Boletín UNAM-DGCS-0126
Ciudad Universitaria
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PADECEN OQUEDAD INSTITUCIONAL MUCHOS SISTEMAS: DIEGO VALADÉS
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Inició el VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional
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Participan más de 200 personalidades de América Latina y Europa
· Urgente modificar la legislación de protección al consumidor: Elvia Arcelia Quintana
Los constitucionalistas no podemos
conformarnos con una doctrina floreciente y una normativa veraz, ni podemos
encerrarnos a celebrar triunfos y preludiar nuevos hitos, sin advertir la
oquedad institucional que padecen muchos de nuestros sistemas, afirmó el director
del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, Diego Valadés.
“Una de las mayores equivocaciones que se han
cometido es confundir el dinamismo constitucional -adecuado a las transformaciones
sociales-, con reformas expeditivas que han convertido a numerosas normas
supremas en meras leyes ordinarias”, agregó.
Al encabezar la ceremonia de inauguración del
VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional organizado por el IIJ
y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, el jurista dijo que
las constituciones han sido reformadas o sustituidas y sus enunciados reflejan
considerables avances; pero el registro social no necesariamente corresponde
a los postulados normativos.
En el Colegio de Ingenieros Civiles de México
aseguró que uno de los problemas constitucionales más serios de nuestro tiempo
es que la sociedad ejerce plenamente la función electoral pero no tanto la
facultad constituyente. La sociedad es tan libre de elegir a sus mandatarios,
como éstos lo son para definir sus propias atribuciones.
Hoy podemos decir, recalcó, que la constitución
adopta las reglas de la creación estética: perfila los equilibrios, define
las proporciones y acentúa las armonías. Las constituciones democráticas ofrecen
arquetipo, aluden a ideales, construyen figuras de justicia y erigen la arquitectura
del estado de derecho.
El director del IIJ opinó que una carta magna
“no es obra del azar ni del voluntarismo, es el resultado de un ejercicio
responsable de la libertad “.
Por ejemplo, la carta magna mexicana, aunque sigue
siendo la de 1917, ha recibido realizado 151 decretos de reforma que han modificado
gran parte de sus enunciados originales. Se puede decir que el texto inicial
utilizó 22 mil 39 palabras, mientras que la actual incluye 45 mil 177.
Por otro lado, señaló que los embates contra el
Estado y contra el concepto de soberanía son comunes en todas las latitudes,
como lo son, en contraste, la fuerza expansiva de los derechos fundamentales
y de sus garantías, y de las instituciones judiciales y democráticas.
Por ello, aseguró, el Estado y la soberanía se
sostendrán en tanto que los ordenamientos constitucionales incorporen y desarrollen
al máximo esos derechos fundamentales y esas instituciones democráticas.
Por su parte, Carlos Restrepo Piedrahita, vicepresidente
del comité organizador del congreso, señaló que los juristas deben proseguir
en la tarea colectiva de continuar pensando y repensando sin tregua para contribuir
a tener una Iberoamérica libre, solidaria democrática y justiciera.
Al inaugurar el congreso Héctor Fix-Zamudio, presidente
del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) e investigador
emérito de la UNAM, comentó que en
ese organismo se ha constituido una fraternidad de juristas, con el
propósito común de perfeccionar nuestras normas fundamentales y lograr
una mejor convivencia para nuestros países, hermanados en la misma tradición,
la misma historia y cultura.
Al fundar el IIDC en 1974 inició la construcción
de una doctrina constitucional iberoamericana que ha sentado las bases para
las reformas constitucionales en la región y también ha influido de manera
decidida para que esas propuestas
se reflejen en los textos fundamentales, agregó.
Al abordar el tema de la protección
del consumidor, la abogada general de la UNAM, Arcelia Quintana Adriano, advirtió
la urgencia de realizarle adecuaciones jurídicas a la actual Ley Federal de
Protección al Consumidor que le permitan estar acorde a las exigencias actuales
del comercio.
Necesitamos, apuntó, contar con una
ley más justa, ágil y eficaz, que cumpla no sólo con los compromisos internacionales
sino con la obligación de brindar protección interna al consumidor.
Por ello, se debe crear e impulsar una cultura
de consumo en donde el propio consumidor se convierta en un instrumento vigilante
del Estado que coadyuve con su propia protección.
Explicó que la protección al consumidor es una
garantía social constitucional inmersa en la tercera generación de derechos
fundamentales y corresponde a los estados velar porque se cumpla.
En el evento participan más de 200 especialistas
del derecho, politólogos, sociólogos y abogados de América Latina y Europa.
Durante el congreso, que culminará el viernes
15, se analizan temas como educación, ciencia y cultura, justicia constitucional,
relación gobierno-congreso, democracia interna, financiamiento de precampaña,
federalismo y regionalismo, entre otros.
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