Boletín UNAM-DGCS-731
Pies de foto al final del boletín
“CON LUPA” DEBE REVISARSE LA LEGISLACIÓN EN
MATERIA DE FINANCIAMIENTO: FRANCISCO DE ANDREA
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Grupos políticos forman nuevos partidos sólo
para participar de financiamientos económicos, aseguró el integrante del
Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM
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Hacer más difícil el registro de partidos
que no sean representativos, pidió el también Consejero Electoral del IFE
El Consejero Electoral Francisco De Andrea Sánchez aseguró que es
momento de “echar un vistazo con lupa” a la legislación mexicana en materia de
financiamiento público, porque grupos políticos están en la antesala y en
proceso de formar nuevos partidos con el único propósito de ser partícipes de
este apoyo económico.
El también investigador del Instituto de Investigaciones
Jurídicas (IIJ) de la UNAM planteó la posibilidad de hacer más difícil el
registro de los partidos políticos que no sean verdaderamente representativos
de una corriente importante en México.
El Consejero Electoral del IFE advirtió que uno de los temas más
importantes de la agenda legislativa deberá ser el análisis del sistema de
financiamiento de la actividad política. Es, incluso, más trascendental que el
estudio de la norma electoral y de la regulación en medios, porque finalmente
está íntimamente vinculada a la capacidad de financiamiento que tienen las
instituciones políticas.
El sistema de financiamiento, dijo De Andrea, es el eje de
toda práctica político electoral. En la actualidad, a diferencia de los años
cuarenta y cincuenta, la política y las elecciones se llevan a cabo a través de
los medios masivos, de campañas electorales profesionales, de la realización de
encuestas, sondeos y estudios especializados, que requieren de dinero.
El sistema de financiamiento de un país es la base para determinar la
fortaleza de la organización de los partidos. Si el dinero se entrega al
partido como tal, conserva la fortaleza el sistema de partido; pero si es
concedido a un comité de acción política o a una entidad distinta, pero que
está más vinculada al candidato, éste adquiere mayor independencia, indicó el
investigador universitario.
Desde el punto de vista institucional, los objetivos fundamentales del
financiamiento público, deben fomentar las campañas electorales, sostener
organizaciones interelectorales y viables, porque no se trata de respaldar
solamente a los institutos políticos en tiempos electorales, también en épocas
que no hay elecciones. “Los partidos tienen que seguir activos para estar en contacto
con sus simpatizantes y desarrollar plataformas”.
Para
hacer política se necesitan recursos económicos, toda vez que es menester
realizar campañas, así como promocionar plataformas y candidatos a través de
los medios masivos de comunicación; necesitan formar cuadros de expertos en
distintas áreas del derecho público y de la ciencia política, que le permitan
contar con asesores y consejeros de partido, institucionales y para los propios
candidatos.
En México, recordó Francisco De Andrea, se creó este sistema
de financiamiento público en 1987. Tiene como función fundamental apoyar el
crecimiento democrático de los partidos políticos minoritarios, a fin de que
éstos accedan no solamente a puestos de elección popular en ambas cámaras, sino
que puedan divulgar de mejor manera sus plataformas electorales.
Desde el punto de vista moral y ético, el financiamiento público
elimina el problema que siempre existe de la limpieza general en el proceso
político, frena la escalada de gastos de los propios partidos políticos y
reduce la competencia desleal o injusta que se da cuando en un sistema político
un partido tiene fondos de tipo privado y otros carecen de financiamiento,
concluyó De Andrea.
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FOTO 1
Francisco de Andrea Sánchez, Consejero Electoral y
miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que la
legislación mexicana en materia de financiamiento público debe revisarse “con
lupa”
FOTO 2
El registro de los partidos políticos que no sean
verdaderamente representativos debe hacerse más difícil, porque los fondos que
utilizan provienen del erario público, indicó el Consejero Electoral y miembro
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Francisco de Andrea
Sánchez