la
autonomía.
“El nuevo protagonista que emerge poco a poco
en el escenario de la familia, como titular de derechos derivados de intereses
propios, es el niño. El menor de edad, al que tradicionalmente se le había
negado personalidad y poder de decisión respecto a los aspectos más importantes
de su vida, surge como personaje con dignidad plena y capacidad de autonomía en
desarrollo”, aclaró.
A su vez, Julián Güitrón Fuentevilla, profesor
de la Facultad de Derecho (FD), se refirió al orden público en el derecho
familiar. Explicó que éste tiene una función normativa estricta, que restringe
la libertad individual, considerando la importancia y las funciones sociales de
cada institución que regula.
Además, tiene un sentido de equidad, que rebasa
los intereses particulares, privados, individuales, porque en realidad este
régimen representa el núcleo íntegro de la sociedad, vinculado al futuro para
lograr un ideal de justicia.
En ese sentido, recalcó, el orden público en el
derecho familiar mexicano está plenamente justificado, porque está dirigido a
su protección, sus miembros y todos los vínculos y relaciones derivados del
mismo.
Por último, José de Jesús Ledesma Uribe,
profesor de la misma Facultad, apuntó que el orden jurídico es un instrumento
básico e insustituible al servicio de la persona en su vida, y no que aquella
deba ser considerada parte subordinada y sirviente del derecho.
En una ponencia leída por Javier Saldaña,
concluyó que los fines de la ciencia jurídica deben subordinarse a la obtención
de los de la persona humana, sea que se le contemple en su vida comunitaria o
en su existencia individual.
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PIES DE FOTO
FOTO 01.
Diego Valadés, director del IIJ de
la UNAM, consideró factible que en las entidades se desarrollen políticas
públicas relacionadas con la preocupación de las carencias de la infancia.
FOTO 02
Especialistas de
México y el extranjero participan en el Congreso Internacional de Derecho de
Familia, que se celebra en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM.
FOTO 03
Matrimonio,
divorcio, uniones de hecho, filiación, paternidad, patria potestad y adopción
son los temas abordados durante el Congreso Internacional de Derecho de
Familia, efectuado en la UNAM.