INDISPENSABLE, IMPULSAR ESTUDIOS EN DERECHO AGRARIO: DIEGO VALADÉS

· Pues aún subsisten problemas en la posesión de la tierra, consideró el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

· La justicia agraria tiene una implicación social absoluta y plena: Ricardo García Villalobos, profesor de la Facultad de Derecho

· Participaron también los especialistas Alfredo Sánchez¸ Francisco Godoy Cortés, Alberto Pérez Gasca, Jorge Alberto González Galván y Margarita Zapata, en la Mesa Redonda: Zapata y el Derecho Agrario

Es indispensable impulsar los estudios en materia de Derecho agrario, debido a que aún subsisten problemas en la posesión de la tierra; de ahí que sea prioritario sistematizarlos en el ámbito académico, aseguró Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Por décadas, México se caracterizó como uno de los países más preocupados en este rubro y generó no sólo legislación, sino una doctrina reconocida en todo el mundo, abundó en la Mesa Redonda: Zapata y el Derecho Agrario, efectuada en el Auditorio “Guillermo Floris Margadant” de esta entidad universitaria.

Por su parte, Ricardo García Villalobos, académico de la Facultad de Derecho, explicó que la justicia agraria tiene una implicación social absoluta y plena; los tribunales federales nacieron para tratar de paliar la desigualdad entre campesinos con particulares. Es en la reforma de 1992 cuando se fortalece la Procuraduría Agraria.

El también presidente del Tribunal Superior Agrario, habló sobre algunas de las características de los juicios en esta materia. Informó que son orales, pues los planteamientos de las partes pueden hacerse en forma verbal; también, tienen inmediatez –que no posee la justicia ordinaria–, pues el magistrado debe presidir todas las audiencias celebradas en los tribunales unitarios.

Además, se privilegia la conciliación como fase primaria. Es decir, añadió, que en vía de ejecución, después de dictada la sentencia, aún se pueden dirimir los intereses de las partes; la rapidez es otra cualidad, de hecho se logró disminuir el tiempo entre la primera sesión y la resolución a cinco meses y medio.

A su vez, Alfredo Sánchez, del IIJ, destacó la necesidad de modificar el marco jurídico de la ley de 1992. “Si bien es cierto que el reparto ha concluido en términos generales, no significa que el tema de la justicia haya terminado. Bajo esa perspectiva, se debe elaborar un nuevo paradigma que tenga que ver con el desarrollo de lo que se ha denominado un nuevo derecho social agrario”.

Este corpus, dijo, precisa caracterizarse no sólo por el establecimiento de instituciones, sino por su efectividad. Sus elementos contemplan el otorgamiento de créditos preferenciales a los campesinos; buscar un progreso rural integral, planear y organizar la producción, garantizar una explotación racional de los recursos del campo e incrementar los ingresos de la población.

En su oportunidad, Francisco Godoy Cortés, asesor de jurídico de la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, afirmó que las condiciones actuales en el campo son desalentadoras. De ahí que la lucha de Emiliano Zapata lleve al compromiso. Su área se propuso como eje central de su programa de trabajo, hacer eco de la vieja demanda campesina de actualizar el marco jurídico agrario mexicano.

Luego de revisar las conclusiones de ocho foros de consulta popular, social y campesina, con la participación destacada del IIJ, se constituyó un grupo técnico en la Comisión, con la encomienda de elaborar una iniciativa de una nueva Ley Federal Agraria, recordó.

Al destacar sus aportaciones, indicó aspectos como proteger la integridad de las tierras en ejidos y comunidades, fortalecer la seguridad en la tenencia de la tierra; atención a la demanda de justicia de los pueblos y comunidades indígenas, uso y disfrute de sus tierras, con respeto de sus sistemas normativos, valores sociales y cultura.

Al tomar la palabra, Alberto Pérez Gasca, director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Reforma Agraria, explicó que en el ámbito del poder Ejecutivo, el Consejo Nacional Consultivo del Sector Agrario elaboró un proyecto de reformas y adiciones a la Ley Agraria.

Informó que desde 1992 se han vivido en el campo situaciones complejas. Si bien planteaba acercar crédito a los sujetos y hacerlo productivo, no resultó. No cumplió los objetivos propuestos.

En su oportunidad Jorge Alberto González Galván, investigador del IIJ, refirió que a pesar del reconocimiento constitucional de la autonomía indígena, el derecho de estos pueblos a vivir en su propia tierra para decidir libremente sobre su vida, sigue inexistente.

La perspectiva comercial sobre la tierra se ha impuesto, y las divisiones territoriales marcan cotos de poder. Para su contraparte es la justificación existencial de ser y estar aquí, es un ser vivo, poseerla es una obligación para respetar su uso y disfrute, un derecho humano natural, cultural e histórico. En este sentido, la vigencia del lema zapatista debía replantearse en el sentido de posesión para quien la respeta.

Por su parte, Margarita Zapata, presidenta de la Fundación Emiliano Zapata, indicó que el pensamiento del Caudillo del Sur sigue vigente. Hoy más que nunca su lucha es retomada, no sólo por los campesinos de México, sino de todo el mundo.

Para 2008 habrá un gran reto: “grandes cambios, no sólo en el campesinado, sino en la sociedad en general. Esto trasciende más allá de nuestras fronteras, porque tenemos los tratados de libre comercio de México con Centroamérica, y con los Estados Unidos y Canadá. Lo que significará, contrario a lo que se dice, el empobrecimiento del campo”, concluyó.

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Un grupo de especialistas participaron en la Mesa Redonda: Zapata y el Derecho Agrario, efectuada en el Auditorio “Guillermo Floris Margadant” del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

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El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés, da la bienvenida a los participantes en la Mesa Redonda: Zapata y el Derecho Agrario.