06:00 hrs.  21 de Diciembre  de 2004

 

Boletín UNAM-DGCS-943

Ciudad Universitaria

 

Pies de fotos al final del boletín

 

VIOLATORIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS LAS POLÍTICAS  DE EXCLUSIÓN

 

·        Estas garantías establecen una clara relación entre individuo y Estado, sostuvo Ignacio Sosa, profesor de la FFyL de la UNAM

·        Se debe garantizar el respeto de los derechos humanos individuales y sociales

·        La democracia no se reduce al acto electoral; requiere de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, sostuvo

 

Las políticas de exclusión que incrementan los índices de pobreza y falta de oportunidades han convertido a los gobiernos de América Latina (AL) en violadores de los derechos humanos, aseveró Ignacio Sosa, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM.

 

Refirió que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en términos absolutos, en 18 países de la región los niveles de miseria y desigualdad no han disminuido; en tanto que desempleo e informalidad aumentaron.

 

En Latinoamérica estas garantías establecen una clara relación entre individuo y Estado; en ese sentido, este último está obligado a cumplir las leyes; si no lo hace, automáticamente se convierte en trasgresor, añadió.

 

El académico explicó que hay dos formas de concebir a los derechos humanos: “una pone énfasis en los individuales –pertenecen al tipo liberal–; es decir, en el caso de México son los que están contenidos en los primeros 27 artículos de la Constitución”.

 

Otra vertiente es la social, abundó, relacionada con la democracia. No obstante, según el Informe de Desarrollo Humano 2002, si bien 140 países del mundo viven bajo regímenes de este tipo, sólo en 82 existen libertades plenas.

 

Si se considera que ese sistema ofrece tres formas de igualdad: civil, política y social, se podría entonces decir que con el liberalismo los derechos comunitarios son conculcados, sostuvo.

 

Refirió que de acuerdo con el PNUD la democracia no se reduce al acto electoral, sino que requiere de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas; así como de una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política y reconozca, y abogue por la concurrencia de todos.

 

Sin embargo, abundó, la creciente frustración por la falta de oportunidades, por los altos niveles de pobreza y exclusión, se ha expresado en malestar, pérdida de confianza en el sistema de poder, acciones radicalizadas y crisis de gobernabilidad, lo cual pone en riesgo la estabilidad de los Estados.

 

Así, se colocan en tela de juicio las libertades sociales, encubiertas bajo la categoría de soberanía, lo cual a su vez plantea una contradicción entre las personas y el Estado, recalcó.

 

Estos planteamientos pasan por la historia reciente. En los setenta y ochenta se establecieron por la fuerza regímenes represivos en AL, que lesionaron de forma constante la dignidad humana, recordó. Cuando empieza el proceso de democratización cambia la dinámica y se reconoce la existencia de otras conquistas fundamentales.

 

Si bien, dijo, en el Estado actual ya no hay vulneración como ocurría durante las dictaduras militares, se adoptó una dimensión en donde los indicadores sociales señalan un incremento en los márgenes de carencias, marginación e impotencia.

 

Contrario a lo que apunta la teoría, cada día las sociedades latinoamericanas son más inequitativas y desiguales. A pesar de vivir en democracia se profundizan las diferencias entre los grupos. No es posible ese saldo tan negativo; por ello, es urgente que se establezcan directrices capaces de revertir este proceso, manifestó el especialista.

 

Aunque hay Estados que han identificado bien el problema y sus políticos lo han planteado en campañas electores, aún no lo han podido resolver, porque no es posible hacerlo en el corto plazo, aseveró.

 

Reiteró que remediar esta situación es parte de las obligaciones de los regímenes del área: “No puede haber una respuesta de carácter asistencialista, pues no se trata de una cuestión de caridad”

 

Bajo este panorama urge generar programas que promuevan el empleo y la redistribución de la riqueza. Se requiere de una inversión social para beneficiar a toda la población, concluyó.

 

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Foto 01

La democracia no se reduce al acto electoral, sino que requiere de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, sostuvo Ignacio Sosa, profesor de FFyL de la UNAM.

 

Foto  02

En los setenta y ochenta se establecieron por la fuerza regímenes represivos en AL, que lesionaron de forma constante la dignidad humana, recordó el profesor de la UNAM Ignacio Sosa.