06:00 hrs. Septiembre 15 de 2001


Boletín UNAM-DGCS-903

 

 

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PENAS SUSTITUTIVAS, OPCIÓN PARA COMBATIR LA SOBREPOBLACIÓN EN LAS CÁRCELES

 

 

 

Urge la implementación de sustitutivos en las sanciones penales a fin de mermar el sobre poblamiento de los centros penitenciarios, sin embargo, la falta de programas adecuados ha impedido que se practiquen en México aseveró Enrique Díaz Aranda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ).

 

El investigador universitario destacó que este tipo de recursos aplican sólo en casos en que sea la primera vez que el sujeto incurre en alguna falta, ya que de tratarse de algún reincidente se aplicaría la privación de la libertad, para intentar regenerarlo socialmente.

 

Explicó Enrique Díaz que en el caso de los sustitutivos penales el juez debe analizar cada situación de tal manera que la medida que se adopte signifique un auténtico castigo por la falta cometida.

 

Destacó el hecho de que los centros penitenciarios no están saturados por sentenciados sino por prisión preventiva, y es que el 61 por ciento de los internos en los reclusorios son probables responsables a los cuales aún no se les ha dictado sentencia.

 

Se trata de cuestionar, comentó, la conveniencia de llevar a la prisión a una persona que haya delinquido, porque la realidad demuestra que las cárceles están sobrepobladas, lo cual deriva en problemas adicionales.

 

La pena  privativa tiene como fin la resocialización del individuo a través de la educación y el trabajo, esto es, que la persona pueda estar sujeto a un programa que influya en el individuo al grado de que pueda reintegrarse a la vida en sociedad.

 

Sin  embargo, esto no se cumple por la falta de programas reales, incluso por el mal funcionamiento de los talleres al interior de los centros penitenciarios, agregó.

 

Es por ello, indicó Enrique Díaz, que la idea de un derecho penal tiene que ser cada vez más limitado, toda vez que si el fin es rehabilitar, se deben de buscar las vías o mecanismos a través de los cuales sí se pueda llevar a cabo la regeneración del individuo.

 

El mayor problema está en los delitos leves, porque, si bien es cierto que la conducta del sujeto fue grave, también lo es que al sancionarlo a través de la reclusión, se lleva a un lugar donde se puede correr el riesgo de que ocurra una auténtica disocialización, “entonces se habla de un derecho penal de tres vías que incluiría pena privativa de libertad, medidas de seguridad y sustitutivos como son las multas, semilibertad o los trabajos comunitarios”, acotó.

 

Asimismo, el investigador universitario detalló que una persona que comete un delito imprudente, culposo, es muy probable que no necesite ser resocializada y la privación de su libertad, lejos de intentar su nueva inserción dentro de la sociedad, lo que hará será arrancarlo de su entorno en donde está perfectamente adaptado y que por un accidente se vio involucrado en un delito.

 

De ahí, la necesidad de buscar la manera de que se sustituya la pena privativa de la libertad por otro tipo de sanciones que  puedan ser, incluso, más efectivas para prevenir la comisión de delitos.

 

Otra alternativa que no es aplicada ni prevista en la legislación mexicana, pero que se establecen en otros países con buenos resultados, es la privación de ciertos privilegios, además de la multa, como es el caso del retiro del permiso de conducir por determinado tiempo cuando se trate de algún accidente automovilístico.

 

En el caso del trabajo comunitario, destacó, la legislación mexicana si los contempla pero no se llevan a cabo a consecuencia de la inadecuada aplicación de los programas contemplados.

 

Se requiere de programas que contemplen cómo canalizar a las personas y a dónde, pero también debe tomarse en cuenta los derechos del ciudadano y los derechos humanos, porque en México tenemos una falsa percepción de lo que son las garantías fundamentales al grado de que se piensa que éstas implican proteger de todo a los delincuentes, y no es así, concluyó el investigador.

 

 

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La carencia de programas impide la aplicación de penas sustitutivas que combatan el hacinamiento en las cárceles, señaló el investigador universitario Enrique Díaz Aranda.

 

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Enrique Díaz Aranda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se pronunció por la urgencia de aplicar sustitutivos en las sanciones penales.