Boletín UNAM-DGCS-0562
Ciudad Universitaria
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Pies de fotos al final del boletín
ADVIERTEN SOBRE RIESGOS POR ENDURECIMIENTO LEGAL
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Diego Valadés, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas,
inauguró los trabajos de las Terceras Jornadas Sobre Justicia Penal
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Pena de muerte y cadena perpetua, entre los elementos que distraen a la
sociedad, acotó
La discusión de temas como el establecimiento
de la pena de muerte, la cadena perpetua o la disminución de la edad penal,
constituyen elementos para distraer la atención de la sociedad sobre los
problemas realmente de fondo del país, afirmó el director del Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Diego Valadés.
Consideró como un riesgo que en una sociedad
como la mexicana, y en un momento de inseguridad como el que se vive, se den
respuestas de endurecimiento legal y se consideren como vía posible para satisfacer las expectativas legítimas
de los ciudadanos.
"No caigamos nunca en eso; no hagamos de
la norma penal un instrumento para alcanzar objetivos de política social que no
le corresponden", señaló al
inaugurar las Terceras Jornadas Sobre Justicia Penal, en las instalaciones del
IIJ.
Añadió que la seguridad que México necesita,
debe obtenerse a través de otros instrumentos, sin aumentar el orden de las
medidas punitivas, sino haciendo más eficaz la actividad del Estado para
combatir la impunidad. Así, dijo, es como se puede hacer efectiva la justicia
penal.
Enfatizó que en el caso de la justicia penal en
nuestro país, podemos observar que ésta se convierte -progresiva y
peligrosamente- en un poderoso argumento político, pues se considera que es a partir de reformas
legislativas como se puede alcanzar una serie de objetivos con relación a los
cuales no se aplican acciones contundentes y formas eficaces de organización de
los esfuerzos colectivo e institucional.
Por otro lado, indicó que desde la perspectiva
de la llamada economía neoliberal, el delito también se ha convertido en una
variable del desarrollo.
Ejemplificó que las últimas cifras aportadas
sobre el tema en Estados Unidos, correspondientes a 1999, señalan que en virtud
de la existencia del delito hubo necesidad de invertir 35 mil millones de
dólares para su combate.
La inversión se aplicó en la adquisición de
armamento, equipo, desarrollo de tecnología y contratación de personal en
diferentes áreas. Con lo que la rentabilidad del delito, para efectos del
desarrollo económico, es muy elevada, añadió.
El jurista sostuvo que las consideraciones de
tipo económico tienen también impacto en las políticas criminales de los
Estados y por ende en las prácticas legislativas. Frente a ello expuso que
tenemos que estar muy atentos para que los propósitos de justicia penal no se
vean distorsionados por reformas que resulten incompletas o se impida la
maduración para rendir frutos.
Diego Valadés precisó que la legislación penal
ha sido objeto de una total renovación
en los últimos 20 años, aunque en ocasiones la urgencia o la impaciencia
determinen la frecuencia de la reforma.
Por ello insistió en que hay que tener mucho
cuidado con los espejismos, pues el país se llenó de ellos en el siglo XIX,
cuando consideró que era posible -a
través de la reforma sucesiva e incluso de la sustitución de sus textos
constitucionales- alcanzar lo que la decisión de la sociedad y la vocación de
sus protagonistas no conseguía.
Entonces al papel en el que estaba inscrita la
norma constitucional, se le transfirió toda la suma de esperanzas y la carga de
expectativas de una Nación que quería organizarse republicana y
democráticamente.
"En realidad, cuando la norma está
disociada de la realidad, o cuando simplemente la reformamos dentro de un
proceso ritual de cambio considerando que es suficiente para alcanzar los
objetivos colectivamente anhelados, estamos incurriendo en un grave error",
advirtió el especialista en derecho constitucional.
En el evento estuvieron presentes, entre otros,
los juristas Sergio García Ramírez, Marco Antonio Díaz de León y Olga Islas,
entre otros.
Marco Antonio Díaz de León, de la Academia
Mexicana de Ciencias penales se refirió al nuevo Código Penal del Distrito
Federal en sus seis primeros artículos,
los cuales establecen por primera vez en el ámbito local una enunciación de los
llamados principios y garantías penales
Reconoció que en estos seis dispositivos
legales se observan situaciones que ya están plasmadas en la Constitución de la
República, pero esto es un avance para el sistema penal porque el litigante o
juez no tendrá que estar consultando a la Carta Magna tratando de interpretar
los principios que rigen a materia
penal.
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PIES DE FOTO
Foto 1
Diego Valadés,
director del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sergio García Ramírez,
investigador de este centro universitario, inauguraron las Terceras Jornadas
sobre Justicia Penal.
Foto 2
Los
investigadores universitarios Olga Islas, Diego Valadés y Sergio García
Ramírez, durante las Terceras Jornadas sobre Justicia Penal en donde se inició
el análisis del nuevo Código Penal para el Distrito Federal.