Boletín UNAM-DGCS-339
Ciudad Universitaria
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LAS LEYES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEBEN PROMOVER EL AVANCE DEL
CONOCIMIENTO
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Tiene que colocar en
segundo término el fomento de las relaciones con las empresas y las
administraciones públicas, señaló Pablo Ruiz Nápoles, del IIEC
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Martín Puchet, de la FE, informó que en los
últimos tres años el número de investigadores nacionales incorporados al SNI
creció 35 por ciento, lo mismo que en la década anterior
Las nuevas leyes de ciencia y tecnología
deberían centrarse en hacer avanzar el conocimiento y dejar en segundo término
el fomento de las relaciones con las empresas y las administraciones públicas,
advirtió Pablo Ruiz Nápoles, miembro del Instituto de Investigaciones
Económicas (IIEc) de la UNAM.
El experto afirmó que las normas
aprobadas por el Congreso de la Unión en abril del 2002, que introducen cambios
graduales en las instituciones dedicadas a la investigación científica, buscan
solucionar problemas para el desarrollo tecnológico, instrumentar políticas y
mejorar la calidad de las organizaciones.
En la conferencia Efectos de
las nuevas leyes de ciencia y tecnología, dijo que la principal repercusión de
esta legislación es la coordinación de las instancias de la administración
pública federal que cumple funciones en la materia.
Para ello, se creó el Consejo
General de Ciencia y Tecnología, se modificó la Junta Directiva del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y se le concedieron atribuciones
adicionales a su director general.
Mencionó que las nuevas disposiciones
esperan fomentar de manera efectiva la investigación en México y contribuir a
cumplir las metas de corto y largo plazo (2006 y 2025, respectivamente),
establecidas en el programa respectivo.
Tales iniciativas y el resultado final
apuntan a una reforma del sistema con efectos netos imprevisibles y el refuerzo
gubernamental en las decisiones sobre ciencia y tecnología.
Las cifras propuestas y su
composición reflejan los incrementos de la inversión pública en ambas
actividades y no los movimientos de carácter contable que se deberán hacer para
conformar el ramo respectivo.
Apuntó que la centralización
de responsabilidades y atribuciones en el Consejo General, presidido por el
titular del Ejecutivo, busca que las tareas de innovación tengan mayor
jerarquía en la administración, e imponer una coordinación presidencial de las
labores que desarrollan dependencias federales y entidades paraestatales.
El Consejo General será el
principal órgano rector de la política y de la coordinación de las funciones en
la materia dentro de la administración pública y hacia otras instituciones.
Recordó que la configuración
de las instancias gubernamentales se caracterizaba por una estructura que tenía
en su vértice a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En el nuevo ordenamiento la
directiva aparece en el nivel más alto y luego de dos ramas administrativas,
una para la ciencia y la tecnología y otra para la educación superior. La
articulación entre ambas se da por el Comité Intersectorial y de Vinculación de
la Educación Superior.
Dicha separación tiene tres
características: las orientaciones y las decisiones relativas a la generación
del conocimiento quedan fuera del ámbito de la SEP, aunque quizá retenga la
presidencia de la Junta de Gobierno.
Segunda, alrededor del 70 por
ciento de los científicos nacionales dependerán, en lo administrativo, de la
rama educativa.
Tercera, la constitución de la
red nacional de grupos y centros de investigación hará que los grupos de
expertos o dependencias que aspiren a recibir recursos del Conacyt, deberán
acogerse a los criterios y estándares de esa estructura.
Al respecto, Martín Puchet,
coordinador del Programa de Economía del Posgrado de la Facultad de Economía,
refirió que en los últimos tres años el número de investigadores nacionales
incorporados al Sistema Nacional de Investigadores alcanzó el 35 por ciento,
porcentaje similar al de los diez años anteriores.
“Cuando se presenten estas cifras a la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos se dirá que el
número de científicos creció 35 por ciento en tres años. Empero, la cifra de
académicos dedicados a hacer aportaciones originales no aumentó a esa velocidad
en México, porque la cantidad de doctores que produce el sistema y de quienes
ingresan al país no es tan elevada”, reconoció.
Además, el fondo tradicional
de fomento a los proyectos de investigación científica del Conacyt estaría en
unos mil millones de dólares. Al sumar los fondos mixtos y sectoriales creados,
el monto llegaría a dos mil 300 millones de dólares. Sin embargo, muchos
protocolos financiados con esos recursos no se abocan a ese esfuerzo, sino a
solucionar problemas de diversa índole.
“Quizá haya mayor
financiamiento que antes, pero no con empuje. Además, una parte importante de
esos fondos se destinan a servicios de consultoría”, finalizó.
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Martín Puchet, del Posgrado de la
Facultad de Economía de la UNAM, refirió que en los últimos tres años el número
de científicos nacionales en el Sistema Nacional de Investigadores alcanzó el
35 por ciento.
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Las nuevas leyes
de ciencia y tecnología debían centrarse en hacer avanzar el conocimiento, y no
en fortalecer a las empresas, advirtió Pablo Ruiz Nápoles, del Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM.