Boletín UNAM-DGCS-0524
Ciudad
Universitaria
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Pies de fotos al final del
boletín
INSUFICIENTE EL FINANCIAMIENTO PARA EL SECTOR AGRARIO
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Destacaron expertos del Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM
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Leticia Merino Pérez, del Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias, no descartó que el problema en San Pedro
el Alto, Oaxaca, fuera por conflictos por la tierra
·
Coincidió Sergio Madrid Zubirán, director
ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A. C.
En México se carece de
financiamiento y hay incoherencia en las políticas agrarias en general,
coincidieron en señalar en la UNAM expertos en el tema.
Alrededor de 18% del área
forestal del estado de Oaxaca, por ejemplo, está en zonas de litigio agrario,
donde existen disputas en torno a los derechos de propiedad de una comunidad
sobre otra, dijo Leticia Merino Pérez, del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias e invitada al Instituto de Investigaciones Sociales (IIS)
de la UNAM.
Lo anterior, agregó, se debe a
que las comunidades de esa entidad federativa son muy viejas, por lo que muchos
títulos de tierra datan de la época de la Colonia y son imprecisos.
“La posibilidad de tener una
cartografía exacta –indicó– es algo que se ha desarrollado en la última década,
sin embargo, en algunos ejidos sus planos se sobreponen a los de otros”.
Al referirse a los problemas que ocasionaron la muerte hace unos días de trabajadores del aserradero de San Pedro el Alto, Oaxaca, destacó que si existe responsabilidad directa del gobierno eso lo determinarán las autoridades correspondientes luego de las investigaciones. Aún así, Merino Pérez no descartó que los conflictos por la tierra sí tuvieron un efecto directo.
A esta dificultad, añadió la
especialista, se suma una insuficiente actuación de las autoridades agrarias en
las zonas de comunidades indígenas, que son las que predominan en Oaxaca y a
quienes pertenece el 80% del territorio de esa entidad federativa. Por otra
parte, la Secretaría de la Reforma Agraria ha contado con un financiamiento muy
deficiente.
En conferencia de prensa, la
investigadora agregó que, por tanto, “sin haber estado en el lugar de los
hechos”, una posible explicación de las muertes ocurridas en San Pedro el Alto
es la disputa agraria, no la explotación de madera, tampoco es una zona de
mayor presencia de narcotráfico. De hecho, de acuerdo con su experiencia, donde
existen aprovechamientos forestales comunitarios no hay cultivo de enervantes.
Tampoco, dijo, pienso que el
problema fundamental sea la corrupción. “Me parece que el manejo de la
delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca
es transparente y consistente”. En el caso de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, su mayor problema es la falta de capital, tanto monetario
como humano; “hablamos de un inspector forestal por cada 400 mil hectáreas
forestales”.
De este modo, Merino Pérez
hizo un llamado para que se atienda al sector, respetando los derechos de las
comunidades dueñas, que se invierta en el campo, y de que la sociedad en su
conjunto tenga una visión más amplia de la situación que vive.
En la Sala de Usos Múltiples
del IIS, aclaró que no toda tala es negativa ni tampoco todos los males que
padecen los bosques se debe a esto. Existe la extracción forestal regular y la
clandestina.
Se ha insistido en que
comunidades como San Pedro el Alto deben desarrollarse cuando en realidad no
les falta lo básico: ese lugar, donde existen 120 comuneros, abarca poco más de
30 mil hectáreas, tienen empleo pleno para todos y ganan al menos el doble del
salario mínimo; existen servicios de salud y transporte; además, generan
trabajo para personas de otros lugares, como es el caso de quienes mataron hace
unos días.
Por su parte, Sergio Madrid
Zubirán, director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible A. C., recalcó que los hechos trágicos se dieron por problemas
agrarios, no por madera.
“Si bien es cierto que en esa
zona oaxaqueña hay un mercado de madera ilegal muy grande, mi experiencia me
indica que dichas acciones provienen de comunidades que no tienen una empresa
forestal constituida; las que sí la tienen cuentan con un sistema de control
que evita de manera precisa el corte clandestino”.
Consideró que “no se puede
decir que el gobierno es responsable de forma directa, pero sí del abandono del
sector”. No existen, por ejemplo, datos precisos para conocer la dinámica del
uso del suelo en México, a pesar del desarrollo tecnológico de los satélites,
ni un Registro Nacional Forestal actualizado, ni investigación en el área.
Finalmente, comentó que los
procesos de deforestación y corte ilegal de madera no coincide donde hay
comunidades trabajando en el manejo forestal.
“Hemos encontrado que existen
alrededor de tres mil empresas forestales en manos de ejidos o comunidades,
quienes aplican procesos de protección muy interesantes: cuando hay un
incendio, plagas, invasión de terrenos; lo cuidan porque es su fuente de
ingresos. Si quisiéramos avanzar deberíamos impulsar este tipo de empresas”,
concluyó
-o0o-
PIE 1
En México se carece de financiamiento y existe
incoherencia en las políticas agrarias, coincidieron en señalar Sergio Madrid
Zubirán, director ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura
Sostenible A. C., y Leticia Merino Pérez, de la UNAM
PIE 2
Leticia Merino Pérez, de la UNAM, señaló en
conferencia de prensa que no toda tala es negativa ni tampoco todos los males
que padecen los bosques se deben a esto; tiene que distinguirse entre la
extracción forestal regular y la clandestina
PIE 3
Sergio Madrid Zubirán, director ejecutivo del Consejo
Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A. C., recalcó que una forma de
avanzar en el área forestal sería impulsar que empresas de este tipo sean
manejadas por ejidos o comunidades