Boletín UNAM-DGCS-0361
Ciudad Universitaria
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SÓLO DE 2 A 3 POR
CIENTO DE LOS SECUESTRADORES SON CONSIGNADOS
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Corruptelas y huecos legales permiten a delincuentes quedar en libertad:
René Jiménez Ornelas, del IIS
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Enorme reto de las autoridades gubernamentales y de la sociedad abatir
los altos índices de corrupción en México, agregó
Los ciudadanos están cansados de la impunidad y
corrupción, ya que en la actualidad de cada 100 secuestradores, nueve llegan a
un trámite jurídico y sólo dos o tres son consignados, aseguró René Jiménez
Ornelas, del Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.
Al comentar el informe del relator especial de
la Organización de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y
Abogados en México, aseguró que la sociedad y las autoridades tenemos un enorme
reto para acabar con los altos índices de corrupción en nuestro país.
Consideró que este fenómeno ha llegado a tal
grado en el territorio nacional que existen redes en las cuales no sólo los
cuerpos policiacos y los ministerios públicos están infiltrados por la
corrupción y la impunidad, sino que ha alcanzado a algunos jueces, lo cual ha
generado gran inseguridad en la República.
En los últimos días, por ejemplo, se ha dado la
liberación de delincuentes, entre ellos secuestradores, debido a que no está
bien integrada la averiguación, lo que ilustra de manera clara los grandes
huecos que se presentan en la legislación mexicana.
Para Jiménez Ornelas el informe de la ONU sobre
corrupción en el Poder Judicial, "es una visión de este problema que
debemos empezar a atacar. No es posible pensar que con encarcelar a dos
policías que son corruptos o participan en bandas delictivas se frenará el
problema", dijo.
Si bien no todos los jueces y policías son
corruptos, sí se debe acabar con aquellos que lo son. La situación es compleja
porque la ciudadanía participa de la corrupción, y en buena medida de ella
dependería un cambio.
Explicó que para realizar el informe se tomó en
cuenta una encuesta realizada por Transparencia Internacional. Además, la ONU
envió gente a investigar el sistema de impartición de justicia en México, así
como para observar el desempeño de los jueces en relación con diferentes
delitos.
Aseveró que en el momento en que se demuestre
que hay una fuerte decisión para luchar contra los altos niveles de corrupción,
los más bajos dejarán de corromperse.
Apuntó que por desgracia no sólo en este tema
la respuesta de las autoridades ha sido “tibia", sino también en otros
muchos aspectos. Empero, "el principal problema de la sociedad en general
es la inseguridad".
Los planteamientos para acabar con ella
provienen de la Secretaría de Seguridad Pública, pero no hay una acción
conjunta entre ésta y las procuradurías estatales y general. Se requieren un
liderazgo y una decisión política que permitan estructurar las políticas de
forma intersectorial en este ámbito.
El investigador del IIS dijo que es necesario
reestructurar el Poder Judicial y reorganizar las prisiones, pues no es
conveniente juntar en ellas a delincuentes comunes con federales o con grandes
capos, porque ello permite a estos últimos seguir delinquiendo mediante
terceros.
Asimismo, se deben revisar las penas, no
aumentarlas, sino que se cumplan. "Si un delincuente es condenado a pasar
20 años en la cárcel por un secuestro, que así sea, y no que se le den 100 años
de prisión, y gracias a las lagunas jurídicas el juez lo libera a los tres
años".
Las bandas no deben encontrar refugio en los
jueces. Por el contrario, si dañan a la ciudadanía tendrán como castigo
trabajar para la comunidad. En cambio, los delincuentes primerizos deberían
estar en cárceles donde puedan salir a laborar y retribuirle a la población el
daño ocasionado.
Otros, como asesinos, asaltantes y
secuestradores, deberían ser mandados a lugares como las islas del Golfo,
mientras que los grandes capos deben estar en cárceles de altísima seguridad,
separados del resto, trabajando para reparar el daño hecho a la sociedad.
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PIE DE FOTO
El sociólogo universitario René Jiménez Ornelas
consideró que la corrupción en México ha llegado a tal grado que hay redes en
las cuales están infiltrados cuerpos policiacos, Ministerios Públicos y jueces.