14:00 hrs. Julio 20 de 2001


Boletín UNAM-DGCS-707bis

 

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Pies de foto al final del boletín

 

TENDENCIA A UNIVERSALIZAR LOS DERECHOS HUMANOS

 

·        Juan José Gómez Camacho, director general de derechos humanos de la SER, consideró que no deben aceptarse reservas a los tratados internacionales

·        Participó el funcionario federal en el ciclo de conferencias sobre transición democrática y protección a los derechos humanos que organiza la CNDH en la Facultad de Derecho

 

La tendencia hacia la universalización de los derechos humanos y su protección supone una práctica internacional de conformidad con la cual no se deberían aceptar reservas a los tratados internacionales sobre la materia, aún cuando éstas se funden en el derecho positivo interno de cada país, afirmó Juan José Gómez Camacho, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

 

Al participar en el ciclo de conferencias y mesas redondas “Transición democrática y protección de los derechos humanos” que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en coordinación con la Facultad de Derecho de la UNAM, Gómez Camacho explicó que un concepto universalista de los derechos de las personas trasciende la voluntad de cualquier Estado.

 

En referencia a las reservas que México ha establecido al signar instrumentos internacionales sobre derechos humanos basadas en el artículo 33 constitucional, el funcionario señaló que mientras exista ese precepto en la ley fundamental mexicana debe existir congruencia con su contenido.

 

Nos guste o no, indicó, mientras esa disposición forme parte de la Constitución será necesario ser consecuentes al respecto y manifestar las reservas procedentes al momento de suscribir acuerdos internacionales.

 

Acompañado por el director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, Federico Anaya Gallardo, Juan José Gómez Camacho habló sobre las expulsiones de religiosos extranjeros durante la pasada administración las cuales, aseguró, tuvieron irregularidades que no deben reiterarse en nuestro país.

 

El actual gobierno, continuó, ha modificado la política en la materia con el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la aceptación de las recomendaciones de la Comisión Interamericana en la materia.

 

En virtud de lo anterior se ha procedido a revisar los casos que motivaron la intervención de este último organismo para darles una solución satisfactoria. Algunos obstáculos legales podrían impedir la respuesta al tenor de las recomendaciones recibidas, aclaró; sin embargo será necesario resolver con creatividad para alcanzar el mismo objetivo.

 

En este sentido, Federico Anaya Gallardo comentó que gracias a la nueva orientación de la política exterior mexicana en materia de derechos humanos, ya han regresado al país algunos de los religiosos irregularmente expulsados del país por el anterior gobierno federal.

 

Con respecto al artículo 33 constitucional que faculta al titular del Poder Ejecutivo a obligar a los extranjeros a abandonar el territorio nacional sin necesidad de juicio previo, Anaya Gallardo expuso que durante los debates del constituyente de 1917 surgieron diversas críticas a la redacción de ese precepto por los abusos que podían cometerse al aplicarlo.

 

La intención de los constituyentes en ese entonces, dijo, era proteger al Estado mexicano contra intervenciones que pudieran amenazar la seguridad nacional.

 

Ese principio, sostuvo, existe en diversos ordenamientos jurídicos internacionales cuya formulación es más clara y precisa que el texto de la ley fundamental. En consecuencia, puntualizó, las reservas a los tratados internacionales que pudieran fundamentarse en el artículo 33 constitucional resultan innecesarias ya que esos mismos instrumentos reconocen como principio general el derecho de todo país para expulsar de su territorio a los extranjeros que pudieran constituir una amenaza contra su seguridad o el orden público.

 

En la actualidad, concluyó, la política mexicana sobre derechos humanos es más congruente pues al reconocer la competencia de órganos jurisdiccionales internacionales y aceptar las recomendaciones de la Comisión Interamericana en la materia se facilita la protección de los connacionales en el extranjero.

 

 

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Federico Anaya Gallardo dialoga con el secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Olguín Uribe, durante la mesa redonda sobre reservas a los tratados internacionales, en la Facultad de Derecho de la UNAM.

 

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Federico Anaya Gallardo, director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, al participar en el ciclo de conferencias y mesas redondas que organiza la CNDH en la Facultad de Derecho de la UNAM.

 

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Juan José Gómez Camacho, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al participar en la mesa redonda sobre reservas a los tratados internacionales organizada por la CNDH en la UNAM.