14:30 hrs.  31 de Marzo  de 2005

 

Boletín UNAM-DGCS-245

Antigua Escuela de Medicina

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FORTALECE LA UNAM EL RESPETO Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE SU COMUNIDAD

 

·        Ante el CU rindieron sus informes la Defensoría de los Derechos Universitarios, el Colegio Académico sobre el avance del Proyecto para la reforma del RGEP y el Claustro Académico para el desarrollo del Proyecto para la modificación del EPA

 

El defensor de los Derechos Universitarios (DDU), Leoncio Lara Sáenz, presentó su recuento de actividades 2004–2005 ante el Consejo Universitario (CU), con lo que la Universidad Nacional fortalece el respeto y salvaguarda de las garantías de su comunidad.

 

En sesión ordinaria, rindieron además sus informes el Colegio Académico sobre el avance del Proyecto para la reforma del Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) y el Claustro Académico para el desarrollo del Proyecto para la modificación del Estatuto del Personal Académico (EPA).

 

Leoncio Lara Sáenz dijo que en este periodo se proporcionaron 969 asesorías. De ellas, 729 fueron prestadas en forma directa a los solicitantes, 192 se realizaron de manera telefónica, 46 fueron recibidas y atendidas por correo electrónico y dos se desahogaron por vía de oficio.

 

Entre los rubros más relevantes de estas asesorías destacan: trámites escolares, 228; Legislación Universitaria, 179; concursos de oposición, 58; derecho de petición –cuando los estudiantes no reciben respuesta de la autoridad universitaria requerida para contestar a una solicitud–, 36.

 

En materia de evaluaciones académicas, abundó, son los casos vinculados sobre todo con el cumplimiento del Reglamento General de Exámenes. Se dieron 27 asesorías y, respecto a Programas de Estímulos, se reportaron cuatro.

 

Sobre hostigamiento se atendieron 31 casos, casi el doble de las de 2004 cuando fueron 18; medidas disciplinarias por imposición de sanciones, 70; asuntos de carácter laboral, 81 solicitudes. En los dos últimos rubros, aclaró, la Defensoría carece de competencia para intervenir.

 

En casos diversos se dieron 222 orientaciones de los usuarios ante la instancia correspondiente.

 

El ombudsman universitario precisó que esa instancia ha privilegiado el procedimiento previo a la radicación de la queja o denuncia, para contar con un procedimiento más flexible y dinámico que a corto plazo y de manera conciliatoria encuentre soluciones que no requieran métodos estrictos o, en su caso, recomendación.

 

Los académicos, especificó, recurren a la Defensoría por lo regular por dudas o situaciones relacionadas con los concursos de oposición, el derecho de petición y la afectación de derechos, como la evaluación académica de su desempeño.

 

En cambio, en lo referente a los estudiantes se atienden los problemas vinculados con su situación escolar, consultas que ocupan el mayor número de asesorías. Entre ellas resaltan las revisiones de examen, la inexistencia de su registro en actas de evaluación o los errores en su historial académico, seguidos de medidas disciplinarias que les son aplicadas por distintas circunstancias en las que se ven involucrados.

 

 

Se remitieron a esta dependencia 191 copias de conocimiento –con su proceso de seguimiento–, las cuales son de escritos que tanto el personal académico como los estudiantes hacen llegar a las autoridades universitarias por distintas circunstancias relativas a su condición y derecho, de las cuales pretenden prevenirse de una queja o reclamación futura.

 

Se reportaron 158 quejas, 100 por ciento más respecto a las presentadas en el ejercicio anterior. En total se han resuelto 94 y las otras 64 están en realización de acciones para su resolución.

 

A la fecha, indicó Lara Sáenz, se han emitido 12 recomendaciones, de las cuales ocho han sido cumplidas por las autoridades universitarias correspondientes, tres están pendientes y una no fue resuelta.

 

También se llevaron a cabo acciones de divulgación de la Defensoría de los Derechos Universitarios, se editó el folleto que lleva el nombre de la dependencia y el cual contiene las atribuciones y  funciones de la DDU, así como a quienes atiende y su competencia.

 

Se diseñó y distribuyó un tríptico y se ha publicado en Gaceta UNAM y otras 33 gacetas, revistas y boletines electrónicos de las diferentes entidades de esta casa de estudios una inserción que permite a la comunidad identificar e informarse sobre la opción que representa la Defensoría, entre otras medidas.

 

Convocadas por la DDU se estableció la Red de Defensores y Procuradores de los Derechos Universitarios (REDDUN), entre cuyos objetivos destaca promover la cultura de los derechos humanos en general. Se impulsará la realización de actividades académicas de licenciatura y posgrado o de especialización.

 

Aunque las nueve universidades fundadoras son nacionales, ya solicitaron su ingreso a la Red instituciones de educación superior de Bolivia y Chile, así como del Instituto Politécnico Nacional.

 

 

 

 

En su informe, el Colegio Académico para la reforma del RGEP hizo un recuento de las actividades que realizó desde su conformación, el 5 de marzo de 2004. Creó la Junta de Coordinación que definió su Reglamento Interno y se instituyeron cuatro comisiones que sesionaron 38 ocasiones: Política, conceptuación y modelo del posgrado; Proceso formativo; Organización académica, administración y financiamiento, y Evaluación, acreditación, vinculación y nuevos temas.

 

El pleno del Colegio definió, también, la conformación de dos comisiones para definir los contenidos del RGEP. La propuesta final será sometida para su aprobación a ese órgano colegiado el 1 de abril y turnada a los 40 comités académicos del posgrado, al Consejo Consultivo de Estudios de Posgrado y a los Consejos Académicos de Área.

 

Con los cambios y ajustes correspondientes, la propuesta de modificación del RGEP se someterá a las comisiones del CU.

 

El Claustro Académico para al reforma del EPA señaló que este cuerpo colegiado se instaló de manera formal el 30 de noviembre pasado y está integrado por 100 académicos electos.

 

En enero de este año el pleno del Claustro eligió a la Junta de Coordinación que conducirá sus trabajos y se conforma de diez representantes de los distintos sectores que lo componen. En esa misma fecha se puso en operación un sistema electrónico de información y comunicación denominado SICCLA.

 

La Junta de Coordinación elaboró un proyecto de Reglamento de Funcionamiento del Claustro, que ya fue sometido y aprobado por el pleno; además, propuso y se aceptó una primera fase del Programa de Trabajo.

 

En esta primera etapa se organizaron cinco grupos de trabajo: profesores de carrera, de asignatura, y de bachillerato, investigadores y técnicos académicos. El resultado será presentado a mediados del próximo mes al pleno del Claustro.

 

La segunda fase se organizará a través de cinco comisiones de trabajo, cada una con 22 miembros de manera intersectorial. Cada una entregará sus resultados a la Junta de Coordinación para luego someterla a este cuerpo colegiado.

 

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Leoncio Lara, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, rindió su informe de actividades 2004-2005 ante el Consejo Universitario.