Boletín UNAM-DGCS-870
EN MÉXICO NO HABRÁ ESTADO DE DERECHO, EN TANTO LAS NORMAS NO SEAN UNA PRÁCTICA SOCIAL
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Jaqueline
Peschard Marsical, consejera electoral del Instituto Federal Electoral, dijo
que la aplicación de la ley no debe tener excepciones
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Participó
junto con Germán Pérez Fernández del Castillo y Héctor Díaz Santana en la mesa
redonda Derecho y Política
Mientas las normas jurídicas no se
actualicen como prácticas sociales y no cristalicen en las vías de acción de
los individuos y de la colectividad, en México difícilmente se podrá hablar de
la existencia de un Estado de Derecho, afirmó Jaqueline Peschard Marsical,
consejera electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
En el marco del 50 Aniversario de la
Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, señaló que quienes tienen la encomienda de
elaborar y aplicar la ley deben velar por su cumplimiento sin excepción. “Si
los obligados a aplicarla lo hacen de manera regular y permanente se generará
un contexto de práctica y certeza de la conveniencia del uso de la ley, para la
construcción de un orden democrático y pacífico, que permita el desarrollo de
todas las potencialidades de la sociedad mexicana”.
La también
catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de El Colegio de
México, explicó que el país enfrenta el reto de la construcción de un verdadero
Estado de Derecho, donde la convivencia social y política esté dada por el
cumplimiento de las normas y leyes, donde se asegure que se “vive en
Constitución y legalidad”.
Para que las normas
se conviertan en un referente de los ciudadanos y, particularmente de los gobernantes,
es necesario que la actuación de ambos esté regulada por el mismo tipo de
ordenamiento legal. Se requiere una cultura democrática, una cultura de la
legalidad, añadió.
En el Aula Jacinto
Pallares de la FD señaló la necesidad de construir un Estado de Derecho, no
sólo en términos del conjunto de instituciones y normas, sino de imágenes y
valores “internalizados” en individuos y gobernantes que lleven a la ley a ser
una efectiva práctica social.
Señaló, empero, que
eso no es fácil porque en México existe una tradición de relación ambigua con
la ley, como ocurrió en el sistema autoritario mexicano, donde se negociaba la
norma para cobijar legalmente las distintas acciones que emprendían los
gobernantes.
Las normas no se han
aplicado en nuestro país de manera constante, sino a partir de esa relación
ambigua; para los ciudadanos la ley debe emplearse a los demás, pero para él
mismo debe haber condescendencia.
Esta ambigüedad ante
la ley es un obstáculo muy claro para la construcción del Estado de Derecho y
para que éste se convierta en una realidad y práctica social establecida,
añadió la socióloga.
Existe una enorme
desconfianza ante la aplicación de la ley. Por ello es necesario cambiar esta
percepción en los ciudadanos y construir la convicción generalizada “de que lo
mejor que puede pasar es que se aplique la ley para todos por igual, para
gobernados y gobernantes, sin ningún tipo de excepción”.
Esto se logrará
cuando haya de parte de las élites políticas, legisladores y dirigentes de
partidos políticos, una enorme claridad sobre el respeto a la ley y cuando no
existan interpretaciones en contra de la misma. Un ejemplo de la conveniencia
de ajustar los principios de la legislación para unos y otros se encuentra en
el ámbito electoral, finalizó.
Por su parte, Germán
Pérez Fernández del Castillo, ex consejero magistrado del Instituto Federal
Electoral y director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (sede
México) apuntó que para el derecho, la norma jurídica adquiere validez por motivos
ajenos a la legitimidad social.
Por el contrario,
ésta última es para la ciencia política una condición de primera importancia en
la aplicación de la norma. “Este dilema, no resuelto entre el derecho y la
ciencia política, afecta en grado importante la gobernabilidad”.
Una norma es válida
si fue bien construida, si el proceso legislativo cumplió en tiempo y forma
todas sus etapas, si tiene el fundamento constitucional necesario, si fue
promulgada, publicada, etcétera, y no por su contenido ético, social o en
términos de justicia; mucho menos, por
la legitimidad social entendida como la aceptación de la misma por parte de la
mayoría de la población.
En Latinoamérica,
finalizó, el sobrepeso de la legitimidad social frente a la jurídica crea
fuertes problemas de gobernabilidad.
Ambas son imprescindibles para el buen ejercicio del poder: sin una
caemos en la arbitrariedad, sin la otra en el autoritarismo. Ese es el
equilibrio del poder contemporáneo.
Héctor Díaz Santana,
catedrático de Derecho de las universidades Anáhuac y de Guadalajara recalcó
que no puede concebirse la actividad política sin el Estado. “Democracia,
derecho y política constituyen los tres elementos del Estado moderno.
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Pies
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Si
las normas no son una práctica social, difícilmente en México no existirá el
Estado de Derecho, opinó en la UNAM Jaqueline Peschard Mariscal, consejera del
IFE.
Jaqueline
Peschard Mariscal, consejera del IFE, se pronunció en la UNAM por una cultura
de la legalidad para el óptimo desarrollo de las potencialidades del país.
La consejera del IFE, Jaqueline Peschard Mariscal,
durante su participación en la mesa redonda “Derecho y Política”, en la
Facultad de Derecho de la UNAM.