Boletín UNAM-DGCS-702
Palacio de la Autonomía
Lorenzo Córdova Vianello |
Lorenzo Córdova Vianello |
Lorenzo Córdova Vianello |
Lorenzo Córdova Vianello |
Lorenzo Córdova Vianello |
Lorenzo Córdova Vianello |
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Daniel Barceló Rojas |
José María Serna de la Garza |
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Pie de foto al final del boletín
PRESENTAN RELATORÍAS DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS “GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA: ¿QUÉ REFORMA?
- En el Palacio de la Autonomía
de la UNAM, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Comisión
Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de Diputados dieron a
conocer cuatro documentos
·
Los temas centrales
abordados fueron: Reforma Electoral; Medios de Comunicación; Forma de Gobierno,
Congreso de la Unión y Poder Ejecutivo; Sistema Federal, Modelo Económico,
Justicia, y Estrategia de la Reforma del Estado
El Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la
UNAM y la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la Cámara de
Diputados, encabezados por sus titulares, Diego Valadés, y Manuel Camacho
Solís, respectivamente, presentaron las relatorías sobre Las Audiencias
Públicas “Gobernabilidad democrática: ¿Qué reforma?”, celebradas del 27 al 30
de septiembre.
Durante las audiencias,
los representantes populares, de partidos políticos, funcionarios y académicos
hablaron sobre temas fundamentales que confluyeron en las relatorías sobre
Reforma Electoral; Medios de Comunicación; Forma de Gobierno, Congreso de la
Unión y Poder Ejecutivo (administración pública); Sistema Federal, Modelo
Económico, Justicia, y Estrategia de la Reforma del Estado.
En
el Palacio de la Autonomía de esta casa de estudios, estuvieron presentes los
senadores Enrique Burgos, del PRI, y César Jáuregui, del PAN, en representación
del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Diego Fernández
de Cevallos; así como Marcela González Salas, vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
Reforma
electoral
Al
hablar sobre el rubro Reforma Electoral, el investigador del IIJ y asesor del
consejero presidente del Instituto Federal Electoral –Luis Carlos Ugalde–,
Lorenzo Córdova Vianello, argumentó que las propuestas se conformaron por áreas
temáticas: Estructura y facultades del IFE, Campañas y precampañas electorales,
Sistema de partidos políticos, Prerrogativas de los partidos políticos,
Sistemas electorales y mecanismos de participación ciudadana y sanciones y
delitos electorales.
En
el primer caso, se manifestó que para la organización del IFE es necesario
normar los procedimientos de integración del Consejo General y establecer
controles para garantizar que la actuación de los consejeros electorales se
apegue a la legalidad; se propuso fortalecer las atribuciones del Instituto en
materia de fiscalización para que sean más rigurosos e impedir financiamientos
ilícitos.
De
las campañas, se propuso en general reducir sus tiempos, abaratar sus costos, establecer
reglas claras en torno a la propaganda en los medios. De las precampañas,
urgieron su regulación y establecer el control de gastos; de la compactación
del calendario electoral, el consenso fue por crear fechas conjuntas de
comicios de los diversos niveles de gobierno.
Al
referirse al sistema de partidos políticos, Lorenzo Córdova subrayó que, en
términos generales, se planteó la necesidad de que éstos se sujeten al
principio de legalidad y se fortalezcan como pilares del sistema democrático.
Otros
aspectos fueron el registro de nuevos partidos, donde el acuerdo fue que se
debe elevar el piso mínimo y se distingan los votos de cada instituto político
cuando haya coaliciones, entre otras.
De
las prerrogativas a dichas fuerzas, se pidió fortalecer y reducir el
financiamiento público; del privado que se prohíba y disminuya; del acceso a
los medios de comunicación, entre otras propuestas, destaca que se regule el de
los electrónicos para delimitar su poder en la esfera política; que los tiempos
para los partidos sean comprados de manera exclusiva por el IFE, y que haya
tarifas homogéneas para todos.
De
los sistemas electorales y mecanismos de participación ciudadana, hubo desde
quienes se pronunciaron por la total eliminación de la representación proporcional
de diputados y senadores, hasta la necesidad de reducir el número de
legisladores electos por este principio, entre otras propuestas.
De
la segunda vuelta, indicó Lorenzo Córdova, se señaló su aplicación sólo para la
elección presidencial y, en ocasiones, para la de representantes populares;
como mecanismos de democracia directa se proponen referéndum y plebiscito,
iniciativa popular y revocación del mandato, entre otras. De sanciones y
delitos electorales, la generalidad se manifestó por mejorar el sistema de
puniciones y rendición de cuentas de los partidos, así como tipificar nuevos
ilícitos en esta materia.
