Boletín UNAM-DGCS-894
Ciudad Universitaria
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Pies de fotos al final del boletín
LA CONSTITUCIÓN DETIENE LA PRIVATIZACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO: SAXE-FERNÁNDEZ
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De darse, ocasionaría una crisis política, económica,
social y de seguridad similar a la que se dio en Argentina, opinó el integrante
del CEIICH
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Sarahí Angeles, del IIEc, consideró que la
política de fast track para completar el proceso de privatización que aplica el
gobierno se debe a las presiones de EU
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Los ingresos fiscales del petróleo mantienen
el pago del servicio de la deuda externa mexicana, señaló Eric Toussaint
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No se puede nacionalizar la generación de la
electricidad, opinó Antonio Gershenson
Si se hacen a un lado los
obstáculos constitucionales formales que aún persisten, la privatización del
sector energético tendría consecuencias devastadoras para el país, aseguró John
Saxe-Fernández, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades (CEIICH) de la UNAM.
Explicó que los ingresos que
obtiene Petróleos Mexicanos y los pagos que realiza al fisco, la convierten en
la primer fuente de financiamiento del presupuesto federal, así como en la más
importante entrada de divisas no condicionadas del país, y no se comparan con
lo que representaría la venta de esa empresa paraestatal.
Al participar en la mesa redonda Recursos
Naturales y Energía, dentro del Seminario Internacional Imperialismo,
mundialización y desarrollo, advirtió que de privatizarse este sector se daría
una crisis total, política, económica, social y de seguridad, similar a la que
se dio en Argentina, “lo cual estaría muy próximo en el horizonte nacional”.
Señaló que si Pemex fuera
vendida en 150 mil millones de dólares, la inversión provendría de diversas
empresas, con la mínima expectativa de ganancias del 20 por ciento, y la
economía nacional sería “ordeñada en una magnitud de 30 mil millones de dólares
anuales”.
Por ello, sostuvo que llevar
el sector energético al piso de remates ya de manera abierta es, de facto, la
privatización en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad
(CFE). Ello se debe al interés geoestratégico de las empresas norteamericanas
en el petróleo mexicano, el cual está afectado de manera directa por el decreto
expropiatorio de 1938.
El interés del empresariado
estadounidense en los hidrocarburos nacionales se ha acentuado con el tiempo,
sobre todo con el agotamiento de sus reservas de petróleo convencional. En 1973
hubo un embargo petrolero que causó un trauma estratégico para EU, ya que
siendo un exportador del recurso, para ese año importaba ya el 25 por ciento
del que consumía.
Al tomar la palabra, Sarahí
Angeles, del Instituto de Investigaciones Económicas, consideró que la política de fast track de privatización se debe
a las presiones norteamericanas y en particular a las del grupo petrolero
militar que representa el gobierno de George W. Bush, para pasar el dominio de
los energéticos a corporaciones de ese país.
Sostuvo que el sector energético
en nuestro país se encuentra en una situación vulnerable, pues las políticas
seguidas desde la incorporación de México al modelo neoliberal han llevado a un
debilitamiento del sector.
La economista universitaria
dijo que la globalización y los cambios registrados en el uso de combustibles,
la llamada “tercera revolución tecnológica”, las transnacionales petroleras y
el predominio de EU, han impedido el paso a un nuevo modelo energético.
A su vez, el politólogo Eric
Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda Externa del
Tercer Mundo, comentó que mientras México tenga ingresos fiscales a través del
petróleo puede mantener sus pagos por el servicio de la deuda externa. Sin
embargo, cualquier desestabilización podría provocar una crisis de pagos.
Recalcó que las naciones de
América Latina no deben esperar otra crisis de pagos para volver a emprender la
lucha para la condonación de la deuda externa: “Tal transferencia es
suficientemente nefasta para las economías y los pueblos de la región”,
aseveró.
Toussaint recordó que Estados
Unidos atravesó una crisis en los años 2001 y 2002, y hoy parece que quiere
hacer pagar a las demás naciones las políticas para sanear su economía y
consolidarla.
La crisis ha supuesto la
pérdida de los valores de Wall Street en casi el 50 por ciento, situación que
implica la bancarrota para empresas importantes de esa nación y una situación
en la que casi la totalidad de las corporaciones están al borde del colapso
debido a su alto nivel de endeudamiento.
En su oportunidad, Antonio Gershenson,
director de Alumbrado Público del Distrito Federal, señaló que la generación de
electricidad no se puede nacionalizar. Desde hace varios años más del 90 por
ciento de la nueva capacidad instalada del país ha sido a través de empresas
privadas que le venden energía a la CFE, lo cual provoca una situación
conflictiva en varios sentidos.
“Desde el punto de vista de la
Constitución Política no se cumple lo que en ella se establece y, por otro
lado, no hubo inconformidades ni el inicio de procesos legales para que tal
situación se derogara antes de que prescribiera el derecho de hacerlo”.
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PIES DE FOTO
Foto 1
El investigador
universitario John Saxe-Fernández opinó que si Pemex fuera vendida en unos 150
mil millones de dólares, la economía nacional sería “ordeñada en una magnitud
de 30 mil millones de dólares anuales”.
Foto 2
Sarahí Ángeles,
del Instituto de Investigaciones Económicas, señaló que el sector energético en
nuestro país se encuentra en una situación vulnerable, pues las políticas
seguidas desde la incorporación de México al modelo neoliberal han llevado a un
debilitamiento del mismo.
Foto 3
Mientras México
mantenga ingresos fiscales a través del petróleo podrá sostener sus pagos por
el servicio de la deuda externa. Sin embargo, cualquier desestabilización
provocaría una crisis de pagos, comentó Eric Toussaint, presidente del Comité
para la Anulación de la Deuda Externa del Tercer Mundo.
Foto 4
Al participar en
la mesa redonda Recursos Naturales y Energía, organizada por el CEIICH, Antonio
Gershenson, director de Alumbrado Público del Distrito Federal, dijo que la
generación de electricidad no se puede nacionalizar.