Boletín
UNAM-DGCS-1032
Ciudad Universitaria
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final del boletín
SOLAMENTE REFORMAR LA LEGISLACIÓN PENAL NO FAVORECE LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS
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Señaló Enrique
Díaz-Aranda, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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Al soslayar la adopción de
medidas en la materia se ha descuidado la seguridad de los ciudadanos, añadió
·
Sugirió concentrar la
atención en medidas económicas, de los medios masivos, y de educación integral
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El 90 por ciento de los
delitos que se cometen quedan impunes; de ahí que el presunto delincuente no
tenga límites para proseguir en su conducta
La
política criminal mexicana se ha concentrado en realizar reformas a la
legislación penal y no en la toma de medidas que abarquen el problema de manera
total, lo que no favorece la seguridad de los ciudadanos, señaló Enrique
Díaz-Aranda, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la
UNAM.
Por
ello, sus decisiones no cumplen con las expectativas de la población para vivir
con tranquilidad y en un ambiente armónico, con plena seguridad en la
protección de sus bienes fundamentales: vida, integridad física, libertad y
patrimonio, entre otras.
De
ahí la necesidad de cambiar el rumbo de las adecuaciones a la ley, en el
entendido de que no se necesitan más modificaciones en la normatividad “que
sólo sirven para fines político-demagógicos. La atención debe concentrarse en
medidas económicas, de apoyo en los medios de comunicación y en una educación
integral”, sugirió el académico.
En
cuanto a las financieras, mediante la creación de estrategias tendentes a la
creación de más empleos y el mejoramiento del nivel monetario de la población
en general.
Sobre
las medidas educativas, es fundamental establecer un programa de formación
integral dirigido a la familia y sociedad, en donde se fomente la cultura de la
convivencia en paz y armonía, guiada por el respeto, el cual se ha perdido.
Por
ejemplo, en materia vial, muchos enfrentamientos verbales y físicos entre
personas ocurren a consecuencia de la falta de consideración y conciencia. No
hay una cultura de manejo; no existe respeto entre los conductores ni de éstos
hacia el peatón; asimismo, muchos transeúntes no saben de sus responsabilidades
y provocan al operador. Todo ello genera que se den cierto tipo de fricciones
que muchas veces terminan en agresiones.
De
ahí que el Estado deba procurar políticas que ayuden a reforzar una instrucción
sobre la integración familiar, de tolerancia, la cual debe darse también en las
escuelas.
Abundó
que también es necesaria una adecuada política de los medios de comunicación,
en la que se fomente el respeto a los postulados cívicos, el desarrollo
personal y el rechazo a la violencia, pues
tienen gran influencia en la ideología y conducta del infante.
Si se trasmiten programas con contenido
violento, mensajes contra los valores, y contra la preservación de los bienes
fundamentales de la sociedad, es evidente que el niño crecerá con esa
mentalidad, y cuando sea adulto puede ser cooptado por la criminalidad, y
aspirará a la fuerza como medio para resolver conflictos. De ahí la importancia
y la responsabilidad que tienen en el desarrollo de la personalidad del menor.
Por otro lado, subrayó, no debe soslayarse la
existencia de sectores desfavorecidos que necesariamente deberían tener una
atención directa; además, centros de promoción del deporte, cultura, el hábito
de la lectura, entre otros aspectos. Es decir, que la persona pueda estar
ocupada, tener espacios para desarrollarse en otros ámbitos, así canalizará su
energía en eventos positivos.
Si
el Estado no ofrece estos elementos ni la infraestructura para que el joven
pueda llegar a expresar su potencial como persona, como miembro de una
sociedad, difícilmente se podrá prevenir la criminalidad.
El
académico abundó que además de la falta de estos mecanismos, existe una
política de Estado que considera que al incrementar las penas se eliminará la
delincuencia, cuando en realidad el infractor no parte de la idea de cuántos
años le van a imponer de sanción, sino de que 90 por ciento de los delitos que
se cometen quedan impunes.
De
ahí que la clave para disminuir este flagelo no esté en aumentar las sanciones,
sino en aplicar la disposición aunque sea por poco tiempo de castigo. “Así, por
ejemplo, se podría establecer sólo algunos años para el secuestro, pero si
realmente todos los agresores pasan ese tiempo tras las rejas, nadie va a
querer cometer el delito porque el mensaje es que sí se cumple la ley”. De esta
manera, es conveniente condenas más reducidas pero aplicables, que largas que
sólo son de papel, y que conllevan otras consecuencias”.
Entre
éstas hay una clara falla del sistema de impartición de justicia, sobre todo en
los ministerios públicos. La mayoría de los casos que investiga el agente no
llegan a la consignación y si lo hacen, difícilmente tendrán sanción del juez,
porque no se abunda, no se llega a integrar debidamente la averiguación previa.
Cuando
son casos relevantes, la mayoría de veces pierde la procuraduría, esa acusación
que hace normalmente queda en una sentencia absolutoria porque no la supieron
integrar.
En
ese sentido la aplicación del derecho penal debe hacerse, pero hay que tomar en
cuenta que es el instrumento de represión formal más importante con que cuenta
el Estado, y por eso no es viable esa consecutiva tendencia de acrecentar penas
para justificar todo un aparato legislativo, concluyó.
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FOTO 01.
La política criminal mexicana se ha
concentrado en reformas a la legislación penal y no en medidas al respecto,
señaló Enrique Díaz-Aranda, del IIJ de la UNAM.
FOTO 02
Enrique
Díaz-Aranda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sugirió que
la política criminal mexicana debe concentrarse en medidas económicas, de
medios masivos y educación integral.