15:00 hrs.  08 de Febrero  de 2005

 

Boletín UNAM-DGCS-101

Ciudad Universitaria

 

 

Pies de fotos al final del boletín

 

DEBE IMPLANTARSE EN MÉXICO UNA POLÍTICA DE ESTADO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

 

·        Armando Labra, de la UNAM, y Jorge Luis Ibarra, de la ANUIES, participaron en el Segundo Encuentro de Auto-estudio de las Universidades Públicas Mexicanas

·        Coincidieron en que hay inercias y estancamiento en las políticas de financiamiento

 

 

Resulta ya inviable y altamente pernicioso continuar en México con una tendencia inercial de estancamiento del gasto público en educación superior, ciencia y tecnología, por lo que es necesario rejerarquizar políticamente estos ámbitos y definir una estrategia de Estado en la materia, afirmaron en la UNAM especialistas reunidos en el Segundo Encuentro de Auto-estudio de las Universidades Públicas Mexicanas.

 

Al participar en el evento organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Armando Labra Manjarrez, secretario Técnico del Consejo de Planeación de esta casa de estudios, señaló que las tendencias recientes del financiamiento público a la educación superior tienen como signo dominante la inmovilidad y el freno, en franco abandono de los  compromisos políticos y legislativos del Estado Mexicano.

 

En la Torre II de Humanidades, expresó que el agravamiento de los rezagos y desequilibrios en esta materia evidencian, desde la década de los años noventa, una profunda crisis del modelo de gestión y presupuestario, que de prolongarse representaría un retroceso, y darle  continuidad significaría involucionar.

 

Frente a ello,  Labra Manjarrez propuso que se eleve en la Constitución, el status que tiene la educación en general y la superior en lo particular, definiéndola como una derecho social exigible, haciendo obligatorias e irrenunciables para el Estado mexicano las disposiciones aprobadas por el Poder Legislativo, incluyendo la ciencia y la tecnología.

 

Expuso que existe un estancamiento  de los recursos aplicados a la educación superior, a pesar de que hay una serie de mandatos constitucionales que responsabilizan históricamente al gobierno federal a asignar suficiente presupuesto para que la formación se lleve en términos de plenitud.

 

Desde finales de la década de los años setenta, aseveró, las estrategias de financiamiento para estos tres campos, seguidas en México, han sido determinadas por la llamada crisis fiscal del Estado y las directrices para el manejo de la deuda interna y externa, dentro de una ideología neoliberal aplicada de manera dogmática.

 

Así, insistió durante la mesa de diálogo: “Financiamiento de las universidades públicas mexicanas: ¿compromiso estatal o comercialización de servicios educativos?”, la inexistencia de un programa financiero a largo plazo de la educación superior y la ausencia de un modelo de Estado articulada por la Constitución, ha prolongado la situación inercial.

 

Por su parte, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jorge Luis Ibarra Mendívil, reiteró que el tema del financiamiento aún no está resuelto, por lo que es necesario definir una política de Estado sostenida en la materia, con el propósito de llegar al uno por ciento del Producto Interno Bruto como gasto federal y un 0.5 por ciento como inversión estatal.

 

Debe haber, dijo, una disposición real, nacional, consistente y sostenida que otorgue certidumbre al sistema de educación superior, donde las organizaciones representativas de las universidades, el gobierno y la propia Cámara de Diputados, puedan trabajar con criterios de anticipación, que contemplen un horizonte de largo plazo.

 

Ibarra Mendívil destacó que aunque este año se espera una recuperación frente a las caídas del subsidio federal en 2003 y 2004, se está lejos todavía de llegar al uno por ciento para el próximo año, “lo cual es una meta inalcanzable”.

 

Coincidió en que la presupuestación de las universidades públicas es de carácter inicial, mientras permanecen inequidades y disparidades en los recursos otorgados a las diferentes instituciones ubicadas en el país.

 

Ejemplificó que poco más de la tercera parte de ese subsidio son aportaciones  estatales con grandes variaciones, que van desde el 50 por ciento o más en el caso de  siete entidades, hasta menos del 15 por ciento en ocho instituciones.

 

A su vez, Blanca Margarita Noriega Chávez, de la Universidad Pedagógica Nacional, sostuvo que en las políticas de financiamiento no se han valorado suficientemente los costos- beneficio de las políticas restrictivas y de exclusión social, por un lado, y por el otro, de las medidas que sólo promueven el imaginario de la sociedad mercantilista.

 

Hasta ahora, añadió, no se han estudiado los efectos por los males que se han generado con las medidas neoliberales. Sería interesante pensar desde el sistema educativo una estrategia que contrarrestase los efectos polarizantes de la economía del mercado, pero que también promueva valores sociales y colectivos más sanos. De otra manera, el llamado “bono de juventud” que tiene el país se seguirá desperdiciando.

 

Nuestros jóvenes, excluidos del sistema educativo, encuentran como únicas formas de inserción en la sociedad la economía informal, migración y actividades ilícitas. “Esas son las repercusiones de las líneas restrictivas y de un modelo financiero que hace apología del dinero y del individualismo”.

 

Noriega Chávez aseveró que las disposiciones presupuestarias son instrumentos de acción, en los que si bien no aparecen de manera nítida las nociones e ideas en debate sobre la educación, se entrelazan y mezclan en función de intereses particulares y respuestas coyunturales; son directrices desde donde se pueden identificar y analizar tendencias.

 

Aclaró que las políticas hacia las universidades deben partir de un reconocimiento de que estamos ante un modelo social centrado en el comercio, que no se plantea de manera prioritaria reducir los problemas sociales, sino los que pudieran frenar o entorpecer la circulación de mercancías, entre ellas la educación.

 

Para el investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad, Roberto Rodríguez Gómez, todavía persisten muchos vacíos legales en materia de recursos públicos para la educación superior, y están a la espera de una ley general en la materia. Por ello, “uno de los problemas de mayor relevancia del presente y del futuro inmediato para la universidad mexicana es el financiamiento”.

 

Informó que en el actual sexenio, el sistema educativo nacional ha tenido incrementos en sus montos por encima de la inflación. Gracias al cabildeo y una buena negociación, instituciones como la UNAM han tenido aumentos por encima de los índices de carestía en su subsidio.

 

Sin embargo, aún persisten diversos problemas en este rubro como ausencia de reglas estables, en la importancia de regularizar o patrimonializar las posibilidades de financiamiento. Por ello, Rodríguez Gómez propuso crear una ley de educación superior y un modelo de dotación de recursos integral; es decir, una política de Estado en la materia, en la que se coloque en el centro a la autonomía y a la libertad de cátedra e investigación, concluyó.

 

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Foto 1

Armando Labra y Jorge Luis Ibarra participaron en el Segundo Encuentro de Auto-estudio de las Universidades Públicas Mexicanas, celebrado en la UNAM.

 

Foto 2

En la Torre II de Humanidades de la UNAM se realizó el Segundo Encuentro de Auto-estudio de las Universidades Públicas Mexicanas. Ahí, Roberto Rodríguez Gómez, dictó una conferencia sobre financiamiento.