Relatoría Medios de Comunicación
En la relatoría sobre Medios de Comunicación, también
leída por Lorenzo Córdova, la gran coincidencia es reconocer la centralidad que
estos medios tienen para el buen funcionamiento del sistema democrático.
Dijo
que el tono común fue subrayar la importancia que tienen como mecanismos de
garantía de la libertad de expresión; hay un consenso que sostiene que su
actuación debe estar claramente regulada para establecer límites, derechos y
obligaciones a los que deben ceñirse en un contexto participativo.
Las
propuestas concretan que los medios deben jugar un papel central en la ecuación
política y el civismo; ser instrumento de cohesión, de promoción de acuerdos y
no de discordancia y crispación; que se democraticen con contenidos
prioritarios éticos, culturales y de respeto a los derechos humanos, así como
inhibir la formación de monopolios, crear un Consejo Nacional del área y
modificar el marco legal.
Formas
de Gobierno, Congreso de la Unión y Poder Ejecutivo
El
investigador del IIJ, Pedro Salazar, presentó la relatoría sobre Forma de
Gobierno, Congreso de la Unión y Poder Ejecutivo (administración pública).
Resaltó que la gobernabilidad democrática depende, en gran medida, de la
capacidad del sistema político para atender los reclamos y demandas ciudadanas
en un marco de recíproca limitación y equilibrio productivo entre los poderes
públicos.
Así,
precisó, las propuestas de reforma son tendentes a propiciar una relación
constructiva entre el gobierno y el congreso federales. Los ponentes se
manifestaron por explorar y adoptar reformas para cambiar la naturaleza del
sistema presidencialista a fin de orientarlo hacia un modelo semipresidencial,
semiparlamentario o directamente parlamentarista.
La
reiterada propuesta fue por implementar una distinción entre jefe de Estado y
otro de Gobierno, con lo que se llamaron a crear la figura de jefe de Gabinete,
el cual sería ratificado por una o ambas cámaras del Poder Legislativo a
propuesta del presidente de la república. Este último fungiría sólo como jefe
de Estado, encargado de funciones como la representación de México en el
exterior, defensa y seguridad del país y de la estabilidad de las instituciones
nacionales.
Otros
se expresaron por avanzar en forma directa hacia un sistema parlamentario o
defendieron el actual esquema presidencial con algunas reformas. La necesidad
de propiciar el diálogo y la colaboración entre los poderes para aumentar la
capacidad de respuesta y productividad del sistema político fue una de las
preocupaciones con mayor incidencia.
Algunas
propuestas, abundó Pedro Salazar, fueron en el sentido de instituir la figura
de la segunda vuelta electoral, con la finalidad de aumentar la legitimidad del
titular del Poder Ejecutivo con los mecanismos correspondientes para su
adecuado funcionamiento.
Se
propuso fortalecer al Poder Legislativo con la insistencia de la reelección;
reformar los ordenamientos que rigen el funcionamiento del Congreso de la Unión
para vigorizar el trabajo de las comisiones parlamentarias, aumentar sus
recursos y facultades, e implementar un verdadero servicio civil de carrera
legislativa.
Otras
propuestas fueron reafirmar los poderes y capacidades de decisión del Ejecutivo
y crear la figura de “iniciativa preferente”, para obligar al Legislativo a
dictaminar y votar ciertas iniciativas apreciadas por el gobierno federal.
También se insistió en la urgencia de subsanar la laguna constitucional que
impide superar una eventual no aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación y de la Ley de Ingresos correspondiente.
Sistema Federal, Modelo Económico,
Justicia
El
investigador del IIJ, Daniel Barceló Rojas, leyó la relatoría respecto al
Sistema Federal, Modelo Económico, Justicia. Del primero, externó, se coincidió
en impulsar las reformas constitucionales y legales necesarias para distribuir
un mayor número de competencias a los estados, las cuales hoy se encuentran
bajo la responsabilidad de la Federación.
Estas
competencias deberán estar acompañadas de financiamiento suficiente para hacer
frente al gasto corriente y de inversión que representan. Por ello, se requiere
consensuar un nuevo acuerdo en materia fiscal para distribuir mejor los
recursos fiscales entre los gobiernos federal y estatales. También, propusieron
definir una nueva fórmula de distribución de los impuestos de mayor
rendimiento; avanzar en un nuevo federalismo fiscal; actualizar el esquema de
competencias y lograr la cooperación intergubernamental con la introducción de
disposiciones constitucionales o legales.
