Boletín UNAM-DGCS-0593
Ciudad Universitaria
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EL 70% DE LA POBLACIÓN, SIN POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA VIVIENDA
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Tiene bajos ingresos o se dedica a actividades informales: José María
Gutiérrez, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura
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Esther Maya, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, aseguró que con
la acción del Estado y sus instituciones de vivienda, se legitima la
autoconstrucción
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Las invasiones, una válvula de escape del sistema mexicano, sostuvo el
catedrático Manuel Álvarez Guerrero
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Los especialistas participaron en el seminario Urbanismo y Vivienda,
efectuado en la FA
El 70% de la población
de nuestro país está excluida de los financiamientos públicos federales
destinados a la construcción de vivienda, aseguró José María Gutiérrez
Trujillo, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura.
Lo anterior, explicó,
debido a sus bajos ingresos o condición laboral, la cual desarrollan
básicamente en el sector informal de la economía, precisó durante su
intervención en la mesa redonda Vivienda progresiva en asentamientos
espontáneos.
En el marco de las
actividades del seminario Urbanismo y Vivienda, organizado por el Programa de
Maestría y Doctorado en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura (FA) de la
UNAM, añadió que para solucionar sus problemas de vivienda, estas familias
desarrollaron procesos de poblamiento de vivienda progresivos en asentamientos
de origen irregular.
En este sentido,
señaló que los servicios y equipamientos fueron deficientes y las viviendas, en
su mayoría, presentaron problemas de construcción, de iluminación y
ventilación.
De este modo, los
barrios populares, que ocupan cerca del 65% de las áreas urbanas de las
ciudades, se caracterizan por su inapropiado uso de suelo, un equipamiento deficitario,
falta de áreas verdes, de regularización legal y una carencia de identidad,
ante el uso desordenado de materiales, volúmenes y anuncios.
Por ello, dijo
Gutiérrez Trujillo, es necesario que la política arquitectónica para el
mejoramiento del entorno urbano se creen modelos operativos de vinculación
entre los gobiernos federal, estatal y municipal con su comunidad y los
organismos acreditados a los cuales están adscritos los arquitectos, así como
con los centros de enseñanza e investigación.
En
el mismo foro, Esther Maya Pérez, especialista de la Maestría de Urbanismo de
la FA de la UNAM, afirmó que al tiempo que intenta institucionalizar la
autoconstrucción de la vivienda, el Estado mexicano pretende legalizar esa
forma de acceso al suelo urbano, por décadas utilizado por vastos sectores de
la población.
La coordinadora del
Campo de Conocimiento de Desarrollo Inmobiliaria del Posgrado de la Facultad,
agregó que mediante la acción del Estado y sus instituciones oficiales de
vivienda, se legitima la autoconstrucción y se le dejan al sector privado las
soluciones arquitectónicas y urbanísticas de estos proyectos. Así se contribuye
al proceso de expansión metropolitana, mediante la urbanización de grandes
extensiones de suelo.
Como ejemplo, dijo,
durante el período de 1946 a 1992, en el estado de México fue autorizada la
construcción de 618 fraccionamientos en dos millones 140 hectáreas, lo que
equivale al 1.1 por ciento de la superficie estatal.
En
términos generales, la incorporación al mercado inmobiliario de miles de
hectáreas de origen ejidal provocan el crecimiento y la expansión de la marcha
urbana que circunscribe a la ciudad de México y sus municipios aledaños.
La también
investigadora del Centro de Investigaciones de Arquitectura en Urbanismo
precisó que si bien la mayoría de las ciudades en el territorio mexicano han
crecido dentro del esquema de la irregularidad, las nuevas políticas oficiales
de vivienda deben estar encaminadas a contener el surgimiento de asentamientos
irregulares.
Recordó que fue
durante la década de los 70 cuando se dio la mayor expansión de la mancha
urbana metropolitana, vía la incorporación de suelo destinado a la producción
de fraccionamientos. Entonces, se sumaron cerca de ocho mil 700 hectáreas que
pasaron a formar parte de las áreas habitacionales de 12 municipios de los 17
ya conurbados.
Hoy en día, indicó
Esther Maya Pérez, la participación del sector inmobiliario interesado en la
producción de vivienda popular se ha incrementado en los distintos municipios mexiquenses
en terrenos de origen social, pero que fueron adquiridos como propiedad
privada.
Por su parte, Manuel
Álvarez Guerrero, catedrático de la Maestría en Urbanismo de la FA, explicó que
la falta de poder adquisitivo de las personas no les permite entrar al mercado
inmobiliario. Sin embargo, históricamente, las invasiones en el país han sido
una válvula de escape del sistema político mexicano.
“Yo no sé que haría el
Estado si a todos esos millones de personas que no tienen vivienda se les
hubiera tenido que proporcionar”, concluyó
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El 70% de la
población mexicana es excluida de los financiamientos públicos federales
destinados a la construcción de vivienda por sus bajos ingresos o condición
laboral, afirmó José María Gutiérrez Trujillo, presidente de la Academia
Nacional de Arquitectura.
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Esther Maya, de
la Facultad de Arquitectura de la UNAM, aseguró que el Estado intenta
institucionalizar la autoconstrucción de la vivienda y de esa forma legalizar
el acceso al suelo urbano.
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El catedrático Manuel Alvarez Guerrero, de la maestría en urbanismo de la Facultad de Arquitectura, señaló que la falta de poder adquisitivo de las personas no les permite entrar al mercado inmobiliario.