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EL DERECHO LABORAL PROTEGE A UN MENOR SEGMENTO DE TRABAJADORES EN LATINOAMÉRICA

· Javier González Olaechea, de la OIT, señaló que para ciertos sectores, la Ley del Trabajo es restrictiva e intervencionista

· Señaló que el derecho laboral es y debe ser un instrumento útil para la gestión de la empresa y para la protección del empleado

El derecho laboral protege a un segmento cada vez menor de trabajadores, es decir, al asalariado, y se olvida del resto de la población activa, tanto ocupada como desocupada, en gran parte de América Latina, afirmó Javier González Olaechea.

El encargado de la representación de la Organización Internacional del Trabajo para México, Cuba y Haití, dijo que desde hace más de una década los conceptos de desregulación y flexibilidad legislativa son evocados con distintos significados por gobiernos, actores sociales e instituciones internacionales.

Al participar en el Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo, en la UNAM, señaló que la ley del trabajo es considerada por ciertos sectores restrictiva e intervencionista.

“Así ha sido cuando los excesos han desmotivado la inversión productiva y la generación de empleo, más aún en un mercado globalizado como el que se construye en forma acelerada, heterogénea y desigual”.

En la conferencia Reflexiones en torno a la reforma laboral, aseguró que ese derecho no es ajeno al contexto económico y político; incluso, debe tener en cuenta el contexto mundial para crear más y mejores “trabajos decentes” que beneficien a las legiones de desocupados que no encuentran salida a sus proyectos personales y que terminan en el sector informal.

El derecho laboral se fortalece de la propia práctica y las necesidades de las relaciones modernas del trabajo. Es y debe ser un instrumento útil para la gestión de la empresa y para la protección del empleado, que puede y debe expresar una ponderación adecuada de los aspectos sociales, económicos y políticos.

Su fin primordial, puntualizó, es promover el desarrollo digno de las personas y las justas y libres relaciones individuales y colectivas entre trabajadores y empleadores, mediante un equilibrio que satisfaga los intereses de ambos, y que precise con claridad sus derechos y obligaciones; también debe evitar los abusos de una y otra parte.

Su objetivo es compatibilizar el progreso económico y el rango de protección indispensable, sin los cuales no se puede garantizar un desempeño pacífico, digno y productivo de la empresa, y del desarrollo del ser humano como trabajador.

“Observamos que los intereses de empleadores y trabajadores, los vínculos laborales, así como las relaciones entre los distintos grupos sociales y profesionales fluctúan al ritmo de la evolución política, económica, tecnológica, social e ideológica”.

Estos aspectos han variado como consecuencia de las crisis y del proceso de globalización. Ejemplo de ello es México, donde ha cambiado la concepción del papel del Estado en la economía y en la sociedad; también las innovaciones tecnológicas y empresariales han influido de forma notable en la percepción de la normativa laboral.

Recordó que en los últimos años América Latina no ha estado al margen del debate entre protección y flexibilidad; en tal sentido, se han registrado reformas orientadas a la baja de algunos derechos reconocidos tradicionalmente y hacia la reducción de los costos laborales en aras de una mayor competitividad y la creación de empleos.

Empero, hay casos en que dichas revisiones han consolidado los derechos del trabajador y modernizado instituciones, con lo que se han logrando mayores equilibrios. Por ello, no se puede hablar de una sola tendencia en forma unívoca.

En Latinoamérica, las reformas en materia de relaciones individuales y colectivas de trabajo no son sólo las producidas en el campo laboral estrictamente hablando, sino en materia de seguridad social, salud y pensiones, así como de formación profesional.

Independiente del modelo económico imperante, en todos los casos se deben preservar los valores y los derechos de los trabajadores.

Recalcó que la democracia es sinónimo de justicia social; sin embargo, hoy nos enfrentamos a la conjunción de una serie de factores como la persistencia de problemas históricos de pobreza, desempleo, desigualdad y exclusión social.

En el caso de México, opinó, se crean empleos, pero de mala calidad e improductivos; la globalización no extiende sus beneficios a todos los sectores y menos aún a todas las personas.

Aclaró que las reformas laborales no aseguran el empleo por sí mismas; la creación de fuentes laborales es una consecuencia de la producción de acuerdos de gobernabilidad sostenibles en el tiempo, que incluyan no sólo a trabajadores y empleadores, sino a la sociedad en su conjunto.

Al respecto, señaló que nuestro país compite por el mercado internacional de capitales, los cuales producen empleos. Por ello, México requiere brindar una mayor estabilidad jurídica y seguridad para las inversiones mismas.

Hoy el derecho laboral alcanza tal grado de complejidad que su formulación y producción se convierten en un reto social y político. Por ello, las sociedades tienen el compromiso de promover inversiones, procurar la defensa de la dignidad del trabajo y asegurar una compensación justa, es decir, construir y sostener un sistema de relaciones laborales sustentado en valores, finalizó.

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PIES DE FOTO

Foto 1

El derecho laboral protege a un segmento cada vez menor de trabajadores en Latinoamérica, afirmó Javier González Olaechea, encargado de la representación de la Organización Internacional del Trabajo para México, Cuba y Haití, durante su participación en el Seminario Internacional "Derecho Comparado del Trabajo", organizado por el IIJ de la UNAM.

Foto 2

El derecho laboral es y debe ser un instrumento útil para la gestión de la empresa y la protección del empleado, señaló Javier González Olaechea, encargado de la representación de la Organización Internacional del Trabajo para México, Cuba y Haití, al dictar la ponencia "Reflexiones en torno a la reforma laboral".