Boletín UNAM-DGCS-070
Ciudad Universitaria
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final del boletín
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Hay demasiada economía informal, señaló
Miguel Ángel Vázquez Robles, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM
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Sergio Martínez Rosaslanda, magistrado del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, habló sobre la cuota
establecida al exhibir de manera pública una película
Las adecuaciones fiscales que
buscan incrementar la recaudación tributaria en México no son suficientes para
mejorar la situación general del país, afirmó Miguel Ángel Vázquez Robles,
profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.
Agregó que el verdadero
problema son los mecanismos para cobrar, revisar y llevar a cabo las facultades
de comprobación establecidos por el Sistema de Administración Tributaria,
cuando es mejor realizarlos “mediante los sistemas establecidos en el propio Código
Fiscal de la Federación y respetando garantías individuales”.
Al participar en el Seminario Actualización
Fiscal 2005, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de
esta casa de estudios, el académico aseguró que “hay demasiada economía
informal”. De los 120 millones de mexicanos, sólo están dados de alta ocho
millones 920 mil en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo a
las personas morales. “Si se hiciera el censo de los sujetos sin registro
seguramente se llegaría a 50 millones”, aseguró.
Precisó que las actuales
reformas complican aún más la declaración de impuestos: “quién va a querer
constituir una empresa, pagar impuestos o llevar inventarios”. Si hoy en día no
se puede revisar al total de contribuyentes, será peor si se agregan más.
Por su
parte, Sergio Martínez Rosaslanda, magistrado del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, habló del combate a la constitucionalidad de la cuota
establecida por cada boleto vendido al exponer de manera pública una película.
Se consideró violatoria de los principios jurídicos de proporcionalidad y
equidad.
Este precepto muestra “la mezquindad de
las cadenas cinematográficas, que tienen acaparada la distribución de la
exhibición de cintas”. En nada les afectaba dicho cobro, pues los espectadores
lo iban a cubrir, señaló.
Consideró que muchas otras
reformas incrementarán los impuestos para actividades de la administración
pública, como la verificación, control y vigilancia. Por ello, las arcas
públicas corren peligro, porque muchos gravámenes para usuarios de alta
capacidad económica se irán a juicios de amparo y muchos de ellos prosperarán.
En su oportunidad, el
especialista José Miguel Erreguerena Albateiro, consideró que, junto con la
reforma al Impuesto sobre la Renta en relación con el costo de lo vendido, los
aspectos vinculados con el Impuesto al Valor Agregado representan la parte más
importante de la reforma fiscal en cuanto al impacto económico en las empresas.
En el aula de Seminarios Dr.
Guillermo Floris Margadant del IIJ resaltó que el nuevo procedimiento implicará
una enorme carga administrativa; no es equitativo, pues no da igual trato a los
contribuyentes con actividades únicas con relación a los que tienen mixtas,
entre otras cuestiones.
Al respecto,
Gabriela Ríos Granados, del IIJ, dijo en la Mesa Ley Federal de Derechos (LFD),
que en materia aduanera se derogó el derecho por el tránsito internacional de
mercancías que llegan al territorio nacional y tiene como destino el
extranjero. Además, a la gente mayor de 60 años y los discapacitados se les
otorgó un 50 por ciento de descuento por la expedición de pasaportes.
Asimismo, se
estableció un derecho por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo, el
cual se determinará “conforme a su volumen estructural, envergadura,
clasificación de aeronaves y distancia”.
En la Mesa
IV Capitalización delgada, regímenes especiales, IMPAC y costo de lo vendido
del ISR, Herbert Betunare Barrios, socio director del Área Legal de la firma
Mancera, Ernst&Young International, mencionó que “la reforma fiscal 2005 es
totalmente inhibitoria de la inversión, tanto mexicana como extranjera;
dificulta la creación de nuevas fuentes de trabajo” y obstaculiza la
agilización de la economía.
Un ejemplo
es que las reglas de capitalización insuficiente –con objeto de limitar el
endeudamiento de las compañías y prevenir la erosión de la base fiscal– es que
se aplica sólo a empresas relacionadas, con vinculación económica o contractual
en cualquier parte del mundo.
Sostuvo que,
además, es desproporcionado, pues no se permite deducir el monto de intereses
pagados; así como inequitativo, pues sólo afecta créditos contratados en el
extranjero. “Todo se refiere al capital contable; no existe definición de ese
término en ningún ordenamiento tributario; por tanto, cómo se configura si se
está en el supuesto de castigar la deducibilidad de intereses”.
Por último,
María Antonieta Martín Granados, docente de la Facultad de Contaduría y
Administración de la UNAM, al hablar sobre las reformas al costo de lo vendido,
sostuvo que no se encaminan a la simplificación administrativa para empresas
pequeñas y medianas.
En el caso
de personas morales, explicó, “no se deducen compras, sino costo de lo vendido
y hasta el momento en que se acumule el ingreso”, lo cual incrementará el
inventario. Además, dentro del costo de venta se incluirá materia prima, gastos
de fabricación variables y fijos, así como mano de obra, cuando hasta el año
pasado el cien por ciento de la nómina era gasto deducible. Lo mismo ocurrirá
con las depreciaciones y amortizaciones, recalcó la directora técnica de la
revista Nuevo consultorio fiscal.
Muchas
empresas no soportarán esta carga fiscal: “van a ahogar a los pequeños y los
van a orillar a cerrar o a cometer irregularidades”. La reforma se va a
revertir, advirtió; puede que el fisco recaude más pero será momentáneo, porque
los consorcios planearán sus acciones para quedarse con el menor número de
inventarios. Adicionalmente, finalizó, existe la posibilidad de errores
voluntarios o involuntarios al determinar el costo de ventas, por cuestión de
criterios. Por ello, concluyó, es necesario establecer normas al respecto.
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PIES DE FOTO
FOTO 01
El experto Herbert Betunare Barrios refirió en la UNAM
que la actual reforma fiscal “es inhibitoria de la inversión, tanto mexicana
como extranjera; dificulta la creación de nuevas fuentes de trabajo” y
obstaculiza la agilización de la economía.
FOTO 02
Miguel Ángel Vázquez Robles, Gabriela Ríos y José Erreguerena previo a su participación en el Seminario Actualización
Fiscal 2005, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM.
FOTO 03
María Antonieta Martín Granados, de la Facultad de
Contaduría y Administración de la UNAM, habló sobre las reformas al costo de lo
vendido y sostuvo que no se encaminan a la simplificación administrativa para
empresas pequeñas y medianas.
FOTO 04
Sergio Martínez Rosaslanda, magistrado del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aseguró en la UNAM que muchos
gravámenes para usuarios de alta capacidad económica se irán a juicios de
amparo y muchos de ellos pr