NECESARIA, LA RELACIÓN ENTRE PODER JUDICIAL Y POLÍTICA

· Señaló Sergio García Ramírez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

· Dicho puente es esencial. Es imposible y hasta peligroso sustraer a los tribunales del deber de construcción social que les impone la democracia, aclaró

· No es sólo uno de los tres poderes, sino la autoridad sobre los dos restantes: Granados Chapa

· Ambos participaron en la mesa, moderada por Diego Valadés, Poder judicial y político. ¿Cuál relación?, organizada en el marco del 75 aniversario del IIS

El puente entre justicia y democracia es tan manifiesto como necesario. Es imposible, impracticable y hasta peligroso, sustraer a los tribunales del deber de construcción social que les impone este régimen, al igual que otros órganos del Estado, señaló Sergio García Ramírez, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Al participar en la mesa redonda Poder Judicial y político. ¿Cuál relación?, organizada en el marco del 75 aniversario de la creación del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) y moderada por Diego Valadés, titular del IIJ, destacó la “vecindad general”, desde “las inquietantes condiciones” que hoy impone a esa jurisdicción y a otras, la turbulencia que trajeron consigo los vientos que gobiernan la república.

Obviamente, explicó García Ramírez, ese nexo no significa, ni en esta ni en otras versiones de la participación, que haya un organismo del Estado rotulado como Poder Judicial. Donde quiera existe, pero no necesariamente en democracia. La relación entre ambos no es de coexistencia formal, sino de articulación funcional.

Bajo esa versión tiene la responsabilidad de cuidar la identidad entre gobernantes y gobernados. Así, la misión de la justicia es la misma que ha tenido la democracia formal, sin calificativos: detener y moderar, conforme a la Constitución, el poder de uno, o unos cuantos, y retener el valor del pueblo, expuso.

Ambas cosas demandan que los órganos del Estado se atengan a sus atribuciones, tanto en el trato que desarrollan con los ciudadanos como en la relación que guardan entre sí, indicó el también miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Opinó que la implantación de este régimen supone la creación de un derecho consecuente, pues su aplicación requiere de una justicia comprometida, un sistema jurídico cuyos postulados estén expuestos en la letra y espíritu de sus normas.

En México proliferan los asuntos vinculados con el encuentro entre autoridades que estrenan o reestrenan atribuciones y no hallan otra manera de ejercerlas que invocando la orientación de la Suprema Corte, lo mismo si se trata de operar el horario de verano, que de establecer fronteras para el ejercicio de atribuciones constitucionales y precisar el marco de la política económica, consideró.

A estas alturas, refirió García Ramírez, parece inquietante que judicialicemos algunos conflictos y hasta meros desencuentros que podrían y deberían recibir solución a través del acuerdo civil y el razonamiento ilustrado.

En su oportunidad, el analista político Miguel Ángel Granados Chapa, abundó que la relación entre el Poder Judicial y la política debe ser explícita, responsable y de frente a la sociedad. No sólo es uno de los tres poderes, sino la autoridad sobre los dos restantes.

Su Tribunal Electoral rige, en último término, a los partidos. Los sujeta a sus determinaciones, y puede aún suprimirlos. Además, ha sustituido al Colegio Electoral en la “suprema función” de ungir al Ejecutivo, añadió.

Aseguró que del menoscabo padecido durante largo tiempo, el Poder Judicial concentra en política una posición tan “amplia y eminente”, que muchos llegan a condenar la judicialización y aún a temer un gobierno de los jueces.

Cuando se integró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se le otorgó a esta soberanía un papel de arbitraje trascendente en la vida cotidiana de las personas; aún cuando se combina con el de la Suprema Corte de Justicia, se manifiesta de manera clara su condición de dominio supremo, recordó.

“Al debatir sobre la controversia constitucional acerca del presupuesto, los ministros de la Corte se regodearon hablando del Legislativo y el Ejecutivo, como de los poderes políticos. Si se refiere a que sus miembros y su titular, respectivamente, son elegidos popularmente y ostentan por ello una representación, la expresión no es incorrecta”, expresó.

“Pero si al distanciarse así de esos poderes o de esa denominación, los integrantes de la Corte pretenden hacernos creer que su corporación no es política, que ellos no hacen política. Es claro que están equivocados”, prosiguió.

La hacen porque ejercen poder. Hoy mismo están desplegando esa capacidad en grado superlativo, porque con su interpretación a las normas o con la construcción de éstas, a las que están afanados, al dar o quitar poder a los poderes, concluyó Granados Chapa.

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Sergio García Ramírez y Diego Valadés, ambos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, previo a su participación en la mesa redonda Poder Judicial y político. ¿Cuál relación?

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Sergio García Ramírez, Diego Valadés y Ricardo Pozas Horcasitas, en el marco de las conferencias organizadas con motivo del 75 aniversario de la creación del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.