11:00 hrs. Noviembre 11 de 2003

 

Boletín UNAM-DGCS-852

Ciudad Universitaria

 

 

Pies de fotos al final del boletín

 

NECESARIO NUEVO PARADIGMA DE PLANEACIÓN URBANA

 

·        En México, casi el 75 por ciento de los habitantes se concentra en las urbes; este fenómeno también se presenta en los países más desarrollados del mundo

·        Esta disparidad espacial repercute directamente en la concentración de los medios de consumo colectivo y provoca desarrollo regional desequilibrado

·        El ordenamiento del territorio debe ser parte de la reforma integral del Estado

 

Casi el 75 por ciento de los habitantes de México se concentra en las urbes, fenómeno que también se presenta en los países desarrollados, donde puede alcanzar una tasa de urbanización promedio del 80 por ciento, aseguró Miguel García González, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

 

La población urbana mexicana se distribuye en 58 zonas metropolitanas de la República, las cuales integran 230 municipios y 16 delegaciones políticas en el Distrito Federal, informó.

 

Esta disparidad espacial repercute en forma directa en el grado de concentración de los medios de consumo colectivo y provoca desarrollo regional desequilibrado, apuntó durante la conferencia La Gestión Urbana en México.

 

Este fenómeno –producto de la división social del trabajo– combina desarrollo y subdesarrollo en un mismo espacio,  por lo que se observa crecimiento anárquico y obliga a revisar el paradigma vigente de la planeación de las ciudades.

 

Afirmó que la gestión urbana se presenta bajo esta perspectiva como una función ineludible, indeclinable e imperativa para los gobiernos; la tarea de “hacer ciudad” debe ser un proceso de hechura de políticas con orientación público-social, para resolver los asuntos comunes.

 

Es imperativo que la planeación de las ciudades en México sea considerada como asignatura pendiente, donde la relación dialéctica que se presenta, nos obliga a buscar e implementar fórmulas ingeniosas, integrales e incluyentes para enfrentar múltiples problemas.

 

Algunos de los retos son: asentamientos precarios irregulares, incremento de la pobreza urbana, concentración y deterioro de los medios de consumo colectivo y desorden general en los usos del suelo.

 

Por su parte, José López Flores, director de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, habló sobre la experiencia en materia de administración y acción territorial de nuestro país.

 

Indicó que este ámbito no es nuevo; México tiene una larga tradición en materia de aplicación de políticas tanto en el área urbana como en la regional. Éstas han sido orientadas hacia una acción específica sobre nuestro territorio.

 

De acuerdo con el también politólogo, estas políticas se han adecuado a los diferentes momentos históricos, como la Reforma Agraria de 1917 y la nacionalización del petróleo en 1949, hasta llegar finalmente a su institucionalización en 1976. De esta manera, se pueden identificar cuatro periodos históricos en torno a la administración del territorio en México: 1915-1940, 1940-1970, 1970-1976, 1976-1988.

 

En la última etapa, indicó, con la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en 1976, el Estado institucionalizó las políticas para el desarrollo urbano y regional. Además, estableció la planificación como proceso para la toma de decisiones en los tres ámbitos de gobierno, considerando a la Ley General de Asentamientos Humanos como parte aguas en la historia nacional en lo referente a la administración del territorio.

 

En 1978, continuó, se promulga por primera vez un Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales subsecuentes; a partir de estas acciones emana todo el escenario de planificación que conocemos actualmente; es decir, los planes regionales, estatales y municipales de desarrollo urbano que se realizan desde 1979.

 

Sin embargo, en 1988 se abre un espacio en donde se deja de planificar en nuestro país, pues las tendencias y políticas económicas mundiales rebasan las políticas locales, las cuales quedan supeditadas. 

 

Con esta experiencia, apuntó López Flores, el ordenamiento del territorio se convirtió en un asunto de Estado y por ello debe ser parte actual de la reforma integral del mismo; el hecho de que el Estado otorgue una visión estratégica al territorio y promueva la implementación de un proyecto territorial, implica que nuestro país retome toda la experiencia de estos instrumentos de carácter fiscal y legal, acumulados desde 1917.

 

Manifestó la importancia de que la actual política de ordenamiento territorial retome lo mejor de estos instrumentos y lo aplique en el contexto actual de la vida nacional, sin dejar de considerar las condiciones internacionales.

 

En su oportunidad María Estela García, de la FCPyS, señaló que en México existe un desorden territorial lacerante, con una población vulnerable a las problemáticas provocadas precisamente por ese fenómeno; además no hay alianzas políticas para enfrentarlo de manera contundente.

 

 

De acuerdo con la académica, el ordenamiento territorial implica un proceso donde se integran los diferentes componentes de la sociedad; es decir, el orden no sólo debe darse en materia de vivienda, sino también en la cuestión económica, social, psicológica y política, entre otras.

 

Apuntó que el problema del ordenamiento urbano se debe discutir bajo un enfoque multidisciplinario: cada disciplina debe intervenir desde su propia perspectiva para enfrentar los diversos problemas que padece la ciudad: inseguridad, delincuencia, impunidad e ineficiencia en el transporte, entre otros. El ordenamiento territorial es una función del Estado; es su obligación, porque la sociedad le ha otorgado el poder.

 

 

 

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FOTO 1

La población urbana mexicana se distribuye en 58 zonas metropolitanas, informó Miguel García, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

 

FOTO 2

José López, director de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana, comentó en la UNAM que México tiene una larga tradición en materia de administración y acción territorial