Boletín UNAM-DGCS-299
Ciudad Universitaria
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PADECEN HAMBRE Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA MÁS DE 815 MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO
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Gerardo
Pisarello, de la Universidad Central de Barcelona, aseguró que los derechos a
la vida, a la integridad física y a la salud, están en juego cuando se habla de
la garantía a la alimentación
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La
activista en derechos humanos, Alicia Carriquiriborde, destacó que no tenemos
los elementos para garantizar el derecho a la alimentación
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Sirve
de poco que muchos derechos sociales estén garantizados en la Constitución, si
no hay un mecanismo que permita hacerlos efectivos: Antonio Caballero, del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
En la actualidad, más de 815 millones de
personas sufren de hambre y desnutrición crónica en el mundo y alrededor de 36
millones mueren por enfrentar estos problemas de manera directa o indirecta
cada año; además, cada segundo un menor de 10 años pierde la vida por sus
efectos, denunció Gerardo Pisarello, de la Universidad Central de Barcelona,
España.
Agregó que la desnutrición genera discapacidad
para la vida en los niños, ya que sus células cerebrales no se desarrollan, las
malformaciones físicas se potencian, así como la ceguera y todo tipo de
enfermedades, que se vuelven casi una rutina.
Al participar en la mesa redonda “Derecho a la
alimentación y crisis del campo mexicano”, organizada por el Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ), aseguró que los derechos a la vida, a la
integridad física, a la salud, y otros no sólo de carácter social sino civil y
político, están en juego cuando se habla de la garantía a la alimentación.
“Todo esto pasa en un mundo que hoy es más rico que nunca y que tiene la
capacidad para producir mayor cantidad de alimentos que antes, con los cuales satisfacer
el problema del hambre global”, enfatizó en el aula de seminario Guillermo
Floris Margadant del IIJ.
Señaló que la falta del derecho a la vivienda,
así como a los de carácter social y a los fundamentales en general, no es un
problema de imposibilidad jurídica sino de voluntad política. Sólo así se puede
explicar que después de la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996, celebrada
en Roma, Italia, se hayan registrado pocos avances en la materia.
El profesor español de derecho constitucional
resaltó que el hambre, como la pobreza, es un problema eminentemente rural, ya
que alrededor del 75% de las personas que se encuentran en condiciones de
extrema pobreza pertenece a este ámbito, por lo que si bien es cierto que la
carencia de un derecho a la alimentación ataca a habitantes de zonas urbanas,
daña en mayor medida a las del campo.
Abundó sobre las causas de este fenómeno, al
mencionar el ejemplo de Brasil, en donde el 2% de los propietarios de tierra
concentran el 56% de la superficie, gran parte de la cual permanece
improductiva.
Dijo, por otro lado, que la participación de
los movimientos sociales es fundamental en la exigencia de los derechos, sobre
todo cuando las garantías institucionales son bloqueadas en contextos
determinados.
Si estos movimientos desempeñan un papel
central en la garantía de los derechos sociales como el de la alimentación, a
los juristas “nos preocupa que sean clasificados como criminales y presentados
como los que vulneran el Estado de Derecho, cuando en realidad quienes lo
quebrantan son aquellos que no garantizan las potestades ciudadanas”.
Gerardo Pisarello reconoció que “el hambre es
una forma silenciosa de masacre que debe ser detenida y una realidad
intolerable en el mundo actual”.
Por su parte la activista en derechos humanos,
Alicia Carriquiriborde, sostuvo que el problema de la soberanía alimentaria en
México es una cuestión que se puso “de moda” hace varios años.
Empero, se trata de una realidad concreta que
se ha perdido desde que las importaciones de granos básicos ascienden a un
porcentaje muy importante y hoy, frente al desastre de la guerra, se preguntó:
¿qué vamos a hacer si dependemos en gran medida de lo que nos vende Estados
Unidos?
“Nadie piensa en eso. Estamos ante una
situación terrible, y es claro tanto
para activistas y partidos políticos como para diversos sectores de la
sociedad, que en el pasado no hubo políticas correctas de inversión y
protección”, afirmó
Es lamentable, consideró Carriquiriborde, que
en la actualidad “no tengamos un recurso legal que podamos utilizar para
demandar el cumplimiento del derecho a la alimentación”.
Cuando el ciudadano común piensa en comer se
preocupa por lo que cuesta la comida, si puede acceder a ese alimento, y no si
es un derecho humano o no. En todo caso, maldice a quienes aumentan los precios
y provocan la inflación, pero no lo visualiza como un derecho.
En su oportunidad el investigador del IIJ,
Antonio Caballero, coincidió en que sirve de poco que muchos derechos sociales
estén garantizados en la Constitución si no hay un mecanismo que permita
hacerlos efectivos. Por ello, el acceso a los tribunales para obligar, en su
caso, a las autoridades administrativas a hacerlos efectivos debe entenderse
como una situación fundamental.
Por último, Christian Courtis, profesor de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina, reconoció que en los últimos 10 años ha
habido un mayor interés en definir el contenido de los derechos sociales
existentes en diversos instrumentos internacionales.
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FOTO 1
En la actualidad más de 800 millones
de personas en el mundo sufren de hambre y desnutrición crónica, advirtió
Gerardo Pisarello, de la Universidad Central de Barcelona, al participar en la
mesa redonda “Derecho a la alimentación y crisis del campo mexicano”,
organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
FOTO 2
La actividad en derechos humanos,
Alicia Carriquiriborde, sostuvo que en México el problema de la soberanía
alimentaria es una cuestión que se puso de “moda” hace varios años. Participó
en la mesa redonda “Derecho a la alimentación y crisis del campo mexicano”,
organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
FOTO 3
Antonio Caballero, académico del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que no es
conveniente que muchos derechos sociales estén garantizados en la Constitución
si no hay un mecanismo que permita hacerlos efectivos. Participó en la mesa
redonda “Derecho a la alimentación y crisis del campo mexicano”, organizada la dependencia
universitaria.
FOTO 4
Christian Courtis, profesor de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina, participó en la mesa redonda “Derecho a la alimentación y crisis del
campo mexicano”, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM.