06:00 hrs. Octubre 20 de 2002


Boletín UNAM-DGCS-0883

Ciudad Universitaria

 

Pies de fotos al final del boletín

 

TRABAJADORES MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS SUMAN 150 MILLONES EN EL MUNDO

 

·        Enviaron en 1997 a sus lugares de origen 77 mil millones de dólares, cifra sólo superada por las exportaciones mundiales de petróleo, aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, Raúl Ramírez

·        Es necesario un organismo especializado que proteja las prerrogativas de este grupo social, dijo Carlos Simonelli, investigador de la UNAM

 

Los trabajadores migratorios y sus familiares suman alrededor de 150 millones de hombres, mujeres y niños en el mundo, pero aún no existe  un mecanismo universal que proteja sus derechos, a pesar de que durante 1997 enviaron a sus lugares de origen 77 mil millones de dólares -según datos del Fondo Monetario Internacional-, cifra sólo superada por las exportaciones mundiales de petróleo, aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, Raúl Ramírez.

 

Al participar en el “Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Flujos Migratorios en México y América Central”, en la UNAM, el especialista expuso que la falta de un organismo especializado que vele por ellos –similar al  Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados- es en sí un acto de discriminación.

 

Durante su intervención en la mesa “Derechos Culturales, Discriminación y Racismo”, Ramírez dijo que los migrantes se convierten cada vez más en chivos expiatorios de todo tipo de problemas internos que aquejan a diversas sociedades, como el desempleo, la delincuencia, las drogas e inclusive el terrorismo.

 

La población potencialmente migrante, advirtió, está lista para salir de sus hogares y correr una aventura que podría ser mortal por la necesidad de una fuente de trabajo digno.

 

Consideró que la discriminación de los migrantes en lo laboral y lo social constituye en sí misma una ideología racista. Uno de los factores que provocan severas restricciones, explicó, son las rigurosas modificaciones a las leyes migratorias de los países receptores altamente industrializados, a pesar de que necesitan de esta mano de obra barata para fortalecer  sus economías.

 

La experiencia en la frontera de Estados Unidos con México señala que esta política xenofóbica y racista representa un cheque en blanco para los guardias fronterizos estadounidenses, quienes asumen actitudes agresivas en contra de los indocumentados, en congruencia con el espíritu de esas normas migratorias, indicó.

 

Por su parte, Álvaro Pop, coordinador Ejecutivo y Estratégico del Proyecto “¿Por qué estamos como estamos?”, del Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (Guatemala), precisó que alrededor de la mitad de la población guatemalteca es indígena.

 

Sin embargo, alertó que existe un profundo racismo y discriminación hacia los indígenas de manera cotidiana por parte de los “ladinos”, al grado de que este fenómeno se ha vuelto nacional, aparejado a una “aspiración a la blancura”.

 

“Estamos hablando de un sistema político y de valores en Guatemala que no termina de construir ciudadanía porque no se refleja en la mitad de la población”, precisó en la Unidad de Seminarios “Ignacio Chávez” de la UNAM.

 

Para agosto de 2002, indicó, los migrantes que viven en Estados Unidos habían enviado a Guatemala 943.7 millones dólares, una remesa importante para el país.

 

Carlos Simonelli, investigador de la UNAM, apuntó que existen estereotipos de la identidad indígena, pero se pueden estar planteando nuevos en un mundo globalizado.

 

Señaló que el problema no sería otorgar nuevos derechos culturales    -de cuarta generación- sino abrir el debate de cuáles son los  fundamentales en un mundo global, donde la fuerza de trabajo necesariamente está desplazándose.

 

Ello, continuó, en un mundo donde las formas del capital y la información se vuelven cada vez más globales, y donde el único impedimento legal aparece contra esta fuerza laboral con características culturales propias.

 

Propuso resolver el problema de los derechos lingüísticos, como base necesaria para que los migrantes se defiendan en asuntos jurídicos y tengan acceso a la educación.

 

Los estados deberían ponerse de acuerdo y hacer respetar las prerrogativas de los migrantes, como ocurre con las cuestiones comerciales que involucran sanciones, bloqueos y otras medidas por parte de los gobiernos.

 

Así como hay tribunales internacionales que establecen culpabilidad por crímenes de lesa humanidad, esta nueva configuración del derecho internacional no debería dejar de lado prerrogativas básicas, con cumplimiento obligatorio de los países, o sanciones en caso contrario.

 

Gilma Pérez, responsable del Programa de Migrantes del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad  Centroamericana “José Simeón Cañas”, de El Salvador, apuntó que de alrededor de 400 pueblos indígenas que existen en América Latina, hay por lo menos 150 que viven en áreas fronterizas, y han sido los más afectados por situaciones de guerra o conflicto entre países.

 

Consideramos que sin importar si son extranjeros o nacionales deben respetarse sus derechos fundamentales, y en sociedades democráticas la dignidad humana ocupa un mejor puesto que el mero concepto de la soberanía, concluyó.

 

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Foto 1

 

Los trabajadores migratorios y sus familias suman 150 millones de personas en el mundo, indicó Raúl Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, durante su participación en el Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Flujos Migratorios en México y América Latina.

 

 

Foto 2

 

Al participar en el Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Flujos Migratorios en México y América Latina, Carlos Simonelli, investigador de la UNAM, consideró que aunque se tienen estereotipos de la identidad indígena, es posible plantear nuevos en un mundo globalizado.

 

 

Foto 3

 

Gilma Pérez, responsable del Programa de Migrantes del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad “José Simeón Cañas”, de El Salvador, señaló que de alrededor de 400 pueblos indígenas que existen en América Latina, por lo menos 150 viven en áreas de fronteras.