06:00 hrs. Julio 4 de 2002


Boletín UNAM-DGCS-0593

Ciudad Universitaria

 

Pies de fotos al final del boletin

 

EL 70% DE LA POBLACIÓN, SIN POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA VIVIENDA

 

 

·        Tiene bajos ingresos o se dedica a actividades informales: José María Gutiérrez, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura

·        Esther Maya, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, aseguró que con la acción del Estado y sus instituciones de vivienda, se legitima la autoconstrucción

·        Las invasiones, una válvula de escape del sistema mexicano, sostuvo el catedrático Manuel Álvarez Guerrero

·        Los especialistas participaron en el seminario Urbanismo y Vivienda, efectuado en la FA

 

 

El 70% de la población de nuestro país está excluida de los financiamientos públicos federales destinados a la construcción de vivienda, aseguró José María Gutiérrez Trujillo, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura.

 

Lo anterior, explicó, debido a sus bajos ingresos o condición laboral, la cual desarrollan básicamente en el sector informal de la economía, precisó durante su intervención en la mesa redonda Vivienda progresiva en asentamientos espontáneos.

 

En el marco de las actividades del seminario Urbanismo y Vivienda, organizado por el Programa de Maestría y Doctorado en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura (FA) de la UNAM, añadió que para solucionar sus problemas de vivienda, estas familias desarrollaron procesos de poblamiento de vivienda progresivos en asentamientos de origen irregular.

 

En este sentido, señaló que los servicios y equipamientos fueron deficientes y las viviendas, en su mayoría, presentaron problemas de construcción, de iluminación y ventilación.

 

De este modo, los barrios populares, que ocupan cerca del 65% de las áreas urbanas de las ciudades, se caracterizan por su inapropiado uso de suelo, un equipamiento deficitario, falta de áreas verdes, de regularización legal y una carencia de identidad, ante el uso desordenado de materiales, volúmenes y anuncios.

 

Por ello, dijo Gutiérrez Trujillo, es necesario que la política arquitectónica para el mejoramiento del entorno urbano se creen modelos operativos de vinculación entre los gobiernos federal, estatal y municipal con su comunidad y los organismos acreditados a los cuales están adscritos los arquitectos, así como con los centros de enseñanza e investigación.

 

En el mismo foro, Esther Maya Pérez, especialista de la Maestría de Urbanismo de la FA de la UNAM, afirmó que al tiempo que intenta institucionalizar la autoconstrucción de la vivienda, el Estado mexicano pretende legalizar esa forma de acceso al suelo urbano, por décadas utilizado por vastos sectores de la población.

 

La coordinadora del Campo de Conocimiento de Desarrollo Inmobiliaria del Posgrado de la Facultad, agregó que mediante la acción del Estado y sus instituciones oficiales de vivienda, se legitima la autoconstrucción y se le dejan al sector privado las soluciones arquitectónicas y urbanísticas de estos proyectos. Así se contribuye al proceso de expansión metropolitana, mediante la urbanización de grandes extensiones de suelo.

 

Como ejemplo, dijo, durante el período de 1946 a 1992, en el estado de México fue autorizada la construcción de 618 fraccionamientos en dos millones 140 hectáreas, lo que equivale al 1.1 por ciento de la superficie estatal.

 

En términos generales, la incorporación al mercado inmobiliario de miles de hectáreas de origen ejidal provocan el crecimiento y la expansión de la marcha urbana que circunscribe a la ciudad de México y sus municipios aledaños.

 

La también investigadora del Centro de Investigaciones de Arquitectura en Urbanismo precisó que si bien la mayoría de las ciudades en el territorio mexicano han crecido dentro del esquema de la irregularidad, las nuevas políticas oficiales de vivienda deben estar encaminadas a contener el surgimiento de asentamientos irregulares.

 

Recordó que fue durante la década de los 70 cuando se dio la mayor expansión de la mancha urbana metropolitana, vía la incorporación de suelo destinado a la producción de fraccionamientos. Entonces, se sumaron cerca de ocho mil 700 hectáreas que pasaron a formar parte de las áreas habitacionales de 12 municipios de los 17 ya conurbados.

 

Hoy en día, indicó Esther Maya Pérez, la participación del sector inmobiliario interesado en la producción de vivienda popular se ha incrementado en los distintos municipios mexiquenses en terrenos de origen social, pero que fueron adquiridos como propiedad privada.

 

Por su parte, Manuel Álvarez Guerrero, catedrático de la Maestría en Urbanismo de la FA, explicó que la falta de poder adquisitivo de las personas no les permite entrar al mercado inmobiliario. Sin embargo, históricamente, las invasiones en el país han sido una válvula de escape del sistema político mexicano.

 

“Yo no sé que haría el Estado si a todos esos millones de personas que no tienen vivienda se les hubiera tenido que proporcionar”, concluyó

 

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El 70% de la población mexicana es excluida de los financiamientos públicos federales destinados a la construcción de vivienda por sus bajos ingresos o condición laboral, afirmó José María Gutiérrez Trujillo, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura.

 

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Esther Maya, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, aseguró que el Estado intenta institucionalizar la autoconstrucción de la vivienda y de esa forma legalizar el acceso al suelo urbano.

 

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El catedrático Manuel Alvarez Guerrero, de la maestría en urbanismo de la Facultad de Arquitectura, señaló que la falta de poder adquisitivo de las personas no les permite entrar al mercado inmobiliario.