15:00 hrs. Junio 11 de 2002


Boletín UNAM-DGCS-0517

Ciudad Universitaria

 

Pies de fotos al final del boletín

 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS ES QUIEN DEBE APROBAR CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO: MARTÍ BATRES

 

 

 

La Cámara de Diputados debe encargarse de aprobar cualquier modificación que se haga al presupuesto a lo largo del año del ejercicio, pues  “es absurdo que la Cámara invierta tanto esfuerzo en la aprobación y modificación del presupuesto para que después el Ejecutivo lo rehaga, como ha sucedido en los últimos sexenios”, manifestó el diputado Martí Batres Guadarrama.

 

Además, este órgano legislativo debe aprobar los recortes o transferencias al presupuesto, pero también deben establecerse áreas donde no se pueda disminuir el presupuesto, en particular a la educación y el destinado a las entidades federativas. Cuando se trate de ingresos extraordinarios la Cámara tendrá que conocer de los mismos y definir su destino, indicó.

Al participar en el seminario “Justicia constitucional y nueva relación entre los poderes”, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, agregó que en México no puede haber gobernabilidad sin un nuevo esquema en el que se compartan las decisiones entre los poderes del Estado, y sin una reforma política real y profunda.

 

Consideró necesario “construir un nuevo sistema político, no sobre las bases del presidencialismo y el partido de Estado, sino apostado en un sistema de partidos y una auténtica división de poderes”.

 

En la Antigua Escuela de Jurisprudencia, el legislador perredista explicó que la división de poderes no significa desorden, crisis, confrontación o enfrentamiento, sino que cada poder del Estado tome las decisiones que le correspondan, aún cuando no haya convergencia.

 

Batres Guadarrama propuso que el Plan Nacional de Desarrollo sea ratificado por el Congreso de la Unión, como sucede con el Presupuesto y la Ley de Ingresos, y que éste también tenga la capacidad de ratificar a los secretarios de Estado.

 

Además, se debe limitar la llamada capacidad reglamentaria del Ejecutivo para ordenar la exacta observancia del cumplimiento de la ley, debido a que muchos de los reglamentos van más allá de la ley y a veces se convierten en legislaciones completas.

 

Añadió que los ministros de la Suprema Corte de Justicia deben ser electos por el Senado y no a propuesta del Ejecutivo Federal, así como también debe aprobar los lineamientos básicos de la política exterior del país.

 

El legislador señaló que las cámaras y sus comisiones deben citar a comparecer a cualquier persona para que explique los asuntos que el Congreso considere importantes, bajo protesta de decir verdad, y que el informe presidencial sea similar al que presenta el jefe de gobierno del Distrito Federal, para que escuche a los partidos y responda sus preguntas.

 

 

Dijo que a poco más de un año del nuevo gobierno, y casi dos de que inició la LVIII legislatura, aún no se ha dado la ansiada reforma del Estado, transformación que en cualquier caso se debe abordar. Hay en la Cámara de Diputados 600 iniciativas sobre el tema, propuestas de reforma donde se expresan las diversas fuerzas políticas.

 

Consideró necesario impulsar transformaciones en la estructura normativa del Estado mexicano para que éste funcione de manera adecuada. “No tendremos las mejores condiciones de gobernabilidad sin una reforma política, de Estado, real y profunda. La transición no empezó ni terminó el 2 de julio del 2000; quien diga que este proceso concluyó ese día se equivoca, porque hay un hecho histórico fundamental: la alternancia en el poder”.

 

Por su parte, el diputado Salvador Rocha Díaz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, aseveró que el enfrentamiento entre  los poderes de la Unión “es estéril en el mejor de los casos, y muchas veces lesivo para el buen desarrollo de la convivencia nacional”.

 

En el régimen priísta, el respeto y la colaboración entre poderes se daba con facilidad, en tanto que los tres formaban parte del mismo sistema político, a pesar de la preeminencia exagerada del Ejecutivo.

 

Es triste, añadió, que el titular del Ejecutivo no entienda que ante una nueva realidad política sigue siendo indispensable el respeto y la colaboración entre poderes y un razonable equilibrio. No ha apreciado la labor realizada por el Congreso de la Unión e, incluso, hemos percibido muestras de que tampoco está satisfecho con la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por el Poder Judicial.

 

Salvador Rocha comentó que cada uno de los poderes debe cumplir sus funciones dentro del área de competencia que la carta magna le marca y los otros deberán reconocer su obligación constitucional en la búsqueda de ese equilibrio; “ese es el objetivo fundamental del principio de la división de poderes, el equilibrio, que cada uno sirva para controlar, en alguna medida, que ninguno se exceda en el ejercicio de sus facultades”.

 

Recalcó que el Poder Judicial ha fortalecido sus funciones y estructura, es ejemplar en México y puede compararse con cualquier otro a escala internacional. En tanto, el Legislativo aún tiene problemas de debilidad funcional y estructural, debido a la prohibición para reelegir legisladores para el periodo inmediato sucesivo. “Ello hace casi imposible que asuma plenamente sus responsabilidades”.

 

Por ello, abundó, “mientras no haya una reforma constitucional para resolver esta debilidad del Legislativo, difícilmente será un elemento de equilibrio con el Judicial y el Ejecutivo”.

 

En este nuevo concepto de división de poderes, hoy tenemos, además de los tradicionales, otros cinco órganos autónomos: las universidades autónomas, el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Auditoría Superior de la Federación, que les permita autogobernarse con características propias.

 

“Ellos han sido creados más en función de decisiones coyunturales y sin medir con cuidado cómo afecta esto en el equilibrio de un nuevo concepto de división de poderes, que supera en mucho al tradicional, por lo que también se deben incorporar a un sistema de equilibrio y control”, concluyó.

 

Por último, Miguel Ángel Garita Alonso, director jurídico de la Cámara de Diputados, dijo que el Estado moderno enfrenta una crisis de legitimidad. La globalización y el neoliberalismo han impactado las bases del Estado nacional y el derecho, como expresión de voluntades históricas, se somete a un pragmatismo que intenta condescender con los nuevos actores económicos transnacionales. “Se pretende que el Poder Legislativo ceda ante las presiones neoliberales”.

 

Opinó que lo importante no es la originalidad de la idea de división de poderes, sino la nueva concepción y la oportunidad de su aplicación. Lo relevante es que, en el constitucionalismo moderno, se convirtió en un elemento definitorio más del Estado de Derecho.

 

En una sociedad moderna y dinámica, como la nuestra, concluyó, las relaciones entre los poderes constituyen una garantía para los ciudadanos, en tanto apliquen formas de control eficaces.

 

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PIES DE FOTOS

 

FOTO 1

 

Martí Batres, legislador por el PRD en la Cámara de Diputados, se pronunció porque ese órgano legislativo sea el encargado de aprobar cualquier modificación al presupuesto durante el año de ejercicio. Participó en el seminario "Justicia constitucional y nueva relación entre los poderes", organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM.

 

 

FOTO 2

 

El diputado perredista Martí Batres y el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Fernando Serrano Migallón, caminan en el patio de la Antigua Escuela de Jurisprudencia, donde se realiza el seminario "Justicia constitucional y nueva relación entre los poderes".

 

FOTO 3

 

El enfrentamiento entre los poderes de la Unión es estéril y muchas veces lesivo para el buen desarrollo de la convivencia nacional, aseguró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Salvador Rocha Díaz, en el marco del el seminario "Justicia constitucional y nueva relación entre los poderes".