16:00 hrs. Mayo 16 de 2003

 

Boletín UNAM-DGCS-375

Ciudad Universitaria

 

 

Pies de foto al final del boletín

 

PROPICIA LA CORRUPCIÓN AUSENCIA DE INSTITUCIONES CLARAS Y SÓLIDAS

 

·        Cristopher Ballinas, de la FCPyS, consideró necesario que las leyes se apliquen cabalmente, de forma que el administrador público piense más en el riesgo que en la ganancia por corromperse

·        Para Rafael Martínez Puon, de la misma Facultad, la corrupción se refleja en la falta de credibilidad y confianza en las instituciones gubernamentales y administrativas por parte de la sociedad

·        Participaron en la mesa redonda “La importancia del combate a la corrupción en México. Proyectos de investigación, financiamiento y apoyo técnico”

 

La ausencia de instituciones claras y sólidas, acordes con un sistema democrático, sigue contribuyendo a la existencia de fenómenos como la corrupción. Ante este grave problema, se requiere un fortalecimiento institucional y la construcción de una nueva cultura democrática y cívica, elementos que contribuirán a la gobernabilidad y a la consolidación democrática que nuestro país requiere, señalaron especialistas.

 

En la mesa redonda “La importancia del combate a la corrupción en México. Proyectos de investigación, financiamiento y apoyo técnico”, organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, Cristopher Ballinas, del Centro de Estudios de Administración Pública de esa dependencia, consideró necesario que las leyes se apliquen cabalmente, no que se hagan nuevas, de forma que el administrador público piense más en el riesgo que en la ganancia por corromperse.

La lucha contra ese fenómeno, opinó, debe darse para favorecer el desarrollo del país; por ende, se requiere no sólo la acción del gobierno, sino la participación de la sociedad, “porque no puede hacerse de manera improvisada”.

 

La corrupción supone un beneficio individual para quien la practica, donde se violan obligaciones o reglas con el objeto de obtener beneficios adicionales que no se derivan de la posición o cargo propio, lo cual crea un daño para la sociedad, que paga los costos.

 

Aunque suele verse como un problema de perversión exclusivo del sector público, aclaró Ballinas, puede alterar reglas, instituciones y costumbres que envuelven, incluso, la vida cotidiana. Ahoga la economía nacional, pues distorsiona los procesos de decisión política y afecta los proyectos de inversión, sobre todo los destinados al desarrollo, incrementando la financiación del gobierno para combatirla.

 

Para enfrentar la corrupción política, pública y privada, es necesario evitar su oportunidad, es decir, que el administrador público sepa que si se le presenta la posibilidad de caer en un acto de ese tipo, es posible que sea descubierto y, en su caso, sancionado.

 

“Si logramos minimizar que quiera corromperse controlaremos la corrupción. Si le cerramos las puertas con nuevos procesos, formas de administración pública, la estaremos evitando”, aseguró.

 

En su oportunidad, Rafael Martínez Puon, también de la FCPS, aseguró que uno de los principales problemas que padecen los países latinoamericanos, en su mayoría en vías de consolidación democrática, es un déficit institucional, de reglas del juego formales e informales que contribuyen a la convivencia entre los miembros de la sociedad y a la relación de ésta con el Estado.

 

La corrupción se refleja en la falta de confianza en las instituciones gubernamentales y administrativas por parte de la sociedad. Así lo muestra la Encuesta Anual “Latinobarómetro” 2000, que reveló que la Iglesia, la televisión y las fuerzas armadas tienen los mejores porcentajes de credibilidad (con 71, 45 y 38 por ciento, respectivamente); en tanto, la policía, la administración pública, el poder judicial, y los partidos políticos, tienen los peores porcentajes de confianza (con 33, 25 y 19 por ciento).

 

En México, según la Encuesta Mundial de Valores, la sociedad confía “mucho o algo” en el Ejército (51 por ciento) y la Iglesia (80 por ciento), y menos en la policía (29 por ciento), los partidos políticos (24 por ciento), y diputados y burocracia en general (20 por ciento).

 

Según Transparencia Internacional, abundó Martínez Puon, el índice de percepción de corrupción para el 2001, ubicó a México en el lugar 51 de 90 países, con calificación de 3.7; mientras en el 2002, ocupó el 57 de 102, con 3.6. De acuerdo con el Instituto Internacional para la Gestión y el Desarrollo, el país  tiene una calificación del 2.12 en incidencia de corrupción y soborno, ocupando la posición 38 entre 47 naciones.

