REDUCIR SUBSIDIOS A TARIFAS ELÉCTRICAS AFECTA DERECHOS DE LOS MEXICANOS

· El jurista Diego Valadés dijo que en materia de derechos fundamentales estamos desmontando algunos de los que aparecen en nuestra Carta Magna

· Miguel Carbonell aseguró que México enfrenta una situación grave, ya que pese al cambio de régimen político no han modificado las reglas constitucionales

· Personalidades de gran prestigio participarán en el VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, a celebrarse del 12 al 15 de febrero

Con la reducción de los subsidios a las tarifas eléctricas, que se puede ver como un aumento en las cuotas, el gobierno federal afectará los derechos fundamentales de los mexicanos, aseguró Diego Valadés Ríos, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Al hacer la presentación del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, dijo que en nuestro país el problema en materia de derechos fundamentales es que “estamos desmontando algunos de los que aparecen en nuestra Carta Magna”, por lo que vamos “a contrapelo de las tendencias contemporáneas del constitucionalismo, y no hemos incorporado nuevos derechos que están apareciendo en otros sistemas constitucionales en el mundo”.

En conferencia de prensa, ofrecida en la Sala “Guillermo Floris Margadant” del IIJ, el jurista universitario explicó que habrá quienes se amparen contra esta medida para no pagar los aumentos, aunque, aclaró, “no estoy sugiriendo que se impugnen las tarifas que se aplicarán en el futuro”.

Por el contrario, Valadés Ríos consideró importante que el aumento al servicio eléctrico no repercuta en quienes están en condiciones de estrechez económica, o a quienes habitan en lugares del país donde el consumo de energía es importante en algunas épocas del año, como ocurre en el norte de la república durante el verano.

Esta es una cuestión que se presenta de manera intempestiva a la sociedad sin que haya mediado una fase de acuerdos, de conciliación de posiciones y análisis de capacidad de pago de la sociedad; llega cuando se anuncia un crecimiento negativo de la economía mexicana y un aumento en la tasa de desempleo.

Consideró que en los últimos años los servicios públicos en nuestro país están siendo transferidos, de manera paulatina, al sector privado, aunque mantienen su carácter de público.

Cuando estos servicios son ofrecidos por instituciones públicas, la sociedad tiene medios de defensa legal, como el amparo, porque los actos de autoridad son impugnables por esta vía, pero cuando se transfieren a particulares y siguen afectando los intereses y derechos de la sociedad, ésta ya no cuenta con instrumentos para recurrir en contra de tales deficiencias.

Por su parte, Miguel Carbonell y Sánchez, investigador del mismo instituto, aseguró que nuestro país se encuentra ante una situación grave, ya que pese al cambio de la naturaleza del régimen político no han cambiado las reglas constitucionales.

“Tenemos una constitución que estaba pensada para un régimen de partido hegemónico en donde el presidente tenía mayoría en las cámaras y un partido que articulaba sus decisiones. Hoy esas condiciones ya no existen, por lo que debemos cambiar las reglas constitucionales para evitar una parálisis”, aseveró.

Además, también se debe repensar el sistema de administración de justicia nacional, ya que si bien la Suprema Corte de Justicia desempeña un papel cada vez más importante, en ocasiones no nos damos cuenta cómo argumenta, quiénes la integran y cómo razonan sus decisiones. “Antes esto no era importante, pero hoy que se van a tomar decisiones como el lugar donde se construirá el nuevo aeropuerto sí cobra relevancia”.

Respecto a la posibilidad de contar con una Ley de Acceso a la Información Pública, dijo que ésta evitaría las filtraciones, “esta especie de guerra de guerrillas que desde hace varios años ocurre en nuestro país”.

Añadió que es muy peligroso que se lleven a cabo litigios en los medios, porque dañan cualquier democracia, y más una tan frágil como la mexicana. Es legítimo y debido que en cualquier estado de derecho se deslinden responsabilidades, pero ante las instituciones que correspondan, y no ante los medios.

En tanto, Cecilia Mora, investigadora del IIJ, consideró que el VII Congreso Iberoamericano “es el reflejo más claro y genuino de lo que la sociedad mexicana está demandando de la Universidad: una institución analítica y crítica, pero al mismo tiempo propositiva y constructiva, que nos ayude a todos a orientar el rumbo del México del futuro”.

El VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, a celebrarse del 12 al 15 de febrero en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, contará con la participación de más 200 juristas, sociólogos, economistas y politólogos de 24 países de América, Asia y Europa.

Por México, participarán, entre otros, Luis de la Barreda, Manuel Bartlett, Porfirio Muñoz Ledo, Sergio García Ramírez, Miguel de la Madrid Hurtado, Emilio O. Rabasa, Pedro Ojeda Paullada, José Woldenberg, Jorge Carpizo, Héctor Fix-Zamudio, Marcos Kaplan, Emilio Chuayffet Chemor, Manuel Camacho Solís y Demetrio Sodi.

Además, asistirán los ex presidentes de Argentina, Raúl Alfonsín; Perú, Valentín Paniagua; y Ecuador, Rodrigo Borja, así como los ex presidentes de las cortes de justicia de Guatemala, Costa Rica y Nicaragua.

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La disminución de los subsidios a las tarifas eléctricas afectará los derechos fundamentales de los mexicanos, aseguró el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadés Ríos, al anunciar el VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional

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Académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al anunciar el VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que se realizará del 12 al 15 de febrero en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de México