Boletín UNAM-DGCS-828
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SIDA, UN PROBLEMA SOCIAL MÁS QUE
MÉDICO: FERNANDO CANO VALLE
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Asegura el investigador del IIJ que los portadores del VIH y enfermos de
ese síndrome son estigmatizados y afectados en sus derechos
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El sector salud, el que más esfuerzos ha realizado para informar a la
sociedad en materia de prevención, indicó
El
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), así como la condición de los
portadores del VIH que lo produce, se ha convertido en un problema más social
que de atención médica, afirmó Fernando Cano Valle, académico del Instituto de
Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
La persona con SIDA o
portadora del VIH, explicó, es estigmatizada por la sociedad y afectada en su
vida cotidiana y su situación laboral, ya que algunas son despedidas a causa de
su estado de salud o no son contratados.
El investigador
universitario indicó que en la actualidad el SIDA afecta con más frecuencia a
los heterosexuales y se extiende de las zonas urbanas a las rurales, lo cual
implica un grave riesgo por la falta de la infraestructura suficiente.
Añadió que se trata de
una epidemia no controlada, cuyo principal impacto es en personas de sexo
masculino con edades entre los 15 y los 44 años. México, precisó, ocupa el
tercer lugar en América en cuanto al número de pacientes con SIDA, por debajo
de Brasil y Estados Unidos.
Cano Valle aseguró que
para enfrentar con éxito esta enfermedad se requieren campañas de información a
la sociedad más intensas, en las cuales el sector educativo juega un papel
preponderante. En esta labor quien más esfuerzos ha llevado adelante es la
Secretaría de Salud, puntualizó.
En particular,
subrayó, es necesario poner énfasis en los menores que están a punto de cumplir
los quince años, para evitar que ingresen a los grupos de mayor riesgo de
contraer ese padecimiento.
Con respecto a la
discriminación de que son objeto los pacientes con SIDA y los portadores del
VIH, Cano Valle manifestó que es preciso que las organizaciones defensoras de
los derechos humanos en los ámbitos federal y estatales sumen sus esfuerzos con
las autoridades competentes para evitar ese fenómeno.
El académico consideró
que falta mucho por avanzar, particularmente en el papel desempeñado por las
instancias jurisdiccionales. En esos y otros casos, agregó, deben intervenir
las distintas autoridades legislativas para solicitar rendición de cuentas.
Fernando Cano Valle
expuso que en el futuro se requiere más responsabilidad de los individuos para
prevenir el contagio, así como la participación organizada y positiva de la
sociedad que exija al Estado el cumplimiento de sus obligaciones.
El sector
gubernamental, continuó, no debe dar a este problema una respuesta demagógica.
El poder público debe desarrollar una intensa labor para solicitar, a
organismos internacionales y a la iniciativa privada, los recursos necesarios
para la investigación de este grave problema de salud. Las empresas privadas,
por su parte, deben involucrarse en la lucha contra el SIDA, ya que es una enfermedad
que concierne a toda la comunidad y no distingue status.
Fernando Cano Valle es
coautor, junto con la también investigadora del IIJ, Marcia Muñoz de Alba, del
libro “Derechos de las personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida
SIDA-VIH”, publicado dentro de la colección “Nuestros Derechos”.
La idea de esta
edición, informó, es resaltar que los derechos de las personas afectadas por
ese padecimiento o portadoras del virus que lo causa están dentro de la
garantía social del derecho a la protección de la salud.
El libro busca romper
con las prácticas discriminatorias hacia ese sector de la sociedad y busca
que se garantice su apropiada atención
médica, así como en las instituciones encargadas de proteger sus derechos, concluyó.
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Más
que problema médico, los enfermos de Sida y los seropositivos, constituyen una
cuestión social, afirmó el justa de la UNAM, Fernando Cano Valle.
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Fernando
Cano Valle, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, apuntó que
El Sida es una epidemia no controlada que afecta más a hombres de entre 15 y 44
años de edad.
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Es
necesario que las organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto
federales como estatales, sumen esfuerzos con las autoridades competentes para
evitar la discriminación hacia los enfermos de Sida y los seropositivos,
consideró Fernando Cano Valle, del IIJ de la UNAM.