Boletín UNAM-DGCS-770
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CAMBIO DE USO DE SUELO Y CLANDESTINAJE, CAUSAS DE LA DEFORESTACIÓN
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Las pérdidas anuales, de entre 360 y 600 mil hectáreas de bosques y
selvas, aseguró Leticia Merino Pérez, investigadora del CRIM
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Los municipios forestales, los más pobres en el país, afirmó
El
cambio de uso de suelo y el clandestinaje generan el creciente problema de
deforestación que provocó pérdidas anuales de entre 360 mil y 600 mil hectáreas
de bosques y selvas, equivalentes al 1.5% de la superficie forestal, advirtió
la académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM)
de la UNAM, Leticia Merino Pérez.
Aunado
a ello, los municipios forestales se encuentran entre los de mayor pobreza en
el país -por lo general indígenas-, los cuales sufren diversos tipos de abuso
tanto por falta de capacitación para manejar mejor los bosques, como por
carecer de recursos suficientes.
A
pesar de que la deforestación es considerada un asunto de seguridad nacional,
la investigadora subrayó que no hay suficiente vigilancia de parte de las instancias del ramo. La
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sólo cuenta con 150
vigilantes para todo el país.
Son 15 entidades del territorio nacional con zonas boscosas:
Chihuahua, Durango, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas, Jalisco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Puebla y
México. Pero la mayor parte de la extensión forestal se concentra en los cinco
primeros que cubren el 70% de la superficie forestal. Los demás son bosques
pequeños.
La catedrática informó
que también hay 400 comunidades en buenas condiciones que representan el 10% de
la superficie forestal, es decir, un millón de hectáreas, con distintos niveles
de desarrollo porque la riqueza del recurso es variable.
En México, explicó, el
problema de la pérdida de bosques y selvas es muy fuerte desde hace años. Pero,
a partir de la intensa temporada de incendios de 1998 hay un despertar de la
opinión pública respecto a este problema.
Sin restar el grave
problema que ocasiona la tala clandestina, rechazó que sea la principal fuente
de deforestación como señala la Profepa. Si el año pasado el volumen de
aprovechamiento fue de 9 millones de metros cúbicos, la propia Profepa estima
que al menos otra cantidad similar –cifra conservadora– se extrae mediante la
tala ilegal.
Pese a ello, la
principal causa de deforestación es el cambio de uso de suelo, es decir, la
quema de bosques para dedicarlos a la agricultura o la ganadería, lo que
históricamente origina los mayores niveles de tala.
El cambio de uso de
suelo, abundó, es resultado de la falta de rentabilidad del bosque porque los
campesinos no pueden vivir de productos forestales o de vender madera. Por
ello, lo queman y siembra pastos o cultivos. Hasta hace algunos años era de
milpa para subsistencia.
La especialista en el
manejo de los recursos naturales, particularmente en deforestación, subrayó que
es posible aprovechar el bosque y talar madera de manera sostenida: cortar una
cantidad pequeña de árboles y permitir que vuelvan a crecer, lo que contribuye
a su incremento.
En México hay cientos
de comunidades que manejan el bosque y lo aprovecha en forma regular. El 10% de
la superficie forestal se encuentra en estas circunstancias y está certificada
bajo estándares internacionales por el Consejo Mundial de Manejo Forestal.
En el sureste
mexicano, informó, se practica todavía la agricultura de rasa, tumba y quema:
se quema un pedazo de selva, una hectárea cuando mucho y durante uno o dos años
se establece el cultivo de milpa. Luego se abandona la tierra y se recupera en
12 ó 14 años. En este caso, aunque aparezca como deforestación es vegetación
que se vuelve a rescatar y a desmontar.
En los bosques donde
hay orden, destacó, se invierte en estudios, protección, manejo técnico y
construcción de caminos, lo que permite que se registre el menor número de
incendios. En 1998, cuando se reportaron más conflagraciones, se presentó el
menor nivel de pérdidas de superficie forestal, porque hay gente organizada
para combatir el siniestro, con equipo y capacitación adecuados.
