Boletín UNAM-DGCS-0161
Ciudad
Universitaria
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Marcela Astudillo, del
IIEc, destacó la necesidad de distribuir equitativamente la carga fiscal y
transparentar el gasto público
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Gabriela Ríos Granados,
del IIJ, puntualizó que no puede hablarse de una reforma fiscal sino de
modificaciones, porque antes se requiere de un proyecto de nación
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Participaron en la
videoconferencia Reforma fiscal 2002, impacto económico y legal
Antes de pensar en una reforma fiscal
debe resolverse el problema de la evasión de impuestos, mediante la
simplificación de las leyes y la administración fiscal, aseveró Marcela
Astudillo, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM,
Durante su participación en la videoconferencia
Reforma fiscal 2002, impacto económico y legal, la académica destacó la
necesidad de distribuir equitativamente la carga fiscal y transparentar el
gasto público para que los contribuyentes sepamos en qué se van a gastar
nuestras aportaciones a la Federación.
Primero cerremos los hoyos por donde
se está yendo ese dinero y después decidamos si hay necesidad de incrementar
impuestos, puntualizó.
Mientras existan sectores que pagan
menos que otros, difícilmente tendrán aliciente quienes sí tributan al Estado.
Debe pensarse en una estructura impositiva que permita gravar a quienes tienen
más, no hay otra opción, subrayó.
En el aula de videoconferencias de
la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), la economista
explicó que en nuestro país tenemos un sistema fiscal extremadamente
complicado. Desde 1924 se ha planteado la necesidad de hacer una reforma
fiscal, que si antes resultaba complicada, ahora lo es más.
La nueva reforma fiscal implica una
mayor carga administrativa para las empresas, pues quienes deben hacer
declaración trimestral, a partir de mayo lo harán mes con mes, y eso
significará mayores costos para las empresas.
Por otra parte, dijo, representa un
trato desigual para los contribuyentes. Por ejemplo, en el caso de aguinaldos,
éstos no se gravan si se trata de trabajadores al servicio del Estado, pero sí
los de empleados de empresas privadas.
Asimismo, agregó, para el
contribuyente cautivo la carga fiscal es alta, “porque también debe pagar los
impuestos de artículos suntuarios y el IVA. Sin embargo, para el gobierno los
recursos que recauda por esta vía no son suficientes".
Por su parte, la especialista del
Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Gabriela Ríos Granados indicó que
en el país la administración tributaria ha sido ineficiente, pues no se cuenta
con los datos sobre las aportaciones que los contribuyentes deben a Hacienda.
"Debemos empezar primero por una reforma administrativa que permita hacer
más eficiente la recaudación de impuestos; de un proyecto de nación y, sobre
todo, de congruencia para lograr un sistema racional.
Apuntó que no puede hablarse de una
reforma fiscal sino de modificaciones.
La persecución de las violaciones
fiscales puede utilizarse como delito político porque la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público tiene la facultad de querellarse y elegir a quiénes sí y a
quiénes no se va a perseguir.
Consideró que si se busca que la
recaudación de impuestos sea equitativa, será necesario cobrar más a quienes
tienen más, "debe hacerse un tipo de tasa progresiva y no
proporcional".
Instituir un impuesto generalizado
sería regresivo, lo que se debe hacer es implantar un impuesto al consumo con
tasa cero, porque la mayoría de la población mexicana no tiene capacidad de
pago, concluyó.
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