Boletín UNAM-DGCS-0517
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Universitaria
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LA CÁMARA DE DIPUTADOS ES QUIEN DEBE APROBAR CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO: MARTÍ BATRES
La Cámara de Diputados debe
encargarse de aprobar cualquier modificación que se haga al presupuesto a lo
largo del año del ejercicio, pues “es
absurdo que la Cámara invierta tanto esfuerzo en la aprobación y modificación
del presupuesto para que después el Ejecutivo lo rehaga, como ha sucedido en
los últimos sexenios”, manifestó el diputado Martí Batres Guadarrama.
Además, este órgano
legislativo debe aprobar los recortes o transferencias al presupuesto, pero
también deben establecerse áreas donde no se pueda disminuir el presupuesto, en
particular a la educación y el destinado a las entidades federativas. Cuando se
trate de ingresos extraordinarios la Cámara tendrá que conocer de los mismos y
definir su destino, indicó.
Al participar en el seminario “Justicia
constitucional y nueva relación entre los poderes”, organizado por la Facultad
de Derecho de la UNAM, agregó que en México no puede haber gobernabilidad sin
un nuevo esquema en el que se compartan las decisiones entre los poderes del
Estado, y sin una reforma política real y profunda.
Consideró necesario “construir
un nuevo sistema político, no sobre las bases del presidencialismo y el partido
de Estado, sino apostado en un sistema de partidos y una auténtica división de
poderes”.
En la Antigua Escuela de
Jurisprudencia, el legislador perredista explicó que la división de poderes no
significa desorden, crisis, confrontación o enfrentamiento, sino que cada poder
del Estado tome las decisiones que le correspondan, aún cuando no haya
convergencia.
Batres Guadarrama propuso que
el Plan Nacional de Desarrollo sea ratificado por el Congreso de la Unión, como
sucede con el Presupuesto y la Ley de Ingresos, y que éste también tenga la
capacidad de ratificar a los secretarios de Estado.
Además, se debe limitar la
llamada capacidad reglamentaria del Ejecutivo para ordenar la exacta
observancia del cumplimiento de la ley, debido a que muchos de los reglamentos
van más allá de la ley y a veces se convierten en legislaciones completas.
Añadió que los ministros de la
Suprema Corte de Justicia deben ser electos por el Senado y no a propuesta del
Ejecutivo Federal, así como también debe aprobar los lineamientos básicos de la
política exterior del país.
El legislador señaló que las
cámaras y sus comisiones deben citar a comparecer a cualquier persona para que explique
los asuntos que el Congreso considere importantes, bajo protesta de decir
verdad, y que el informe presidencial sea similar al que presenta el jefe de
gobierno del Distrito Federal, para que escuche a los partidos y responda sus
preguntas.
Dijo que a poco más de un año
del nuevo gobierno, y casi dos de que inició la LVIII legislatura, aún no se ha
dado la ansiada reforma del Estado, transformación que en cualquier caso se
debe abordar. Hay en la Cámara de Diputados 600 iniciativas sobre el tema, propuestas
de reforma donde se expresan las diversas fuerzas políticas.
Consideró necesario impulsar
transformaciones en la estructura normativa del Estado mexicano para que éste
funcione de manera adecuada. “No tendremos las mejores condiciones de gobernabilidad
sin una reforma política, de Estado, real y profunda. La transición no empezó
ni terminó el 2 de julio del 2000; quien diga que este proceso concluyó ese día
se equivoca, porque hay un hecho histórico fundamental: la alternancia en el
poder”.
Por su parte, el diputado
Salvador Rocha Díaz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados, aseveró que el enfrentamiento entre los poderes de la Unión “es estéril en el
mejor de los casos, y muchas veces lesivo para el buen desarrollo de la
convivencia nacional”.
En el régimen priísta, el
respeto y la colaboración entre poderes se daba con facilidad, en tanto que los
tres formaban parte del mismo sistema político, a pesar de la preeminencia
exagerada del Ejecutivo.
