Boletín UNAM-DGCS-0332
Ciudad Universitaria
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LA REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO NO ESTABILIZA LAS ECONOMÍAS DE LAS NACIONES
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María Eugenia Correa
Vázquez, del IIEc, señaló que dicho proceso profundiza la crisis del momento y
dificulta la recuperación económica
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Las aperturas económicas y financieras, y los paraísos fiscales han
mermado la capacidad de fiscalización de los estados nacionales, dijo
· Alicia Girón, directora del IIEc inauguró el Seminario de Economía Política Fiscal y Política Financiera en el contexto de la desregulación económica en América Latina
La reducción del gasto público no
contribuye a estabilizar las economías de los estados nacionales. Por el
contrario, profundiza la crisis y hace mucho más difícil la recuperación
económica, aseveró María Eugenia Correa Vázquez, del Instituto de
Investigaciones Económicas (IIEc).
Ello, además, significa un trato desigual, pues
países desarrollados como Estados Unidos, que enfrenta ahora una crisis
financiera, hace crecer su gasto público y disminuye sus tasas de interés,
mientras en países como el nuestro “debemos disminuir más nuestro gasto público
y aumentar las tasas de interés”.
Apuntó que las aperturas económicas y
financieras, así como los paraísos fiscales han mermado la capacidad de fiscalización
de los estados nacionales. La estrategia que se ha pretendido seguir es la de
no gravar los capitales –pues éstos vuelan de un lado a otro–, en cambio se
fiscaliza el consumo.
Lamentablemente, el desequilibrio que ahora
enfrentamos en el mundo es el bajo nivel de consumo en casi toda América
Latina, incluido México. “La pobreza, por definición, es justamente el escaso
consumo”, señaló.
En el marco del Seminario de Economía Política
Fiscal y Política Financiera, en el contexto de la desregulación económica en
América Latina, la universitaria consideró que el gasto público en países
latinoamericanos se ve profunda y cotidianamente afectado por las reformas
económicas estructurales.
“Ahora, entes de entrar en crisis hay que
recortar el gasto público, justamente contracíclico a lo que están haciendo las
economías desarrolladas”, comentó.
Puntualizó que el gasto público no sólo tiene
un papel anticíclico, sino también la misión de elevar la inversión,
estabilizar las expectativas para la participación financiera privada, así como
incrementar el consumo de grandes sectores sociales. “Es decir, contribuir a la
producción de bienes indispensables para el consumo masivo colocando un muro de
contención para la pobreza, sosteniendo la capacidad adquisitiva de los
salarios”.
Asimismo, destacó que ningún Estado nacional
puede incrementar su base tributaria y su capacidad de fiscalización si primero
no gasta, sólo así es viable una reforma fiscal”.
Por último, precisó que no puede darse una
reacción estabilizadora del gasto público, si éste sólo está dirigido a dar
confianza a los inversionistas extranjeros.
Gabriela Ríos Granados, del Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ), cuestionó los fines del Estado, los cuales son
prestar los servicios elementales de seguridad pública y social, así como
educación pública; sin embargo, añadió, dicho gasto se destina a financiar
deuda pública.
Indicó que el Estado sólo otorga los mínimos
prestacionales. Por ello, dijo, en el ámbito de la seguridad pública, por ejemplo,
la gente prefiere contratar servicios privados.
En su exposición Relación Ejecutivo y
Legislativo en el ámbito tributario destacó que en la actualidad existe una
independencia del Legislativo frente al Ejecutivo. “Muestra de ello, es el
hecho de que esta semana el Senado no aprobó su gira por Estados Unidos y
Canadá”. Se trata, dijo, de una
cuestión de flexibilidad o rigidez de los principios de división de poderes.
Por otra parte, explicó que en el ámbito
tributario, el poder Ejecutivo tiene la facultad de imposición, es decir, de
recaudación y gestión de las contribuciones únicamente, acción que recae en la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, en la cual se establecen todas las competencias
de las secretarías de estado.
Asimismo, destacó que de 1998 a la fecha se han
emitido cerca de 50 resoluciones sobre miscelánea modificando las leyes. Ello,
dijo, muestra que “estamos en un estado de inseguridad jurídica, se está
rompiendo con el principio de no arbitrariedad y de certeza del derecho”.
No existe ninguna certeza del derecho en
nuestro sistema jurídico tributario, ni el principio de legalidad aunque está
contenido en la ley y lo ha señalado la corte; se carece de un sistema jurídico
que proteja al contribuyente.
Propuso que debe darse un nuevo concepto del
contribuyente, una relación jurídica tributaria, es decir, establecer una
relación de coordinación. “Ya no van a existir súbditos, sino ciudadanos que
deben cumplir con sus obligaciones y éstos tendrán una gama de derechos
subjetivos frente al Estado, como la exigencia de servicios públicos de
calidad”.
El seminario fue inaugurado por la directora
del IIEc, Alicia Girón, quien apuntó que el país lleva dos décadas inmerso en
los procesos de liberalización y desregulación, no sólo económica sino también
financiera, lo cual ha transformado los objetivos de las políticas fiscal y
monetaria.
Dichos procesos, tanto en México como en
Latinoamérica, han provocado la restricción del circulante monetario. Además,
agregó, la recaudación fiscal, cuestiona el actual modelo económico.
En el acto, realizado en la Unidad de
Seminarios Ignacio Chávez, Alicia Girón puntualizó la necesidad de replantar
los objetivos de una política fiscal coherente y de una política financiera,
que logren el crecimiento económico con una mejor distribución del ingreso,
concluyó.
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PIES DE FOTO
Foto 1
María Eugenia
Correa Vázquez, del Instituto de Investigaciones Económicas, consideró que la
reducción del gasto público no contribuye a
estabilizar las economías de los estados nacionales.
Foto 2
Gabriela Ríos
Granados, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuestionó los fines del
Estado, los cuales son prestar los servicios elementales de seguridad pública y
social, así como educación pública; sin embargo, añadió, dicho gasto se destina
a financiar deuda pública.