 

Los países miembros de la OCDE han diseñado principios para una gestión ética en el servicio público, como complementos a la recomendación de una infraestructura ética, entre los cuales se encuentra que los estándares de ese tipo deben estar reflejados en el sistema legal.

 

Asimismo, los funcionarios deben conocer sus derechos y obligaciones cuando descubran una mala conducta; el compromiso político con la ética debe reforzar su actuación y los procesos de toma de decisiones deben ser abiertos, transparentes y sometidos a inspección.

 

En ese sentido, el gobierno mexicano ha tomado medidas que recogen sugerencias de la OCDE, como el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y el Modelo Estratégico para la Innovación Gubernamental, que propone la creación de un código de conducta para las dependencias.

 

La lucha contra la corrupción federal, normativamente hablando, gira en torno a las leyes de Responsabilidades Administrativas, Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental; de Fiscalización Superior de la Federación (o de supervisión directa del Legislativo sobre el Ejecutivo); del Servicio Profesional de Carrera y de Procedimiento Administrativo, finalizó Martínez Puon.

 

 

Por su parte, Arturo del Castillo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), analizó las causas del problema con base en técnicas cuantitativas o econometría, de los “índices de corrupción y buen gobierno” de Transparencia Mexicana y la Encuesta Nacional de Empresa-Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

 

Tales índices muestran que las entidades con menos casos de esta práctica nefasta son Colima, Baja California Sur y Aguascalientes; y las más son el DF, Estado de México y Guerrero. Según los primeros resultados de la investigación, la densidad poblacional podría ser una de las variables que expliquen el fenómeno.

 

En Guerrero, por ejemplo, más del 60 por ciento de la gente se concentra en dos ciudades: “a mayor población los servicios públicos tienden a saturarse y, en consecuencia, aumenta el ofrecimiento de sobornos”, aseguró.

 

Otra podría ser la variable etnolingüística. Ello podría obedecer a que funcionarios favorecen a sus comunidades, o bien, donde el español no es la única lengua. En relación con el PIB per capita estatal, también parece haber relación, no así con la democracia o alternancia de poder en el Ejecutivo.

 

En especial, tienen que ver las percepciones, porque cuando se tiene la idea de que una organización es corrupta hay predisposición para incurrir en actos de ese tipo. Si es así, “hay un problema serio de imagen corporativa por parte del gobierno”, concluyó.

 

Finalmente, Jim Wesberry, del Proyecto Atlatl, financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional, para el combate a la corrupción en México, refirió que los enemigos de la gobernabilidad son la leptocracia o “gobierno de ladrones”, donde las ganancias de ese tipo de actos son consideradas parte del sueldo y todo mundo los comete.

 

Otros adversarios son el partido político corrupto, que usa el poder del Estado; la “irresponsabilidad”, es decir, el rechazo a responder ante una autoridad más elevada; la desinformación o información falsa en la toma de decisiones, y la impunidad o ausencia de investigación y castigo de los actos corruptos.

 

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Foto 1

Cristopher Ballinas, del Centro de Estudios de Administración Pública de la FCPyS, aseguró que la lucha contra la corrupción debe darse como una forma para favorecer el desarrollo del país.

 

 

Foto 2

Rafael Martínez Puon, también de la  FCPyS, informó que de acuerdo con la Encuesta Anual “Latinobarómetro” la Iglesia, la televisión y las fuerzas armadas, tienen mayor credibilidad que la policía, la administración pública y el poder judicial, y los partidos políticos.

 

 

Foto 3

El integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Arturo del Castillo, dijo que las entidades menos corruptas son Colima, Baja California Sur y Aguascalientes; y las menos el DF, Estado de México y Guerrero.

 

 

Foto 4

Los enemigos de la gobernabilidad son la leptocracia o “gobierno de ladrones”, donde las ganancias de ese tipo de actos son consideradas parte del sueldo y todo mundo los comete, aseguró Jim Wesberry, del Proyecto Atlatl (financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional, para el combate a la corrupción en México).

 

 

Foto 5

Rafael Martínez Puon, Jim Wesberry, María Elena Franco, Arturo del Castillo, y Cristopher Ballinas participaron en la mesa redonda “La importancia del combate a la corrupción en México. Proyectos de investigación, financiamiento y apoyo técnico”, organizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.