Boletín UNAM-DGCS-0121
Ciudad
Universitaria
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AFECTADAS MILES DE MUJERES POR LA PRÁCTICA CLANDESTINA DEL ABORTO; PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA
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Debe legalizarse, coincidieron investigadores de la UNAM de derecho,
filosofía y medicina
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Nacen con malformaciones o deficiencias 9 por ciento de los niños
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Margarita Valdés Villarreal, del IIF, Leticia Bonifaz Alfonzo, de la FD,
y Leandro Loya Moniet, de la FM, trataron el tema en conferencia de prensa
El aborto es un grave problema de salud
pública, cuya principal dificultad es la clandestinidad en que, personas sin la
preparación adecuada y sin escrúpulos
lo practican, lo que ocasiona que entre 14 mil y 16 mil mujeres al año acudan a
las instituciones del sector salud para recibir atención por alguna
complicación, aseguraron académicos de la UNAM, quienes se pronunciaron por su
legalización.
Precisaron que en una nación democrática es
fundamental la tolerancia y el respeto a esta decisión particular de las
mujeres, porque nadie está a favor de promover el aborto como algo bueno, sino
como resultado de alguna situación difícil. Por ello, consideraron
indispensable legalizarlo o despenalizarlo, previa revisión de las leyes y
análisis a profundidad.
El coordinador del Departamento de Ginecología
de la Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, Leandro Loya Moniet, afirmó que el
aborto no es un crimen, en sí, sin embargo, precisó, es criminal quien lo practica sin tener ninguna preparación y en
condiciones inadecuadas, con lo que pone en riesgo la vida de la mujer.
Consideró que este problema es de salud, por lo
que se debe dejar a cargo del sector del ramo para tratar de resolverlo, por lo
tanto debe ser sancionado por el Código Sanitario y no por el Penal, dijo. De
esta manera, no se trata de condenar a la mujer, sino a quienes practican este
acto clandestino, añadió.
Para el país, argumentó, también es un problema
de pobreza, tanto económica como de información y conocimientos, pues a diario
llegan a los hospitales mujeres complicadas a consecuencia de los abortos, ya
sea por perforaciones uterinas o problemas en la matriz, entre muchos otros.
El funcionario universitario explicó la
definición clínica del aborto, el cual es la resolución del embarazo antes de
que el producto tenga vida o sea viable, es decir, antes de llegar a las 20
semanas o de que el producto pese 500 gramos.
Cuando el embarazo tiene más de 20 semanas o un
peso superior a los 500 gramos, dijo, se le llama parto prematuro con un
producto inmaduro, por lo que ya se requiere del certificado de defunción.
Desde principios del siglo XX, comentó, el tema
del aborto ha motivado discusión en todas las áreas involucradas al representar
un problema de salud pública y legal con las implicaciones morales y
filosóficas que ello conlleva. Hay diversas modalidades de aborto, pero el que
está en controversia es el voluntario.
Dio a conocer que el costo de un aborto autorizado
en un hospital particular es de 25 mil pesos en promedio; además indicó que una
persona puede saber las condiciones en que se encuentra el producto mediante el
examen de amiosentesis, cuyo valor es de mil 500 pesos, siempre y cuando el
feto tenga más de 14 semanas de gestación.
De acuerdo con cifras oficiales, dijo, hay una
incidencia elevada de nacimientos con síndrome de Down o malformaciones
cardiacas. De éstas últimas, el 17% son incompatibles con la vida. Además,
nacen con algún problema genético o malformación congénita el 9% de los
infantes.
La catedrática de la Facultad de Derecho (FD),
Leticia Bonifaz Alfonzo, puntualizó que aunque cada entidad federativa fija sus
propias reglas, con la Ley Robles se dio un importante avance, porque el
Distrito Federal estaba rezagado en este tema. A pesar de que falta mucho,
dijo, se trató de una gran decisión política el agregar algunos elementos que
dan validez al aborto voluntario sin despenalizarlo.
