Boletín UNAM-DGCS-0883
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TRABAJADORES
MIGRATORIOS Y SUS FAMILIAS SUMAN 150 MILLONES EN EL MUNDO
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Enviaron en 1997 a sus lugares de origen 77 mil
millones de dólares, cifra sólo superada por las exportaciones mundiales de
petróleo, aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja
California, Raúl Ramírez
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Es necesario un organismo especializado que
proteja las prerrogativas de este grupo social, dijo Carlos Simonelli,
investigador de la UNAM
Los trabajadores migratorios y sus
familiares suman alrededor de 150 millones de hombres, mujeres y niños en el
mundo, pero aún no existe un mecanismo
universal que proteja sus derechos, a pesar de que durante 1997 enviaron a sus
lugares de origen 77 mil millones de dólares -según datos del Fondo Monetario
Internacional-, cifra sólo superada por las exportaciones mundiales de
petróleo, aseguró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja
California, Raúl Ramírez.
Al participar en el “Seminario
Internacional sobre Derechos Humanos y Flujos Migratorios en México y América
Central”, en la UNAM, el especialista expuso que la falta de un organismo
especializado que vele por ellos –similar al
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados- es en sí un
acto de discriminación.
Durante su intervención en la mesa
“Derechos Culturales, Discriminación y Racismo”, Ramírez dijo que los migrantes
se convierten cada vez más en chivos expiatorios de todo tipo de problemas
internos que aquejan a diversas sociedades, como el desempleo, la delincuencia,
las drogas e inclusive el terrorismo.
La población potencialmente migrante,
advirtió, está lista para salir de sus hogares y correr una aventura que podría
ser mortal por la necesidad de una fuente de trabajo digno.
Consideró que la discriminación de los
migrantes en lo laboral y lo social constituye en sí misma una ideología
racista. Uno de los factores que provocan severas restricciones, explicó, son
las rigurosas modificaciones a las leyes migratorias de los países receptores
altamente industrializados, a pesar de que necesitan de esta mano de obra
barata para fortalecer sus economías.
La experiencia en la frontera de Estados
Unidos con México señala que esta política xenofóbica y racista representa un
cheque en blanco para los guardias fronterizos estadounidenses, quienes asumen
actitudes agresivas en contra de los indocumentados, en congruencia con el
espíritu de esas normas migratorias, indicó.
Por su parte, Álvaro Pop, coordinador
Ejecutivo y Estratégico del Proyecto “¿Por qué estamos como estamos?”, del
Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (Guatemala), precisó que
alrededor de la mitad de la población guatemalteca es indígena.
Sin embargo, alertó que existe un
profundo racismo y discriminación hacia los indígenas de manera cotidiana por
parte de los “ladinos”, al grado de que este fenómeno se ha vuelto nacional,
aparejado a una “aspiración a la blancura”.
“Estamos hablando de un sistema político
y de valores en Guatemala que no termina de construir ciudadanía porque no se
refleja en la mitad de la población”, precisó en la Unidad de Seminarios
“Ignacio Chávez” de la UNAM.
Para agosto de 2002, indicó, los migrantes
que viven en Estados Unidos habían enviado a Guatemala 943.7 millones dólares,
una remesa importante para el país.
Carlos Simonelli, investigador de la
UNAM, apuntó que existen estereotipos de la identidad indígena, pero se pueden
estar planteando nuevos en un mundo globalizado.
Señaló que el problema no sería otorgar
nuevos derechos culturales -de cuarta
generación- sino abrir el debate de cuáles son los fundamentales en un mundo global, donde la fuerza de trabajo
necesariamente está desplazándose.
Ello, continuó, en un mundo donde las
formas del capital y la información se vuelven cada vez más globales, y donde
el único impedimento legal aparece contra esta fuerza laboral con
características culturales propias.
Propuso resolver el problema de los
derechos lingüísticos, como base necesaria para que los migrantes se defiendan
en asuntos jurídicos y tengan acceso a la educación.
Los estados deberían ponerse de acuerdo y
hacer respetar las prerrogativas de los migrantes, como ocurre con las cuestiones
comerciales que involucran sanciones, bloqueos y otras medidas por parte de los
gobiernos.
Así como hay tribunales internacionales
que establecen culpabilidad por crímenes de lesa humanidad, esta nueva
configuración del derecho internacional no debería dejar de lado prerrogativas
básicas, con cumplimiento obligatorio de los países, o sanciones en caso
contrario.
Gilma Pérez, responsable del Programa de
Migrantes del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, de El
Salvador, apuntó que de alrededor de 400 pueblos indígenas que existen en
América Latina, hay por lo menos 150 que viven en áreas fronterizas, y han sido
los más afectados por situaciones de guerra o conflicto entre países.
Consideramos que sin importar si son
extranjeros o nacionales deben respetarse sus derechos fundamentales, y en
sociedades democráticas la dignidad humana ocupa un mejor puesto que el mero
concepto de la soberanía, concluyó.
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Foto 1
Los trabajadores migratorios y sus familias suman 150
millones de personas en el mundo, indicó Raúl Ramírez, presidente de la
Comisión de Derechos Humanos de Baja California, durante su participación en el
Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Flujos Migratorios en México y
América Latina.
Foto 2
Al participar en el Seminario Internacional sobre
Derechos Humanos y Flujos Migratorios en México y América Latina, Carlos
Simonelli, investigador de la UNAM, consideró que aunque se tienen estereotipos
de la identidad indígena, es posible plantear nuevos en un mundo globalizado.
Foto 3
Gilma Pérez, responsable del Programa de Migrantes del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad “José Simeón Cañas”, de El Salvador, señaló que de alrededor de 400 pueblos indígenas que existen en América Latina, por lo menos 150 viven en áreas de fronteras.