15:00 hrs. Septiembre 6 de 2001


Boletín UNAM-DGCS-870

 

 

EN MÉXICO NO HABRÁ ESTADO DE DERECHO, EN TANTO LAS NORMAS NO SEAN UNA PRÁCTICA SOCIAL

 

 

·        Jaqueline Peschard Marsical, consejera electoral del Instituto Federal Electoral, dijo que la aplicación de la ley no debe tener excepciones

·        Participó junto con Germán Pérez Fernández del Castillo y Héctor Díaz Santana en la mesa redonda Derecho y Política

 

 

Mientas las normas jurídicas no se actualicen como prácticas sociales y no cristalicen en las vías de acción de los individuos y de la colectividad, en México difícilmente se podrá hablar de la existencia de un Estado de Derecho, afirmó Jaqueline Peschard Marsical, consejera electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

 

En el marco del 50 Aniversario de la Facultad de Derecho (FD) de la UNAM, señaló que quienes tienen la encomienda de elaborar y aplicar la ley deben velar por su cumplimiento sin excepción. “Si los obligados a aplicarla lo hacen de manera regular y permanente se generará un contexto de práctica y certeza de la conveniencia del uso de la ley, para la construcción de un orden democrático y pacífico, que permita el desarrollo de todas las potencialidades de la sociedad mexicana”.

 

La también catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de El Colegio de México, explicó que el país enfrenta el reto de la construcción de un verdadero Estado de Derecho, donde la convivencia social y política esté dada por el cumplimiento de las normas y leyes, donde se asegure que se “vive en Constitución y legalidad”.

 

Para que las normas se conviertan en un referente de los ciudadanos y, particularmente de los gobernantes, es necesario que la actuación de ambos esté regulada por el mismo tipo de ordenamiento legal. Se requiere una cultura democrática, una cultura de la legalidad, añadió.

 

En el Aula Jacinto Pallares de la FD señaló la necesidad de construir un Estado de Derecho, no sólo en términos del conjunto de instituciones y normas, sino de imágenes y valores “internalizados” en individuos y gobernantes que lleven a la ley a ser una efectiva práctica social.

 

Señaló, empero, que eso no es fácil porque en México existe una tradición de relación ambigua con la ley, como ocurrió en el sistema autoritario mexicano, donde se negociaba la norma para cobijar legalmente las distintas acciones que emprendían los gobernantes.

 

Las normas no se han aplicado en nuestro país de manera constante, sino a partir de esa relación ambigua; para los ciudadanos la ley debe emplearse a los demás, pero para él mismo debe haber condescendencia.

 

Esta ambigüedad ante la ley es un obstáculo muy claro para la construcción del Estado de Derecho y para que éste se convierta en una realidad y práctica social establecida, añadió la socióloga.

 

Existe una enorme desconfianza ante la aplicación de la ley. Por ello es necesario cambiar esta percepción en los ciudadanos y construir la convicción generalizada “de que lo mejor que puede pasar es que se aplique la ley para todos por igual, para gobernados y gobernantes, sin ningún tipo de excepción”.

 

Esto se logrará cuando haya de parte de las élites políticas, legisladores y dirigentes de partidos políticos, una enorme claridad sobre el respeto a la ley y cuando no existan interpretaciones en contra de la misma. Un ejemplo de la conveniencia de ajustar los principios de la legislación para unos y otros se encuentra en el ámbito electoral, finalizó.

 

Por su parte, Germán Pérez Fernández del Castillo, ex consejero magistrado del Instituto Federal Electoral y director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (sede México) apuntó que para el derecho, la norma jurídica adquiere validez por motivos ajenos a la legitimidad social.

 

Por el contrario, ésta última es para la ciencia política una condición de primera importancia en la aplicación de la norma. “Este dilema, no resuelto entre el derecho y la ciencia política, afecta en grado importante la gobernabilidad”.

 

Una norma es válida si fue bien construida, si el proceso legislativo cumplió en tiempo y forma todas sus etapas, si tiene el fundamento constitucional necesario, si fue promulgada, publicada, etcétera, y no por su contenido ético, social o en términos de justicia;  mucho menos, por la legitimidad social entendida como la aceptación de la misma por parte de la mayoría de la población.

 

En Latinoamérica, finalizó, el sobrepeso de la legitimidad social frente a la jurídica crea fuertes problemas de gobernabilidad.  Ambas son imprescindibles para el buen ejercicio del poder: sin una caemos en la arbitrariedad, sin la otra en el autoritarismo. Ese es el equilibrio del poder contemporáneo.

 

Héctor Díaz Santana, catedrático de Derecho de las universidades Anáhuac y de Guadalajara recalcó que no puede concebirse la actividad política sin el Estado. “Democracia, derecho y política constituyen los tres elementos del Estado moderno.

 

El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales puntualizó que la relación entre derecho y democracia, se tiene que dar bajo las premisas de la legitimidad, la legalidad, la soberanía y  la Constitución. En un Estado no es suficiente con tener leyes sino que los individuos vivan en ellas, concluyó.

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Pies de foto

 

 

Si las normas no son una práctica social, difícilmente en México no existirá el Estado de Derecho, opinó en la UNAM Jaqueline Peschard Mariscal, consejera del IFE.

 

 

Jaqueline Peschard Mariscal, consejera del IFE, se pronunció en la UNAM por una cultura de la legalidad para el óptimo desarrollo de las potencialidades del país.

 

 

La consejera del IFE, Jaqueline Peschard Mariscal, durante su participación en la mesa redonda “Derecho y Política”, en la Facultad de Derecho de la UNAM.