La antropóloga apuntó
que cuando hay un incendio la comunidad no tiene ningún interés en cuidar o apagar
el siniestro, por carecer de incentivos. La clave es bienestar para todos: la
participación organizada de las comunidades en el manejo, control y
restauración del bosque.
En
cuanto al clandestinaje, como hay pocos recursos, no son grandes bandas las que
realizan el robo de madera. Al mismo tiempo, existe extracción de madera
regulada y con criterios de sustentabilidad, pues no todo lo que es tala acaba
el bosque.
Como consecuencia de
los desalojos de los propietarios de las superficies forestales, con
reconocimiento legal, indicó, se crean situaciones de rencor social e
ingobernabilidad. Ejemplificó con el caso de la reserva de Monarca, donde al
perder sus derechos la gente se dedicó a cortar los árboles en forma intensiva.
La situación más crítica se registra en Guerrero, Puebla, estado de México y
Michoacán.
Leticia Merino
advirtió que la falta de legislación forestal genera un grave problema de
demanda de materia prima, lo que propicia producción y venta de madera
clandestina, pues hay regiones donde empresas tienen dos o tres veces más
capacidad instalada que los permisos autorizados.
Aun cuando con
frecuencia el intermediario obtiene mayores recursos que el productor, hay
distintos niveles de participación de las comunidades en las cadenas
productivas. Puso como ejemplo las de San Juan Nuevo (Michoacán), Ixtlán,
(Oaxaca) y El Diamante y Pueblo Nuevo (Durango), las que tienen aserraderos,
elaboran muebles y los venden, es decir, son productos con valor agregado,
planteó.
Sin embargo, anotó, la
mayoría de las comunidades no tiene desarrollo y vende la madera en pie, o sea,
el árbol. En estos casos el que se beneficia más y abusa de los productores es
el maderero.
En otras comunidades
con mayor avance se corta la madera y se vende el rollo o tronco. Aquí, los
pobladores controlan el proceso productivo y evitan que haya destrozo y abuso
en el bosque. Pero, los más beneficiados son los industriales.
Un problema
fundamental que propicia la deforestación es la falta de voluntad política y de
recursos. A pesar de los programas establecidos, manifestó la necesidad de una
estrategia macroeconómica de apoyo a los productores mexicanos, porque la
apertura comercial indiscriminada y la política monetaria los colocan en
condiciones desventajosas ante Estados Unidos, Sudamérica, Asia y Europa.
México, resaltó, tiene
que competir con productos más baratos y sin ningún tipo de subsidios. Tan sólo
el costo de construcción y mantenimiento de caminos representa 60% de los de
producción forestales, de la madera. Mientras, en Estados Unidos, Canadá,
Suecia, Alemania y Finlandia -países productores forestales donde se conserva y
se vive del bosque-, están a cargo del Estado.
Otro problema
considerado por la investigadora es el hecho de que en México los municipios
forestales son de los más pobres del país y en su mayoría pertenecen a indígenas.
En estas regiones el manejo forestal en general tiene mayor impacto porque el
tratamiento a la madera es más fino y, por ende, de más alto costo.
Desde que en esta
administración se planteó que la deforestación es asunto de seguridad nacional,
advirtió, la PFP trabaja con la Profepa en la vigilancia de las zonas
forestales, aunque no en todas se justifica esta medida. Esto, propicia abusos
tanto de esta corporación policiaca como de la judicial, ambas sin preparación
forestal.
En realidad, finalizó,
lo que se necesita es incrementar el personal de Profepa, porque en estados tan
grandes como Guerrero había sólo nueve inspectores. No se requiere que estén
armados sino capacitados. Antes de la militarización se requiere fortalecer las
instituciones y aumentar la participación ciudadana.
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FOTO 1
Leticia Merino Pérez, especialista en el
manejo de los recursos naturales del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM,
dijo que el cambio de uso de suelo y el clandestinaje son las
principales causas de la deforestación
FOTO 2
La deforestación provocó pérdidas anuales
de entre 360 mil y 600 mil hectáreas de bosques y selvas, informó la académica
del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM,
Leticia Merino Pérez