06:00 hrs. Enero 11 de 2004

 

Boletín UNAM-DGCS-023

Ciudad Universitaria

Pies de fotos al final del boletín

 

LA SEGURIDAD ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO NACIONAL: FERNANDO PIÑERA

 

·        Constituye una garantía para la libertad, la justicia y la convivencia social, indicó el académico de la ENEP Acatlán

·        Las acciones preventivas no evitan la comisión de los delitos, subrayó el jurista Augusto Sánchez Sandoval

·        Participaron en el Congreso Internacional de Política Criminal “La reducción del Estado nacional y las políticas transnacionales de seguridad”, efectuado en la UNAM

 

La articulación armónica de la seguridad es requisito indispensable para el desarrollo político, económico y cultural de las naciones, afirmó Fernando Piñera, profesor de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán.

 

Se trata, abundó, de una exigencia social y garantía para la libertad, la justicia y la convivencia comunitaria. Es un derecho inalienable de los seres humanos.

 

En la conferencia Irrenunciabilidad del Estado al fin esencial de la seguridad pública, efectuada en el Auditorio “Antonio Martínez Báez” de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, el consultor fiscal dijo que en los países donde se cuenta con más y mejores condiciones de protección, por lo regular se tienen mejores niveles de progreso.

 

Este resguardo es una demanda imprescindible para garantizar la soberanía, la independencia y la solidaridad internacional. Es un valor superior, cuyo mantenimiento y permanencia es una obligación estatal.

 

En México, precisó, este tema es prioridad de las más altas esferas de la administración pública y en la actualidad forma parte de las políticas estratégicas del Estado. Está consagrado en el artículo 21 constitucional, donde se define a la seguridad como una función sustantiva de los tres niveles de gobierno.

 

En tal sentido, este concepto en su doble acepción, nacional e interior, se gesta como un aval para la sociedad y un instrumento que preserve al individuo, a la familia y a los grupos sociales organizados de problemas internos que entorpezcan nuestro destino como nación, tales como la violencia, la corrupción, los ataques a la democracia y la criminalidad.

 

Por su parte, Augusto Sánchez Sandoval, académico de la ENEP Acatlán, al hablar sobre El sistema jurídico y la política criminal como generadores de incertidumbre y riesgo, comentó que en la República, ante la imposibilidad de dar respuestas concretas y rápidas a problemas estructurales específicos, las autoridades han preferido promulgar normas jurídicas para obtener efectos políticos inmediatos.

 

Generalmente, abundó, se cree que al tomar medidas preventivas respecto de algún riesgo, es posible evitarlo; sin embargo, la experiencia demuestra que no necesariamente es así, porque el futuro no puede controlarse.

 

Esas acciones no evitan la comisión de los delitos, pero consiguen un efecto psicológico al calmar la sensación de inseguridad individual o colectiva, destacó.

 

La colectividad actual cuenta con innumerables normas jurídicas que nadie conoce, pero se aplican bajo la presunción de que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. A mayor legislación, abundó, se amplía la posibilidad de transgresión. Por tanto, esa inflación legal genera mayores riesgos.

 

En su oportunidad, Elías Polanco Braga, de la ENEP Aragón, aseguró durante la conferencia La prevención como factor para reducir el índice criminal, que la política criminal tiene un papel de vital importancia, pues constituye un instrumento de cambio social que busca mayor relación entre los diversos sectores poblacionales.

 

Sin embargo, dijo, este concepto frecuentemente es desvirtuado y el Estado lo ha considerado como actividad meramente legalista.

 

“Ante cualquier fenómeno surge una ley o un decreto. El gobierno ha considerado que esta práctica es suficiente para alcanzar el bienestar social, olvidándose de una elaboración sistemática que comprenda un plan de desarrollo integral, en donde se atiendan todos los aspectos”, precisó.

 

Además, la falta de cultura jurídica en el país impide reducir los índices delictivos. Por ejemplo, en al inicio del procedimiento penal la víctima no tiene la orientación adecuada para interponer una denuncia o querella ante el Ministerio Público, lo que acarrea que muchos ilícitos no se investiguen, indicó.

 

En su oportunidad, Jesús Enrique Párraga, de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, dictó la ponencia Terrorismo de Estado y espejismo jurídico, donde consideró que “un Estado que abandona sus deberes sociales no le queda otro recurso para unir a la población, que mantenerla aprisionada por el miedo”.

 

Hoy día, dijo, el terrorismo es el instrumento ideal para este propósito. “De ahí nace su gran utilidad para el presente, pero ahí también están los recuerdos del pasado y probablemente el origen de los dolores del futuro”.

 

 

 

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PIES DE FOTO

 

Foto 1

La seguridad es requisito indispensable para el desarrollo político, económico y cultural de las naciones; constituye una garantía para la libertad, la justicia y la convivencia social, afirmó Fernando Piñera, profesor de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) Acatlán.

 

Foto 2

Augusto Sánchez Sandoval, académico de la ENEP Acatlán, comentó que en la república, ante la imposibilidad de dar respuestas concretas y rápidas a problemas estructurales específicos, las autoridades han preferido promulgar normas jurídicas para obtener efectos políticos inmediatos.

 

Foto 3

Elías Polanco Braga, de la ENEP Aragón, aseguró que la política criminal tiene un papel de vital importancia, pues constituye un instrumento de cambio social que busca mayor relación entre los diversos sectores poblacionales.

 

Foto 4

Jesús Enrique Párraga, de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, dictó consideró que “un Estado que abandona sus deberes sociales no le queda otro recurso para unir a la población, que mantenerla aprisionada por el miedo.