14:00 hrs.  14 de Noviembre de 2005

 

 

Boletín UNAM-DGCS-914

Ciudad Universitaria

 

 

Pies de foto al final del boletín

EN RIESGO PROCESOS DEMOCRÁTICOS DE MÉXICO, DE NO HABER CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

 

·        Advirtió Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien dijo que la democracia exige la dosis de credibilidad en la vida institucional

·        El presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, resaltó que el problema de esta época moderna es la difusión de una libertad sin límites, que tiene aceptación por gran parte de la comunidad

 

De no generarse corrientes importantes de confianza fundada en la acción de las instituciones públicas, los procesos democráticos que se viven en México pueden estar en riesgo, advirtió el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Diego Valadés.

 

La democracia, precisó, exige la dosis fundamental de credibilidad en la vida institucional, la cual se genera a partir de que los gobernados estén convencidos de la ética de sus dirigentes.

 

Durante el primer día de trabajos del Congreso Internacional sobre Ética Judicial, Profesional y Académica, inaugurado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, el titular del IIJ aseveró que en este momento una de las preocupaciones centrales de las sociedades es el comportamiento, la conducta apegada a patrones morales de sus líderes.

 

 

De ahí, sostuvo, surgen factores de escepticismo o de confianza en el funcionamiento de las instituciones.

 

En todas las sociedades, subrayó, hay una creciente mortificación relacionada con un nuevo tipo de libertad. Lo que se teme no es tanto la acción opresiva del Estado, sino la desviación de las funciones públicas en perjuicio de los gobernados, lo cual es un tema ético.

 

Se trata, alertó, de un nuevo riesgo que se cierne sobre las sociedades y que genera temores, en la mayor parte de las circunstancias, porque el sistema de desviación del poder –en función de acciones que se alejan de los principios–, para el gobernado constituye una forma de ver amenazada su integridad, libertad y capacidad de actuar en la colectividad, así como en la equidad y  en la justicia.

 

Diego Valadés puntualizó que en México se han dado importantes avances, debido a que el Poder Judicial de la Federación ha emprendido una relevante acción en ese sentido.

 

En el país, resaltó, es claro el nerviosismo generalizado por los problemas éticos, pero también porque las acciones se realizan de manera aislada, de forma tal que cada grupo, organización, gremio e institución, adopta decisiones en la materia, pero que no tienen correspondencia con las que se llevan a cabo en otras áreas.

 

Hacia el futuro, confió en que se integrará un Centro de Estudios de Problemas de Ética Pública que permita, por lo menos, concentrar la información  generada en el país sobre las acciones emprendidas, a fin de orientar a grupos y organizaciones que requieran de apoyo.

 

A su vez, el presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, resaltó que al lado de las preocupaciones de que se cumpla con las obligaciones propias de cada actividad humana, el problema de esta época moderna, del siglo XXI, es la difusión de una libertad sin límites que tiene aceptación por gran parte de la comunidad.

 

Así, abundó, cuando les corresponde desempeñar un compromiso determinado surge esa contradicción, por lo que será de gran utilidad un documento o un código de ética respectivo, que les precise la conducta debida y esperada por la población en el desarrollo de su cargo.

 

La intranquilidad generalizada en esta época por los valores, la deontología y la ética, aclaró, es parcialmente cierta, porque una sociedad consumista con facilidad ofrece un panorama de gran influencia mediática, en la que la difusión sobre la libertad lleva el mensaje de que es ilimitada. Es decir, “soy libre para hacer lo que me dé la gana”.

 

Esto, recalcó, pugna con lo que es la ética, la cual supone “soy libre para hacer lo que debo”. En estos temas, hay cierto consenso donde las comunidades se ponen de acuerdo, juzgan y condenan a quien en determinado sitio actúa de una manera diversa, no conforme a los valores que en esa colectividad se presentan.

 

Pero, normalmente cuando los órganos lo reflejan en la Constitución, forma parte implícita de los valores que están dentro de las normas.

 

Mariano Azuela confió en que haya una transformación que haga que se tenga un recto concepto de la libertad, la cual sea criterio rector en todas las comunidades.

 

La ética judicial, explicó, es el conjunto de deberes cuyo cumplimiento deviene de la plena aceptación de esos parámetros, para asumirlos y vivificarlos en forma cotidiana.

 

En la primera de tres sesiones, que estuvo moderada por Edgar Corzo, participaron los ministros del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Eros Grau, y de la Suprema Corte de Justicia de Argentina, Rodolfo Vigo, así como el magistrado del Tribunal Supremo de España, Pablo Lucas Murillo de la Cueva.

 

 

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FOTO 1.

Edgar Corzo, Pablo Lucas Murillo, Mariano Azuela, Diego Valadés, Eros Grau y Rodolfo Vigo en el primer día de trabajos en la UNAM del Congreso Internacional sobre Ética Judicial, Profesional y Académica.

 

FOTO 2

Mariano Azuela y Diego Valadés hablaron en la UNAM sobre la importancia de que los gobernantes se apeguen a una conducta ética, pues de lo contrario estarán en riesgo los procesos democráticos.

 

FOTO 3

Asistentes al Congreso Internacional sobre Ética Judicial, Profesional y Académica, efectuado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.