Boletín UNAM-DGCS-444
Ciudad Universitaria
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EN GRAVES
PROBLEMAS EL CAMPO MEXICANO : DIEGO VALADÉS
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El director del IIJ reconoció que los
estudios jurídicos, sociológicos, antropológicos y económicos en materia
agraria son escasos en nuestro país
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Ricardo García Villalobos, presidente del
Tribunal Superior Agrario, aseguró que no hay corrupción en el campo de la
justicia agraria
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Para Rodolfo Veloz, magistrado del Tribunal
Superior Agrario, a 12 años de expedida, la Ley en la materia no ha propiciado
el desarrollo empresarial que se perseguía
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Se pretende elaborar una iniciativa de ley:
Manuel García, presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de
Diputados
A pesar de los graves
problemas que vive el campo en nuestro país, parecería que “se ha abdicado de
esa responsabilidad”, aseguró Diego Valadés, director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Reconoció que los estudios jurídicos en materia agraria
son escasos en nuestro país. Lo mismo sucede con los análisis sociológicos,
antropológicos y económicos. “Aquello que preocupó a los economistas mexicanos
en el siglo pasado, hoy ya no forma parte de su catálogo. Están más interesados
en los temas de la globalización que en las cuestiones internas de la
sociedad”, advirtió.
Al participar en la mesa
redonda “Problemas y perspectivas en la procuración e impartición de la
justicia agraria”, organizada por la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara
de Diputados y el IIJ, subrayó que el tema de la situación del campo en México
vuelve a ser objeto de reflexión responsable, seria y comprometida.
Resaltó que algunos de los
problemas que vive el campo hoy día son la falta de tecnología, créditos y
educación, así como la mínima defensa de los intereses de los campesinos en los
mercados extranjeros.
A su vez, Ricardo García
Villalobos, presidente del Tribunal Superior Agrario, informó que cada año esta
instancia recibe 38 mil juicios agrarios, lo que ha permitido crear una visión
de que la justicia en esta materia realmente existe.
Añadió que de los asuntos
recibidos hasta el momento, se han resuelto el 92.32 por ciento, y en la
actualidad están en procedimiento los restantes; es decir no hay rezago en
materia de justicia agraria ordinaria.
Aseguró que hoy día no hay
corrupción en el campo de la justicia agraria, pese a que interviene la
naturaleza humana como ingrediente vital. No hemos recibido denuncias ni de
organizaciones campesinas ni de particulares que presuman que hay falta de
probidad en la materia.
En tanto, el magistrado
Rodolfo Veloz, del Tribunal Superior Agrario, opinó que a 12 años de haberse
expedido la Ley Agraria y pese a las expectativas que supuso, no se ha
propiciado el desarrollo empresarial que se perseguía.
Por ello, agregó, es necesario
regresar al Estado como vigilante de la producción en el campo respecto a la
función social que debe cumplir la propiedad privada, porque la nación es
propietaria de todos los recursos naturales.
Sin embargo, aseveró, “si no se explotan los recursos, si
somos incapaces de hacer productiva la tierra, permaneceremos a la zaga, sobre
todo en este proceso de globalización que permite introducir productos
agroalimentarios de países desarrollados que subsidian a sus campesinos”.
En el auditorio Héctor
Fix-Zamudio del IIJ, el magistrado calificó como indispensable para el país
“regresar a nuestras raíces e impulsar la reapertura del reparto agrario”.
Sugirió que los diferentes
niveles de gobierno deberían canalizar recursos para jubilar a los trabajadores
agrícolas y hacer un reacomodo de esas superficies a favor de quienes abandonan
el campo para irse a Estados Unidos.
Admitió la necesidad de buscar
y perfeccionar una norma procesal agraria que simplifique la justicia, la haga
más eficiente y rápida, a fin de que los jornaleros tengan una legislación de
acuerdo con las condiciones culturales, económicas, sociales y políticas que
imperan en su medio.
A su vez, Manuel García
Corpus, presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados,
agradeció a los asistentes el hecho de que el tema agrario, que atañe a 25
millones de mexicanos que sobreviven en el medio rural, tenga eco y respuesta
en tiempos en que ese segmento parece abandonado a su suerte de manera
definitiva.
“Legisladores, intelectuales,
estudiosos y todos los que de una u otra forma se identifican con esos
compatriotas, que en su mayoría viven en condiciones de pobreza extrema, tienen
un compromiso que va más allá de ideologías, credos, militancias e intereses
políticos o de grupos personales”, expresó.
Comentó que los legisladores,
con apoyo de universitarios, elaborarán en breve una iniciativa de ley que
refleje la situación y atienda las necesidades del medio rural en el plano
legislativo.
Para Luis Hernández Palacios,
magistrado de los tribunales agrarios, el futuro del campo mexicano no sólo
está determinado por las transformaciones cristalizadas y condensadas en
instituciones legales que dieron paso a la reforma agraria y que conllevó a que
un país rural, al inicio del siglo XX, se haya convertido en urbano y donde la
conciencia y la percepción colectiva sobre su trascendencia dejó de tener
importancia.
Con ello se han ignorado
aspectos como la seguridad y la autosuficiencia alimentarias, que son temas de
salvaguarda nacional, concluyó.
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Foto 01
Legisladores,
académicos y magistrados agrarios participaron en la mesa redonda “Problemas y
perspectivas en la procuración e impartición de la justicia agraria”, que se
llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Foto 02
Diego Valadés, Rodolfo Veloz y Ricardo García Villalobos reconocieron que el tema de la situación del campo mexicano vuelve a ser objeto de reflexión responsable, seria y comprometida entre los diversos actores de la sociedad.