Boletín UNAM-DGCS-951
Ciudad Universitaria
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Pies de fotos al
final del boletín
URGENTE,
GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LAS ETNIAS
DEL PAÍS
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Ello se lograría con el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y la eficiencia en la
procuración de justicia, aseguró la socióloga Natividad Gutiérrez Chong
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La investigadora del IIS dijo que estos
grupos están expuestos a distintas manifestaciones de violencia, como las
masacres genocidas
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Por lo general, las
víctimas de estas matanzas son mujeres y niños, porque hay un deseo explícito
de destruir las raíces comunitarias
Para que masacres contra
grupos indígenas mexicanos –como las de Acteal, Chiapas y Agua Fría, Oaxaca– no
se repitan, y por tratarse de un sector de la población en riesgo constante, es
indispensable encontrar los mecanismos e instrumentos necesarios para darle a
los grupos étnicos “una protección especial”, aseguró la socióloga Natividad
Gutiérrez Chong.
La integrante del Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, refirió que si un grupo social vive
en peligro permanente y es continuamente victimado, requiere particular
protección por parte de las autoridades e instituciones de seguridad pública,
porque detrás de esas agresiones perviven diferencias culturales, étnicas y
raciales, continuamente exacerbadas por conflictos relativos a la posesión de
recursos naturales.
Gutiérrez Chong, quien en los últimos diez años se ha
dedicado al análisis de las etnias del sureste, informó que de 1995 al 2002 se
han registrado en México cuatro masacres genocidas –definidas como actos o
intentos de destrucción física de una población y de sus bienes, sin importar
el número de víctimas–, ellas son: Aguas Blancas, Acteal, El Charco y Agua Fría.
Reconoció que los
indígenas están doblemente expuestos, pues a los efectos de los desastres
naturales debe sumársele la discriminación, racismo y falta de oportunidades.
Todo ello no es obra de la casualidad y responde a malas decisiones políticas o
a la falta de ellas, por la tolerancia a la violencia o complicidad de las
autoridades.
Por lo general, las víctimas de las matanzas son mujeres
y niños, porque hay un deseo explícito de destruir la raíz comunitaria: “No
sólo se trata de un homicidio, sino de liquidar al grupo social por distintas
razones”, explicó. Además, al comparar las masacres ocurridas en nuestro país
con otras en el mundo, se observa que casi siempre la violación contiene una
simbología de tipo sexual explícita.
Esta investigación surgió al plantearse la posibilidad de
que la visibilidad política y el activismo indígena constituyesen asuntos de
seguridad nacional. A este respecto, se observó que las distintas competencias
federales y judiciales, en el caso de Acteal y Agua Fría, actuaban en
complicidad y toleraban la violencia contra esos grupos: “Pareciera como si el
Estado estuviera en contra de estas etnicidades y no al revés”, señaló.
Las amenazas contra nuestro país, afirmó, no proviene de
las poblaciones autóctonas, sino de los grupos paramilitares armados con
protección judicial.
Reconoció que hasta el momento, en los casos de Acteal y
Agua Fría hay detenidos y se han integrado expedientes voluminosos, pero no se
han establecido las causas ni los móviles de ambos crímenes. Ello no es raro en
México ni en el mundo: “Ningún genocidio ha sido explicado en su totalidad.
Incluso hay quienes niegan que el Holocausto haya sucedido”.
Explicó que según la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio, de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), esta agresión implica acciones que destruyen o intentan destruir
físicamente, ya sea matando a miembros del grupo racial, étnico o religioso;
causando daño, físico o mental, o imponer medidas para evitar nacimientos.
Cuando se construye una amenaza contra la gente, ésta
sabe que ocurrirá algo; hay un clima de violencia y peligro inminente, y la
población, organismos y asociaciones dan cuenta de ello y alertan a las
autoridades o a la opinión pública. “Es como si supieran que sucederá un
huracán y las autoridades no hacen nada; dejan que la población sufra daños de
distintas magnitudes”.
Ahí se demuestra la injerencia del Estado como cómplice,
como un garante incapaz de evitar las hostilidades. En Acteal hay evidencias de
una complicidad gubernamental por la forma como se desarrollaron los hechos. En
la preparación y ejecución del ataque, los agresores actuaron bajo las órdenes
de un comando militar.
Ahí se observan distintas etapas: primero se construye un
clima de riesgo, desde un punto de vista sociológico, y después hay
intervención estatal, lo que ayuda a entender por qué una población es más
vulnerable que otra.
A pesar de que en Acteal y Agua Fría hay patrones
comunes, son casos diferentes. En el primero, se presentan conflictos previos y
una rivalidad religiosa entre católicos y protestantes. En el segundo, existen
causas de diversa índole, como la ocupación de los bosques y su manejo, el
control del narcotráfico y la aparición de grupos paramilitares; pero no hay
disputa interétnica o interreligiosa
Ambas situaciones afectan al país en la medida en que las
transgresiones son ejercidas por grupos tolerados por las autoridades o por
ellas mismas. Ello genera un clima de ingobernabilidad, de hacerse justicia por
propia mano; es, en otras palabras, una forma para exterminar a un pueblo.
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PIES DE FOTO
Foto 1
Natividad Gutiérrez Chong, del
Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, informó que de 1995 al 2002
en México se han reconocido cuatro masacres genocidas: Aguas Blancas, Acteal, El Charco y Agua Fría.
Foto 2
La amenaza para nuestro país no
proviene de las poblaciones indígenas, sino de los grupos paramilitares
armados, que tienen protección judicial, consideró la socióloga universitaria
Natividad Gutiérrez Chong.