Boletín UNAM-DGCS-758
MÉXICO, PAÍS SOBERANO EN MATERIA DE ELECTRICIDAD: LETICIA CAMPOS ARAGÓN
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Genera electricidad en cantidades que superan
el consumo de sus 23 millones de usuarios, afirmó la especialista del Instituto
de Investigaciones Económicas de la UNAM
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No obstante esta situación el sector
eléctrico mexicano se enfrena al peligro de corte de carga causada por tres
años de rezago en inversiones en capacidad instalada
México es un
país soberano en materia de electricidad pues los recursos naturales que
utiliza para generarla (carbón, diesel, combustóleo, gas natural, uranio, agua,
vapor endógeno y aire) los obtiene de su propio territorio afirmó Leticia
Campos Aragón, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.
Luego de
señalar que dicha producción la hace fundamentalmente con 169 centrales
eléctricas propiedad de la nación, la especialista en temas energéticos recordó
que en 1999 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro
(LyFC) generaron 180 mil 917 Gigawats hora, de los cuales se consumieron 145
mil.
En este consumo
interno la importación apenas representó el 0.45 por ciento y los principales
consumidores de esa electricidad fueron el sector industrial con el 59.1 por
ciento, seguido del residencial con 22.9, el comercial con 7 y el agropecuario
con 5.5 por ciento.
No obstante
esta situación, agregó Campos Aragón, desde hace algunos años se impulsa una
nueva forma de organización de esta industria estratégica para orientarla al
mercado mundial, abandonado para ello la política de fortalecimiento de este
sector el cual respondió durante varias décadas con calidad y bajos precios a
las necesidades de energía eléctrica de los mexicanos.
Reveló que
desde 1995 el Estado mexicano dejó de invertir en el sector eléctrico para
atraer inversión extranjera, sobre todo de aquellas que provienen de empresas
monopólicas privadas que operan a escala global, las cuales exigen la
modificación de los artículos 27 y 28 constitucionales para realizar las
inversiones esperadas por el gobierno mexicano.
Para la también
coordinadora del proyecto La industria eléctrica
mexicana frente al cambio mundial. El caso del modelo británico 1990-2000,
esta política de abandono lo que explica es que hoy las empresas eléctricas
propiedad de la nación (CFE y LyFC) carezcan de margen físico y económico para
participar en la integración energética continental.
Baste señalar,
aclaró Campos Aragón, que en 1999 el margen de reserva operativa fue de
sólo 2.5 por ciento, en 2000 bajó a 1
por ciento y se presume que en 2001 dicha cifra sea aún menor, lo que
inevitablemente pone en peligro de corte de carga (apagones) regionales en una
escala nunca antes vista en la historia de la industria eléctrica mexicana.
¿Por qué crear
esta escasez? Se preguntó la investigadora universitaria y respondió: Al no
satisfacer este servicio público de interés general con las características
deseadas, se nos pretende convencer que el Estado es ineficiente para brindar
ese servicio y a su vez se crean las condiciones para hacer apología de la
forma en que el capital privado podría prestar esta función.
En realidad, dijo, se trata de
una estrategia respaldada por la teoría del equilibrio general. “Es una teoría
inútil y sin coherencia teórica ni práctica, porque excluye toda
institucionalidad en la nueva forma de organización de las industrias de suministro
eléctrico”.
Leticia Campos
Aragón aclaró que un aspecto fundamental de la teoría del equilibrio general es
que una vez creada esa escasez se originan las condicione para que los
vendedores de electricidad, sin la participación de las instituciones, sean
libres en la búsqueda de sus ganancias y tengan igualdad de oportunidades al
pretender maximizarlas.
Entonces al
tratarse de un bien escaso, los consumidores están obligados a elegir sin que
nada asegure la eficiencia y el bajo precio en la prestación del servicio
eléctrico, indicó la directora de la revista latinoamericana de economía Problemas del desarrollo que edita el
IIEc.
En ese contexto, agregó enfática la investigadora, se olvida que en las
industrias de suministro eléctrico en cualquier parte del mundo debe haber un
responsable de asegurar el equilibrio permanente entre oferta y demanda,
programando y realizando oportunamente las inversiones en infraestructura que
aseguren en todo momento la respuesta oportuna al crecimiento de la demanda y
ese responsable debe ser el Estado.
Resulta absurdo
afirmar que al no venderse los activos de la CFE y LyFC no hay peligro de
privatización. La política de abandono de la infraestructura eléctrica del país
y dejar toda la responsabilidad de inversión al capital privado, así como
orillar a los grandes consumidores a contratar el servicio de electricidad con
las empresas privadas que están instalándose en el país, llevará a la larga a
dicha privatización con todos los riesgos que ello traerá para nuestro mercado
interno, concluyó
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