Boletín UNAM-DGCS-234
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LA ACTUAL LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA NO GARANTIZA EL APOYO A ESTOS RUBROS
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El sólo marco normativo no asegura de
ninguna manera lograr mejor vinculación entre los sectores productivo y
académico: Jaime Martuscelli Quintana
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Es necesario aumentar el presupuesto
destinado a dichas actividades, aseguró el coordinador de Asesores de Rectoría
de la UNAM
La Ley de Ciencia y Tecnología, así como la Ley
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aprobadas por
la Cámara de Diputados en abril del año pasado, no son garantía de que la
investigación científica y tecnológica reciba el apoyo que requiere,
prerrequisito indispensable del desarrollo del país, indicó Jaime Martuscelli
Quintana.
El solo marco normativo no asegura de ninguna
manera –esto ha quedado demostrado en el pasado–, lograr mejor vinculación
entre los sectores productivo y académico; tampoco la consolidación de las
estructuras científicas, aseveró el coordinador de Asesores de Rectoría de la
UNAM.
La única posibilidad de mejorar
dicha situación es que aumente el presupuesto destinado a esos rubros, resaltó
durante la conferencia “Implicaciones de las nuevas leyes de ciencia y
tecnología y la Ley Orgánica del Conacyt”, que ofreció en el Auditorio “A” de
la Facultad de Química de esta casa de estudios.
“El gran problema de este país, para
mi gusto, es que tenemos un solo ente que apoya la ciencia y la tecnología”,
sostuvo, y agregó que en Estados Unidos, por ejemplo, solamente hay un
organismo que ayuda a la investigación básica, la National Science Fundation,
la cual tiene un presupuesto de mil millones de dólares; pero, adicionalmente,
cuenta con los Institutos Nacionales de Salud, cuyo presupuesto asciende a más
de 20 mil millones de dólares.
Aunque lo más interesante, agregó, es que en
nuestro vecino del norte tiene varias decenas de miles de fundaciones que
apoyan la ciencia y la tecnología, a las cuales recurren frecuentemente los
investigadores.
En México, comentó, la filantropía no ha
llegado a esos límites, “y el único cajón que tenemos para desarrollar ciencia
básica, me temo, son sus propias dependencias o el Conacyt”.
Aún así, el funcionario universitario dijo
sentirse optimista sobre la reglamentación actual. Agregó que habrá que seguir
luchando y presionando, sobre todo a través del Foro Consultivo, Científico y
Tecnológico, en el cual se aglutinan justamente los órganos consultivos en
materia de ciencia y tecnología que existían hasta antes de emitirse las leyes
mencionadas.
Dichas leyes fueron aprobadas por unanimidad,
–reuniendo las funciones de todos aquellos–, pero simplificadas y orientadas a
cuestiones estratégicas, y con el propósito primordial de mejorar la eficiencia
de la función consultiva.
Muchos de los aspectos contemplados en ambos
ordenamientos jurídicos, explicó, tratan de cristalizar los esfuerzos
realizados en los últimos 30 años, así como de recoger las demandas muy
sentidas de la comunidad científica y tecnológica respecto a los apoyos que
nosotros consideramos indeclinables por parte del Estado mexicano.
En el Ciclo de Conferencia Semanales La ciencia
más allá del aula, coordinado por Lena Ruiz Azuara, de la FQ, refirió que fue
hasta diciembre de 1970 cuando se creó el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt). Este, manifestó, fue el primer acto de gobierno de Luis
Echeverría Álvarez como presidente de la República.
“Fue un gesto
que la comunidad científica –entre ellas la académica- realmente apreció, particularmente
porque la ciencia se ha desarrollado en especial por las universidades y, en
mucho, por las públicas”, destacó Martuscelli.
Seis años después, abundó, se formuló el primer
programa del gobierno federal encaminado al desarrollo de esos dos rubros;
Después, se elaboraron los de 1978, 1984, 1990, 1995 y, actualmente, tenemos el
de 2001-2006.
Sin embargo, expresó, “durante los tres
primeros no había una ley que obligara al Conacyt a elaborar el Programa
Nacional de Ciencia y Tecnología; éstos fueron hechos dentro de lo que se llama
en la jerga federal el Sistema Nacional de Planeación”.
Fue hasta 1985 cuando se expidió la Ley para
Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico, orientada
fundamentalmente a establecer los mecanismos de coordinación entre las
diferentes secretarías de Estado de la administración pública federal, así como
a sentar las bases para lo que se llamó el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología, promovido por la Secretaría de Programación y Presupuesto. No
obstante, no operó nunca.
Más adelante, hacia 1989, Carlos
Salinas de Gortari creó el Consejo Consultivo de Ciencia de la Presidencia de
la República, que todavía existe, aunque “muy precario en estos momentos”,
porque su conformación no permitió a sus integrantes participar de forma
proactiva en la promoción de esos sectores.
Fue hasta 1993, hace 10 años, cuando se reformó
el artículo 3º de la Constitución Política de nuestro país para precisar, por
primera vez, el compromiso del Estado de apoyar a la investigación científica y
tecnológica.
“Una vez hecho esto, había que hacer la ley que
regulara esta reforma constitucional. Así, en 1999 se emitió la Ley para el
Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica”, a raíz de la cual se
estableció el Foro Permanente de Ciencia y Tecnología, los fondos sectoriales
de investigación y desarrollo tecnológico y el Registro Nacional de
Instituciones de Investigación, entre otras cuestiones.
Pero esa normatividad ya fue abrogada. Sólo
duró en operación poco más de tres años. Inclusive operaba todavía su
reglamentación cuando llegó la nueva administración federal y, en diciembre del
año 2001, el presidente Vicente Fox envió la iniciativa para reformar y
adicionar la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica y
expedir una nueva Ley Orgánica del Conacyt.
Emitir leyes, concluyó Martuscelli Quintana,
siempre da la esperanza de que finalmente el crecimiento de la ciencia y la
tecnología pudieran tener un desarrollo sostenido, y no interrumpido
repetidamente, como ha sucedido en nuestro país.
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La Ley de Ciencia
y Tecnología, así como la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) no son garantía de que la investigación científica y
tecnológica reciba el apoyo que requiere, prerrequisito indispensable del
desarrollo del país, indicó Jaime Martuscelli Quintana, coordinador de Asesores
de Rectoría de la UNAM.
FOTO 2
Emitir leyes siempre da la esperanza de que finalmente el crecimiento de la ciencia y la tecnología pudieran tener un desarrollo sostenido, y no interrumpido repetidamente, como ha sucedido en nuestro país, aseguró Jaime Martuscelli Quintana, coordinador de Asesores de Rectoría de la UNAM.