Es triste, añadió, que el
titular del Ejecutivo no entienda que ante una nueva realidad política sigue
siendo indispensable el respeto y la colaboración entre poderes y un razonable
equilibrio. No ha apreciado la labor realizada por el Congreso de la Unión e, incluso,
hemos percibido muestras de que tampoco está satisfecho con la actuación de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por el Poder Judicial.
Salvador Rocha comentó que
cada uno de los poderes debe cumplir sus funciones dentro del área de
competencia que la carta magna le marca y los otros deberán reconocer su
obligación constitucional en la búsqueda de ese equilibrio; “ese es el objetivo
fundamental del principio de la división de poderes, el equilibrio, que cada
uno sirva para controlar, en alguna medida, que ninguno se exceda en el
ejercicio de sus facultades”.
Recalcó que el Poder Judicial
ha fortalecido sus funciones y estructura, es ejemplar en México y puede
compararse con cualquier otro a escala internacional. En tanto, el Legislativo
aún tiene problemas de debilidad funcional y estructural, debido a la
prohibición para reelegir legisladores para el periodo inmediato sucesivo.
“Ello hace casi imposible que asuma plenamente sus responsabilidades”.
Por ello, abundó, “mientras no
haya una reforma constitucional para resolver esta debilidad del Legislativo,
difícilmente será un elemento de equilibrio con el Judicial y el Ejecutivo”.
En este nuevo concepto de
división de poderes, hoy tenemos, además de los tradicionales, otros cinco órganos
autónomos: las universidades autónomas, el Banco de México, el Instituto
Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Auditoría
Superior de la Federación, que les permita autogobernarse con características
propias.
“Ellos han sido creados más en
función de decisiones coyunturales y sin medir con cuidado cómo afecta esto en
el equilibrio de un nuevo concepto de división de poderes, que supera en mucho
al tradicional, por lo que también se deben incorporar a un sistema de equilibrio
y control”, concluyó.
Por último, Miguel Ángel
Garita Alonso, director jurídico de la Cámara de Diputados, dijo que el Estado
moderno enfrenta una crisis de legitimidad. La globalización y el
neoliberalismo han impactado las bases del Estado nacional y el derecho, como
expresión de voluntades históricas, se somete a un pragmatismo que intenta
condescender con los nuevos actores económicos transnacionales. “Se pretende
que el Poder Legislativo ceda ante las presiones neoliberales”.
Opinó que lo importante no es
la originalidad de la idea de división de poderes, sino la nueva concepción y
la oportunidad de su aplicación. Lo relevante es que, en el constitucionalismo
moderno, se convirtió en un elemento definitorio más del Estado de Derecho.
En una sociedad moderna y
dinámica, como la nuestra, concluyó, las relaciones entre los poderes
constituyen una garantía para los ciudadanos, en tanto apliquen formas de
control eficaces.
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PIES DE FOTOS
FOTO 1
Martí Batres,
legislador por el PRD en la Cámara de Diputados, se pronunció porque ese órgano
legislativo sea el encargado de aprobar cualquier modificación al presupuesto
durante el año de ejercicio. Participó en el seminario "Justicia
constitucional y nueva relación entre los poderes", organizado por la
Facultad de Derecho de la UNAM.
FOTO 2
El diputado
perredista Martí Batres y el director de la Facultad de Derecho de la UNAM,
Fernando Serrano Migallón, caminan en el patio de la Antigua Escuela de
Jurisprudencia, donde se realiza el seminario "Justicia constitucional y
nueva relación entre los poderes".
FOTO 3
El enfrentamiento
entre los poderes de la Unión es estéril y muchas veces lesivo para el buen
desarrollo de la convivencia nacional, aseguró el presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Salvador Rocha Díaz, en el
marco del el seminario "Justicia constitucional y nueva relación entre los
poderes".