Boletín UNAM-DGCS-656
Ciudad
Universitaria
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Jorge Islas |
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Pies de foto al
final del boletín
NECESARIO, TRANSPARENTAR EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES: JORGE ISLAS
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El
abogado general de la UNAM, dijo que en caso contrario, se enrarecerá el
ambiente político
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Participó
en el Seminario Propaganda y Publicidad en Campañas Electorales. Hacia la
elección federal de 2006, organizado por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas
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Intervinieron
en la mesa ¿Cuándo es (i)legítima la propaganda y la publicidad electorales?:
Jaime Cárdenas, Javier Corral y Francisco Abundis
El abogado general de la UNAM, Jorge Islas, se pronunció por avanzar en
el camino de la transparencia en los métodos de financiamiento de las entidades
de interés público que desarrollan actividades político–electorales y que
reciben dinero del erario.
Con ello, sostuvo, se fortalecerá la legitimidad de los gobiernos que
en algún momento fueron opción electoral. En caso contrario, advirtió, se
permitirá que se enrarezca el ambiente político, con lo que se distorsionan sus
fines y esencia, además de restarle fortaleza a una democracia que debe y
merece ser consolidada.
Para lograrlo, resaltó, deben actuar el Estado, sus actores, los
partidos, los medios de comunicación y la sociedad civil en su conjunto. En la
construcción democrática todos tienen una tarea pendiente y un trabajo por
desarrollar.
Al participar en el Seminario Propaganda y Publicidad en Campañas
Electorales. Hacia la elección federal de 2006, organizado por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ), Jorge Islas, señaló que los medios de
comunicación influyen de manera decisiva en la cultura cívica de la ciudadanía
y para la mayoría de la población constituyen la principal fuente, y en casos
la única, de entretenimiento e información.
Por ello, puntualizó en la mesa ¿Cuándo es (i)legítima la propaganda y
la publicidad electorales?, moderada por el coordinador del Seminario,
Lorenzo Córdova, el reto es generar
nuevos compromisos para elevar y fortalecer los valores de la democracia.
En materia electoral, recalcó, el desarrollo y comportamiento de las
campañas está a revisión, ya sea respecto al monto del financiamiento de los
partidos, la fiscalización de los recursos públicos, la regulación de las
precampañas o el acceso a tiempos y medios de comunicación.
Hizo hincapié en la propaganda y publicidad electoral, las cuales se
han convertido en uno de los temas políticos más controvertidos y complejos, al
representar una asignatura pendiente para ser analizada y eventualmente
regulada en los puntos críticos que la componen. De otra manera, pueden
convertirse “en un talón de Aquiles”.
El abogado general de la UNAM subrayó que si la elección del año 2000
significó la prueba máxima de nuestras instituciones electorales, la del 2006
representará la disyuntiva entre dejar las cosas como están, con todos los
riesgos que esto implica, o avanzar en el proceso de consolidación democrática
y desarrollo político que el país y la sociedad recomiendan de manera amplia e
incluyente.
Los objetivos mencionados se lograrán, dijo, con el uso de la capacidad
institucional alcanzada y la suma de voluntades de los sectores público,
privado y social, de los partidos, los medios de comunicación y la sociedad
civil organizada.
Por su parte, el investigador del IIJ, Jaime Cárdenas, indicó que aún
cuando se dice que las precampañas electorales no están reguladas no son
prohibidas, se trata de mecanismos paralelos a la ley electoral, por lo que sí
son ilegítimas.
Apuntó que mediante la aplicación de algunas medidas incluidas en las
leyes electorales se propiciarían condiciones de mayor exigencia a los medios
de comunicación electrónica y, sobre todo, implicarían el cumplimiento a sus
obligaciones.
Esto, abundó, redundaría en equidad en las contiendas, menor dispendio,
campañas más propositivas y contribuir al establecimiento del Estado de
derecho, pues ya no habría factores reales de poder tan al margen la ley y las
instituciones.
A su vez, el director general de la empresa Parametría, Francisco Abundis,
refirió que hoy día las campañas políticas no son bien vistas por el público en
general. En sí, dijo, el mexicano promedio no considera del todo legítimas
estas actividades o por lo menos la forma en que se realizan.
De acuerdo a un diagnóstico entre la población, se percibe que el gasto
que se efectúa en ellas es excesivo, por lo que hay una democracia cara. Por
ello, la mayor parte de los electores estaría a favor de reducir el monto de su
financiamiento.
Por último, el senador Javier Corral aseveró que lo que está en proceso
de deslegitimación de los procesos electorales es “el exceso y el predominio
del dinero destinado a la publicidad política y la falta de regulación de sus
contenidos, la cual se ha convertido en el campo perfecto para la falacia, la
mentira e, incluso, la calumnia”.
Concluyó que mientras no se someta a una normatividad moderna el
control y estructura de la industria mediática, sobre todo en su relación con
los partidos políticos, las campañas electorales y el financiamiento público,
la queja seguirá y se agudizará cada vez más.
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PIES DE FOTO
FOTO 1
Jorge Islas y
Jaime Cárdenas previo a su participación en el Seminario Propaganda y
publicidad en campañas electorales, celebrada en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
FOTO 2
Participantes en
la mesa “¿Cuándo es (i) legítima la propaganda y la publicidad electoral?”, en
el Seminario Propaganda y publicidad en campañas electorales, celebrada en el
IIJ de la UNAM.
FOTO 3.
Jorge Islas, abogado general de la UNAM, participó en la mesa “¿Cuándo es (i) legítima la propaganda y la publicidad electoral?”, en el Seminario Propaganda y publicidad en campañas electorales.