Boletín UNAM-DGCS-0242
Ciudad Universitaria
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La tradición de la secrecía prevalece en nuestro país: Sergio López Ayllón,
coordinador general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria del gobierno
de México
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Durante la 2ª Conferencia Internacional Nuestro
derecho a saber de las cosas públicas y el acceso a la información gubernamental
En México no podremos tener una democracia
completa si el derecho a la información no es una realidad, afirmó Sergio López
Ayllón, coordinador general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria del
Gobierno de México.
Durante la 2ª Conferencia Internacional Nuestro derecho a saber de las cosas
públicas y el acceso a la información gubernamental, que tuvo lugar en
la Facultad de Derecho, añadió que la tradición de la secrecía prevalece. Los
ciudadanos no tienen el acceso a la información pública que deberían. Por
desgracia, en esta materia tenemos una gran laguna en materia de legislación de
información.
En efecto, aunque los textos constitucionales
mexicanos han considerado siempre el principio de la libertad de expresión,
ésta tenía una concepción relativamente estrecha. No fue sino hasta 1978 cuando
se modifica el artículo 6º para incorporar el Derecho a la Información. Desde
entonces se genera un sinuoso, complejo, desgastante, inútil debate sobre el
significado de este derecho, con mucho sesgos, por los intereses que había detrás
de él. Se ve como una amenaza, una intervención del Estado a la libertad de
expresión.
En el Auditorio Eduardo García Máynez, precisó que la libertad de expresión no
se limita a las del emisor, sino que contempla también al receptor, lo cual
significa que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la que es pública,
Dicha concepción, sostuvo, “nos permite estar
en la víspera de la expedición por el Congreso de la Unión de una ley que
establezca de manera precisa este derecho para los ciudadanos”.
En la conformación de este proceso Legislativo,
cabe señalar que no es una ley que viene sólo del Ejecutivo, sino que es un
punto de convergencia entre diferentes movimientos sociales, organizaciones
académicas y medios de comunicación, entre otros.
Miguel Bernardo Treviño, columnista del
periódico Reforma, insistió en
que no será suficiente contar con una Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Gubernamental si ésta no constituye una herramienta con la que el
ciudadano pueda romper, de tajo y en todas y cada una de nuestras estructuras
públicas, con la cultura del sigilo que permea a los órganos del Estado.
“Debe establecer, como de hecho ya lo hacen las
diferentes iniciativas bajo discusión en el Congreso, procedimientos ágiles,
cuotas no onerosas, castigos ejemplares para quienes la incumplan, por
ejemplo”, señaló.
Además, manifestó, es indispensable que a todos
los mexicanos les quede claro que, por tratarse de un derecho humano
fundamental, nadie, ni siquiera el presidente de la República, está exento de
su cumplimiento.
Si la cultura de la secrecía continúa
firmemente arraigada hoy en día en nuestro país, al igual que su hermana
gemela, la corrupción a gran escala, es porque las reglas del juego que le
fueron útiles a los regímenes autoritarios que padecimos en el pasado no han
sido modificadas, y éstas siguen normando el actuar de buena parte de los
servidores públicos en México porque el derecho del ciudadano a la información
sigue siendo venerado en la Constitución (Artículo 6º) y pisoteado en la
práctica.
Kjell Swanstrom, de la Defensoría de los
Derechos del Parlamento de Suecia, precisó que, de acuerdo con las leyes de su
país, un documento es un objeto que contiene información de algún tipo, es
cualquier registro que se puede escuchar o ver: un correo electrónico, cinta de
video o fotografía, por mencionar algunos. Y es calificado de público si está a
cargo de la autoridad pública o si ha sido recibido o entregado al público.
La información de un documento público, añadió,
se califica como confidencial si así lo establece la Ley de Secrecía, la cual
lo contempla de esta forma si abarcan temas de política de intercambios
financieros, actividades de las autoridades involucradas con la inspección o
supervisión, evitar o perseguir actividades criminales, los intereses públicos,
la integridad personal, o la protección de las especies animales o la vida
vegetal.
Cualquier persona puede solicitar un documento
oficial, el cual se le debe proporcionar de inmediato, pero si en opinión de la
autoridad considera que es secreto, ésta debe proporcionar información acerca
de la disposición de la Ley de Secrecía que se basa para no hacerlo. Si es
parcialmente secreta, tiene que dar la información que sí puede dar. Toda
información. tiene un periodo de secrecía, puede ir de cinco a 70 años.
Mitchell W. Pearlman, director ejecutivo y
abogado general de la Comisión de Acceso a la Información de Connecticut,
Estados Unidos, manifestó que el término libertad de expresión es incorrecto.
Se debe de hablar de derecho, pues esa es su naturaleza.
Postuló, además, que algunos principios básicos
que debe contemplar cualquier legislación en la materia tendría que ser: que
sus fundamentos deben ser considerados como primordiales, que cubra todo tipo
de gobierno (federal, regional y local), y debe combatir la falsa información.
Ana María Salazar, especialista en seguridad
nacional, destacó que si un país considera como una amenaza a la seguridad
nacional la contaminación del agua o la tala de los árboles, por ejemplo,
significa que dicho Estado ha fracasado, porque no ha cumplido con sus
objetivos esenciales, entre los que se encuentran proveer a sus ciudadanos de
lo necesario para satisfacer sus necesidades.
La también profesora del Instituto Tecnológico
Autónoma de México, resaltó, en ese sentido, cuatro parámetros para identificar
lo que es una amenaza a la seguridad nacional: que se produzca mucha violencia
en la población, que el costo de no atacarla, y si la única forma de encontrarle
solución es utilizar mecanismos excepcionales, tales como la violación del
derecho.
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Kjell Swanstrom, Jorge Isaías López, Sergio López Ayllón, Miguel Bernardo Treviño, en la 2ª Conferencia Internacional Nuestro derecho a saber de las cosas públicas y el acceso a la información gubernamental, realizada en la Facultad de Derecho de la UNAM