17:00 hrs. Agosto 10 de 2004

 

Boletín UNAM-DGCS-561

Ciudad Universitaria

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LA INSEGURIDAD EN MÉXICO NO SE RESUELVE SÓLO CON CAMBIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

 

 

·        Legisladores, académicos y representantes de los medios de comunicación  participaron en un seminario sobre reformas en materia de justicia penal

·        Es escandalosa esta situación en el país, expresaron

 

Las reformas a la Constitución y a las leyes secundarias no resolverán el problema de inseguridad que se vive en México, por lo que son necesarias acciones concretas para solucionar este problema,  coincidieron académicos y legisladores reunidos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

 

Al inaugurar el Seminario Perspectivas de reforma en materia de justicia penal y seguridad pública en México, el director del IIJ, Diego Valadés, señaló la necesidad de que los miembros de la comunidad académica, del Poder Legislativo y representantes de los medios de comunicación analicen la situación de  la justicia y la seguridad pública, y ofrezcan a la sociedad un ejemplo de diálogo serio, responsable, enriquecedor y constructivo.

 

En la sede del Instituto, Valadés expresó que los mexicanos están interesados en que los cambios se lleven a cabo de una manera acorde con las expectativas nacionales, al buscar fundamentalmente el entendimiento y el acuerdo para identificar soluciones.

 

Durante la primera mesa de discusiones de este seminario, organizado por el IIJ y TV Azteca, el  investigador de ese instituto y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez expresó que “la eficacia de la seguridad pública reclamada por la sociedad no se conseguirá sólo con los cambios legales”.

 

Recordó que desde 1993 se han realizado reformas constitucionales en materia de justicia penal y los resultados no han sido alentadores.

 

En este sentido, reconoció que hay temas positivos y convenientes,  avances interesantes en procuración y administración de justicia, en la organización de las instituciones que intervienen, como la autonomía del Ministerio Público (MP).

 

Sin embargo, consideró que es inquietante la introducción de un nuevo sistema de procedimiento penal, de persecución y procesamiento,  con garantías recortadas cuando se trate de delincuencia organizada, o la concentración de los cuerpos de policía bajo un mando externo del MP.

 

En su oportunidad, Pablo Alejo López, diputado federal del Partido Acción Nacional, indicó que una de las necesidades más apremiantes de los ciudadanos es la justicia.

 

Durante el debate, moderado por el periodista Sergio Sarmiento, Alejo López agregó que la falta de castigo es uno de los factores que influyen en los altos índices delictivos y en el aumento de la criminalidad. “Se habla de que en Latinoamérica y México hay un alto grado de impunidad, hasta de 98 por ciento, lo que es preocupante”, precisó.

 

Asimismo, calificó de impostergable que instituciones, académicos y sociedad estructuren un nuevo proceso penal en nuestro país, pues se ha probado su ineficacia.

 

Sobre el paquete de reformas constitucionales y legales, dijo que pretende constituir una política criminal integral, eficaz y articulada entre los diversos aspectos que comprende la seguridad pública.

Señaló que las ocho leyes nuevas que impulsa esta iniciativa, las seis disposiciones que deberán reformarse y los seis cambios constitucionales a los diferentes preceptos transformarán integralmente el proceso penal en México.

 

Al respecto, el senador priista Manuel Barlett Díaz opinó que en el país existe un descontrol de la criminalidad, la inseguridad es preocupante, y “hemos llegado a una situación que alarma a la sociedad  desde todos los puntos de vista y se expresa en los medios y en las calles”.

 

Desde su óptica, no es un problema de la ley, sino de aplicación de la misma y de la falta de atención al problema. Por ello, dijo, “no debemos irnos por la legislación inmediata como una salida ante la angustia que no se puede resolver con la acción”.

 

A su vez, Jesús Zamora Pierce, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, se refirió a la  propuesta de reforma al artículo 20 constitucional para incluir la garantía de presunción de inocencia y en materia de libertad caucional.

 

Dijo que el primer aspecto y la garantía de previo juicio que establece ya el artículo 14 de la Constitución es lo mismo, por lo que su inclusión es inútil al no aportar nada nuevo. Respecto al segundo tema, indicó que esta sería la quinta ocasión que sufriría cambios desde 1917.

 

Ello, porque el legislador constitucional en México no ha logrado hasta la fecha encontrarle “la cuadratura al círculo” al problema de la libertad caucional, y  es posible que con estos cambios tampoco la encuentre, concluyó.

 

 

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Pies de foto

 

 

 Foto 1

Manuel Bartlett, Sergio García Ramírez, Sergio Sarmiento y Jesús Zamora Pierce, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 

Foto 2

Pablo Alejo López, legislador del PAN, durante el Seminario “Perspectivas de reforma en materia de justicia penal y seguridad pública en México”.

 

Foto 3

Jesús Zamora Pierce participó en el debate sobre justicia penal y seguridad pública en México, efectuado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

 

Foto 4

Sergio García Ramírez señaló, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que las reformas legales no cambian el problema de la inseguridad en México.

 

Foto 5

Diego Valadés inauguró el Seminario “Perspectivas de reforma en materia de justicia penal y seguridad pública en México”, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.