Manifestó su preocupación por la continuación
de la práctica del aborto con o sin la autorización del derecho, por lo que
destacó la necesidad de incrementar la educación sexual y la información pública
disponible; indicó que el fallo de constitucionalidad de la Ley Robles por
parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estuvo a la altura de
lo que el país requiere y apegada técnicamente a derecho.
Prueba de ello, señaló, es que los argumentos
de la ministra Olga Sánchez Cordero –también académica de la FD– fueron
estrictamente jurídicos y no morales.
Bonifaz Alfonzo apuntó que la discusión y
conclusión de la Corte se basa en que el derecho protege la vida, pero el valor
de la vida no es absoluto, tanto que en la propia Constitución existen
posibilidades de imponer pena de muerte en algunos casos.
Subrayó que también se debe tener claro el
papel que juega el Estado en su función de protector de la vida, en la
dimensión social y no la vida en sí misma. Hizo hincapié en la importancia de
que ahora sea el Ministerio Público, avalado por dos médicos, el que permita el
aborto cuando se presente alguna de las causales mencionadas en la ley como la
violación, la inseminación artificial no deseada, o cuando el producto tenga
problemas genéticos o malformaciones congénitas.
La doctora en derecho recalcó que a pesar de la
Ley Robles, continuarán los abortos con o sin autorización, porque apenas se
trata de un pequeño avance y, en cambio, hay muchos requisitos y subjetividades
que propician el desconocimiento de la eficacia de esta reforma.
Por su parte, la académica del Instituto de
Investigaciones Filosóficas (IIF), Margarita Valdés Villarreal, informó que de
acuerdo a diversos estudios al año se practica un promedio de 500 mil abortos.
Según las cifras más conservadoras, de 200 mil a 250 mil, en el mismo periodo,
y de acuerdo con las progresistas hasta un millón. Por esta causa, anualmente
se suman entre ocho mil y 16 mil muertes por esta causa.
Las mujeres más afectadas por este acto
prohibido y clandestino, destacó, son las más pobres, ignorantes, marginadas y
en condiciones más desventajosas. Es en este sector donde se reporta el mayor
número de fallecimientos y de afectaciones a la salud al resultar dañado el aparato reproductor.
La investigadora abundó que el aborto no es algo que deba promoverse, pero las
mujeres que interrumpen el embarazo lo hacen al considerarlo un mal menor ante
el prospecto de tener un hijo no deseado. Este hecho, añadió, presenta
múltiples condiciones filosóficas, éticas y morales.
Desde un punto de vista filosófico, planteó, se
aduce que el producto es ser humano desde la concepción. Pero, otros conceptos
dicen que antes de que el producto tenga el sistema nervioso conformado de
manera adecuada no se puede hablar de la existencia de una persona. A ello se
suma, estableció, que la mujer tiene derecho a planear sus proyectos de vida.
Incluso en la religión, anotó la especialista,
en siglos pasados hubo pronunciamientos sobre el aborto diferentes a los que
actualmente sostienen. El pensamiento actual surgió en el siglo XVIII y a
principios del XIX, y tiene como finalidad, afirmó la investigadora, busca
asegurar el dominio de las mujeres.
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PIES DE FOTO
FOTO 1
Margarita Valdés, Leandro Loya y
Leticia Bonifaz, investigadores de la UNAM, se pronunciaron en favor de la
despenalización del aborto, al señalar que es un grave problema de salud
pública
FOTO 2
Leticia Bonifaz, académica de la
Facultad de Derecho de la UNAM, comentó que con o sin autorización continuarán
los abortos porque aún con la Ley Robles hay muchos requisitos que cubrir y
subjetividades que sortear
FOTO 3
El aborto no es un crimen, pero es
criminal quien lo practica sin tener la preparación y las condiciones
adecuadas, aseguró Leandro Loya, coordinador del Departamento de Ginecología de
la Facultad de Medicina de la UNAM
FOTO 4
Nadie está a favor del aborto como
algo bueno que promover, sino como solución a una difícil situación, sostuvo
Margarita Valdés, académica del Instituto de Investigaciones Filosóficas