Boletín UNAM-DGCS-0649
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El exgobernador de Puebla, Mariano Piña y la
subprocuradora Federal de la Defensa del Trabajo, Oralia Vázquez, consideraron
que esas instancias contribuyen a hacer más expedita la solución de los
conflictos laborales
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Por otra parte, Carlos Puig-Hernández,
director general de Registro de Electores, y Carlos de Buen Unna, director
jurídico de Sedesol, opinaron que esas juntas deben sustituirse por tribunales
y jueces laborales
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Participaron en el Seminario Internacional
de Derecho Comparado del Trabajo, organizado en la UNAM
La permanencia de las juntas
de conciliación y arbitraje o la sustitución de éstas por tribunales de
trabajo, fue motivo de polémica entre especialistas en derecho laboral, que
participaron en el “Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo”
organizado en la Universidad Nacional.
En el acto, el exgobernador de
Puebla Mariano Piña Olaya y la subprocuradora Federal de la Defensa del
Trabajo, Oralia Vázquez Coutiño, se pronunciaron por su permanencia para lograr
el acuerdo de los intereses de las partes involucradas –trabajadores y
patrones–, sobre todo por medio de la conciliación. De esta manera, se hará más
expedita la solución de los conflictos laborales.
Al participar en la mesa redonda “Resolución de
conflictos laborales: ¿Juntas o tribunales de trabajo?” Piña Olaya resaltó que
no debe destruirse “lo que tantos años ha llevado tener estas instancias como
un factor de armonía entre el capital y el trabajo”.
Apuntó que no es nuevo que
se quiera acabar con la conquista laboral obtenida por el pueblo mexicano,
“razón fundamental de orden social”, por la cual las juntas deben continuar como
están.
El jurista laboral precisó que
la corrupción es consustancial al ser humano y, no por cambiar de junta a
tribunal o a juzgado, se acabará con ella.
“No quitemos la autonomía de
las juntas, hay órganos reguladores de las facultades que éstas tienen a través
del juicio de amparo, perfeccionémoslas”, añadió.
Por su parte, Oralia Vázquez
coincidió en la permanencia de éstas, aunque propuso “un toque de modernidad”.
La experiencia de más de 90 años de estas instancias ha dado buenos resultados.
Lo que sí debe hacerse es fortalecerlas legalmente, darles medios alternos para
favorecer la conciliación y solución de conflictos, abundó.
Por el contrario, Carlos
Puig-Hernández, coordinador administrativo de la Dirección Ejecutiva del
Registro Federal de Electores, y Carlos de Buen Unna, director Jurídico de la
Secretaría de Desarrollo Social, opinaron que las juntas de conciliación y
arbitraje deben ser sustituidas por tribunales y jueces laborales.
Puig-Hernández indicó que ya
desde la primera Ley Federal del Trabajo existía la preocupación porque las
juntas funcionaran de forma tripartita: el empleado, el empleador y el
organismo conciliador, característica que ha dificultado su desarrollo y
procedimientos.
En el auditorio Héctor Fix
Zamudio, el funcionario indicó que, por ello, es necesario establecer
tribunales del trabajo.
A su vez, De Buen Unna indicó
que en casi 90 años las juntas han demostrado que no tienen ninguna ventaja
sobre los jueces del trabajo.
“Simplemente no han mostrado
una ventaja real; por tanto, no creo que estemos yendo en retroceso de
conquistas, pues no las veo por ningún lado”, finalizó.
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