15:00 hrs. Octubre 28 de 2004

 

Boletín UNAM-DGCS-786

Ciudad Universitaria

Pies de fotos al final del boletín

 

PENDIENTE, LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA: DAVID IBARRA MUÑOZ

 

·        Sigue diseñándose en cenáculos excluyentes, con directrices inmutables, a pesar de la alternancia política, reveló el catedrático de la Facultad de Economía y ex secretario de Hacienda y Crédito Público

·        Participó en el ciclo de conferencias Derecho y economía. Cinco puntos de vista, organizado en la Facultad de Derecho

·        Desde la década de 1980 tiene lugar un proceso intenso de destrucción, sustitución, obsolescencia y reconstrucción de instituciones, que afecta y pone en jaque a la sociedad, consideró

 

En México son notables los avances de la modernización del Estado, con una salvedad importante: la democratización de la política económica, que sigue diseñándose en cenáculos excluyentes, con directrices inmutables, aunque haya alternancia política, afirmó David Ibarra Muñoz.

 

El ex secretario de Hacienda y Crédito Público añadió que en nuestro país no existen órganos de mediación en los cuales los empresarios, trabajadores y gobierno debatan, acuerden y se comprometan con las directrices socioeconómicas, facilitando la formación expedita de consensos en las cámaras legislativas y el fortalecimiento real de éstas, en un sistema de contrapesos que equilibre a las fuerzas productivas.

 

Dicho sistema existe en la mayor parte de los países europeos. “Es funcional y permite comprometer a todos, trabajadores, gobierno y empresarios, en la política financiera, es decir, los hace corresponsables de la misma”, añadió el catedrático de la Facultad de Economía (FE) de la UNAM.

 

En el ciclo de conferencias Derecho y economía. Cinco puntos de vista, efectuada en el aula magna “Jacinto Pallares” de la Facultad de Derecho, dijo que el presidencialismo se desvanece ante la hondura de las transformaciones políticas y económicas.

 

Además, refirió, éstas últimas no cobran fuerza compensatoria por la avalancha de cambios jurídicos, monetarios y de poder que nos abruman. Desde la década de 1980 tiene lugar un proceso intenso de destrucción, sustitución, obsolescencia y reconstrucción de instituciones, que afecta y pone en jaque a la sociedad.

 

Los organismos, el orden jurídico de antes, dejan de funcionar mientras las entidades de reemplazo sólo cubren parte de los ámbitos de la vida social y encuentran campos minados en la inercia de las costumbres e intereses insertos desde hace años en la conducta de los ciudadanos, abundó el académico.

 

“Las mudanzas jurídico-institucionales no sólo trastocan las reglas del juego económico sino que alteran la distribución de las corrientes de ingreso y los impulsos económicos”. Se ha producido una enorme pobreza y al mismo tiempo el enriquecimiento de unas cuantas familias. De hecho, aseveró, México es uno de los países donde la concentración del ingreso es escandalosamente alta, por lo que las asimetrías distributivas deben aliviarse.

 

Ibarra Muñoz señaló que la avalancha de las reformas a las leyes es impresionante en número y profundidad. Entre 1982 y 2003, la Constitución ha debido incorporar casi 200 modificaciones que se multiplican cuando se cuantifican las alteraciones, supresiones y adiciones a ordenamientos secundarios, a veces contrarios al espíritu y letra originales.

 

En los hechos, casi sin percibirlo, tenemos una nueva Carta Magna luego de cambiar el 50 por ciento de su contenido, y de alterar directa o indirectamente la intención del Constituyente o normas no escritas pero insertas en los usos y costumbres sociales.

 

Hasta 1920, recordó, no se registraron reformas a la Carta Magna. De ese año y hasta 1970 se modificaron 2.5 artículos por año; y entre 1970 y 1982, se registraron 10 cambios. Después con la caída del presidencialismo se fueron reduciendo las reformas propuestas por el Ejecutivo.

 

“En poco más de dos décadas el país ha quedado abrumado por la fiebre de variaciones legislativas e institucionales que todavía no concluyen. Además, ponen de manifiesto las reformas de segunda y tercera generación que impulsan los organismos financieros internacionales en los países en desarrollo. Están pendientes los  afinamientos necesarios a la regulación jurídica interna” abundó.

 

En materia legislativa, el Poder Ejecutivo se ha desdibujado. En el periodo 82-88, las reformas constitucionales propuestas por él representaron el 80 por ciento, para descender al 60 entre 88 y 94, y a menos del 44 por ciento entre 94 y 2000. “La cifra media se desploma enseguida al rechazarse la mayor parte de las presentadas por el gobierno actual”.

 

Con escasas excepciones, el trabajo legislativo de las últimas dos décadas ha dejado de lado el fortalecimiento o desarrollo de los derechos colectivos, libertades positivas en tanto mecanismos de resguardo ciudadano frente a los avatares económicos, y pobreza o ruptura de los vínculos de integración comunitaria, consideró.

 

Eso ocurre cuando más se necesitan, cuando la población y sus empresas quedan sujetas a la incertidumbre, competencia, contagios y fluctuaciones de los mercados internacionales, cuando se torna obsoleto el corporativismo protector de trabajadores y empresarios, explicó.

 

También siguen ausentes o acotadas el grueso de las instituciones características de los países avanzados en materia social, indicó.  No aspiramos a tener su nivel de vida, pero sí a la democratización de la política económica y a regímenes mínimos de protección que ofrezcan derechos sociales como acceso universal a los sistemas de salud, educación, entre otros.

 

Los problemas de asimetrías acumuladas exigen respuestas en diversos frentes, dijo. “Valga reiterar que la combinación de democracia formal y neoliberalismo no basta a los propósitos de unir sociedad y gobierno, ni a los de consolidar el Estado de derecho”.

 

Urge llenar las ausencias en las reformas institucionales y legislativas como ingrediente indispensable en la reconstrucción del pacto social, y fortalecer los derechos positivos. Asimismo, el rescate de las políticas publicas y de los principales órganos de mediación que sustituyan las funciones de coordinación del presidencialismo, que va en retirada. Hay que devolver al régimen jurídico la capacidad de ordenar y estabilizar la vida social del país, finalizó.

 

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Foto 1

 

En México no existen órganos de mediación política donde empresarios, trabajadores y gobierno debatan, acuerden y se comprometan con políticas socioeconómicas, afirmó David Ibarra Muñoz, catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM.

 

 

Foto 2

 

David Ibarra Muñoz, académico de la Facultad de Economía de la UNAM y ex secretario de Hacienda y Crédito Público, participó en el ciclo de conferencias Derecho y economía. Cinco puntos de vista.