Del
modelo económico, Barceló Rojas expuso que la propuesta es que este esquema
debe estar dirigido hacia un crecimiento socialmente equitativo, considerando
los desequilibrios entre las diversas regiones del país, así como los de grupos
sociales que presentan un índice más elevado de marginación, y atender a los
indígenas de México.
Otra
propuesta fue formar una gran coalición social para impulsar medidas
legislativas y políticas públicas a fin de lograr el equilibrio social. Para
garantizar la soberanía nacional, el Estado debe intervenir en las áreas
estratégicas para el crecimiento del país, actualizar el marco jurídico de
colaboración con los sectores público y privado.
Además,
dijo, este modelo debe buscar el desarrollo sustentable, amigable con el medio
ambiente y responsable con las generaciones futuras de mexicanos. El Estado de
derecho se debe fortalecer como auténtica prioridad nacional para proteger la
propiedad y seguridad en las transacciones.
Respecto
al rubro de Justicia, Daniel Barceló indicó que los participantes se
pronunciaron en forma unánime por la centralidad de los derechos humanos para el
tipo de gobierno democrático que los mexicanos quieren construir y consolidar.
Se
consideró conveniente poner al día el marco normativo supremo, para dar
claridad a los operadores jurídicos nacionales sobre la forma en que se debe
hacer valer el elenco de garantías reconocidas en los tratados internacionales
ratificados por el Estado mexicano.
Algunas
proposiciones fueron por modernizar los procedimientos jurisdiccionales de
protección de estos derechos fundamentales en México, de la nueva ley de juicio
de amparo y los efectos de las sentencias del máximo tribunal del país; se
propuso vigorizar la supremacía de la Constitución Federal y del Poder Judicial
como órgano encargado de cuidar la fidelidad a la Carta Magna.
Sobre
la consolidación del Estado de derecho, se propusieron reformas legales para
incrementar la eficacia y eficiencia de la procuración de justicia, para
reducir los altos índices de impunidad de los delitos que se cometen contra los particulares. Del Combate a la
corrupción, la opción presentada fue reformar el esquema vigente de procuración
de justicia con el propósito de incrementar las garantías de independencia
institucional con respecto a los intereses políticos.
Lograr
la autonomía del Ministerio Público para evitar que por consigna política se
investigue y acuse a un funcionario público o actor político. Las reformas que
requiere el sistema de administración y procuración de justicia deben ser
retomadas en los estados.
La estrategia de la reforma del
Estado
El
secretario Académico del IIJ, José María Serna de la Garza, leyó la relatoría
La Estrategia de la Reforma del Estado. Apuntó que a lo largo de las audiencias
públicas se sugirió de manera reiterada el tema relativo a la estrategia para
propiciar el diálogo, la negociación y el logro de acuerdos.
Entre
las propuestas destaca definir el espacio adecuado para avanzar en este
proceso. La responsabilidad de estas modificaciones concierne al Congreso, que
es la sede del pluralismo con poder; crear un ámbito de negociación neutral
para estos cambios en donde se integren los poderes federales, estatales y
municipales, los partidos políticos y las fuerzas sociales organizadas del
país.
Se
propuso un método para lograr acuerdos a través de la articulación de un
diagnóstico compartido y la selección de las materias objetos de estas
modificaciones; es necesario que en la estrategia se busquen mecanismos para
lograr la distensión entre los diversos actores; distinguir la reforma real de
la posible; priorizar la reforma mínima para garantizar acuerdos; no intentar
grandes cambios sino sólo los que sean viables, desde el punto de vista del
posible consenso que concite entre los grupos parlamentarios.
Estas
medidas para alcanzar la reforma del Estado, propusieron, deben precisar como
objetivos tanto la gobernabilidad democrática como incidir en un mejor
equilibrio social del país; se debe evitar que la sucesión presidencial del
2006 fracture la democracia por carecer de los instrumentos adecuados para una
elección confiable y legítima.
Asimismo,
se requiere involucrar a la sociedad civil en los cambios políticos. La
estrategia de esa transformación debe buscar mecanismos de comunicación y
vinculación con ella. Las modificaciones institucionales deben buscar
reformular la estructura de poder real existente, para lo cual se requiere
fortalecer el Estado como única institución capaz de orientar el desarrollo
económico y social del país en un sentido más equilibrado.
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