6:00 hrs. Julio 28 de 2001


Boletín UNAM-DGCS-731

 

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“CON LUPA” DEBE REVISARSE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO: FRANCISCO DE ANDREA

 

·        Grupos políticos forman nuevos partidos sólo para participar de financiamientos económicos, aseguró el integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM

·        Hacer más difícil el registro de partidos que no sean representativos, pidió el también Consejero Electoral del IFE

 

El Consejero Electoral Francisco De Andrea Sánchez aseguró que es momento de “echar un vistazo con lupa” a la legislación mexicana en materia de financiamiento público, porque grupos políticos están en la antesala y en proceso de formar nuevos partidos con el único propósito de ser partícipes de este apoyo económico.

 

El también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM planteó la posibilidad de hacer más difícil el registro de los partidos políticos que no sean verdaderamente representativos de una corriente importante en México.

 

El Consejero Electoral del IFE advirtió que uno de los temas más importantes de la agenda legislativa deberá ser el análisis del sistema de financiamiento de la actividad política. Es, incluso, más trascendental que el estudio de la norma electoral y de la regulación en medios, porque finalmente está íntimamente vinculada a la capacidad de financiamiento que tienen las instituciones políticas.

 

El sistema de financiamiento, dijo De Andrea, es el eje de toda práctica político electoral. En la actualidad, a diferencia de los años cuarenta y cincuenta, la política y las elecciones se llevan a cabo a través de los medios masivos, de campañas electorales profesionales, de la realización de encuestas, sondeos y estudios especializados, que requieren de dinero.

El sistema de financiamiento de un país es la base para determinar la fortaleza de la organización de los partidos. Si el dinero se entrega al partido como tal, conserva la fortaleza el sistema de partido; pero si es concedido a un comité de acción política o a una entidad distinta, pero que está más vinculada al candidato, éste adquiere mayor independencia, indicó el investigador universitario.

 

Desde el punto de vista institucional, los objetivos fundamentales del financiamiento público, deben fomentar las campañas electorales, sostener organizaciones interelectorales y viables, porque no se trata de respaldar solamente a los institutos políticos en tiempos electorales, también en épocas que no hay elecciones. “Los partidos tienen que seguir activos para estar en contacto con sus simpatizantes y desarrollar plataformas”.

 

Para hacer política se necesitan recursos económicos, toda vez que es menester realizar campañas, así como promocionar plataformas y candidatos a través de los medios masivos de comunicación; necesitan formar cuadros de expertos en distintas áreas del derecho público y de la ciencia política, que le permitan contar con asesores y consejeros de partido, institucionales y para los propios candidatos.

 

En México, recordó Francisco De Andrea, se creó este sistema de financiamiento público en 1987. Tiene como función fundamental apoyar el crecimiento democrático de los partidos políticos minoritarios, a fin de que éstos accedan no solamente a puestos de elección popular en ambas cámaras, sino que puedan divulgar de mejor manera sus plataformas electorales.

 

Desde el punto de vista moral y ético, el financiamiento público elimina el problema que siempre existe de la limpieza general en el proceso político, frena la escalada de gastos de los propios partidos políticos y reduce la competencia desleal o injusta que se da cuando en un sistema político un partido tiene fondos de tipo privado y otros carecen de financiamiento, concluyó De Andrea.

 

 

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Francisco de Andrea Sánchez, Consejero Electoral y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que la legislación mexicana en materia de financiamiento público debe revisarse “con lupa”

 

 

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El registro de los partidos políticos que no sean verdaderamente representativos debe hacerse más difícil, porque los fondos que utilizan provienen del erario público, indicó el Consejero Electoral y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Francisco de Andrea Sánchez